Los Andes

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Una crítica a la política petrolera del gobierno provincial por parte del ex-candidato a gobernador por el radicalismo.

En la reunión mantenida el lunes 03 de agosto entre el Sr. Gobernador y varios intendentes se anunció la decisión de intervenir Obras Sanitarias por parte del Poder Ejecutivo provincial y se planteó la posibilidad de anticipar la prórroga a las concesiones petroleras que vencen en 2017.

A su vez el martes 11 de agosto, el diario Los Andes da cuenta de que “para el caso de que la gestión del salvataje nacional no fructifique, el gobierno de Celso Jaque evalúa un plan B de alternativas exclusivamente locales: una de ellas es la de extender anticipadamente por diez años las concesiones a las empresas petroleras (básicamente Repsol) a cambio del adelantamiento de una cifra superior a los 2.000 millones de pesos desde las empresas”.

Estos dos eventos, si bien parecen no tener conexión entre sí, muestran claramente un modelo de toma de decisiones gubernamentales que, como mínimo, podríamos considerar temerario. Y lamentablemente, más allá de la forma, hay una matriz común: la privatización del servicio de agua y cloacas de 1998 se justificó desde el Poder Ejecutivo como la vía para dar un corte a situaciones de déficit estructural, endeudamiento y financiar nuevas obras. Nuevamente, se plantea como “solución” a esos mismos problemas el anticipo en 8 años de la prórroga de las concesiones.

Esta situación de debilidad de las cuentas públicas no puede sorprender a nadie. La política fiscal del Poder Ejecutivo tiene ese destino desde la asunción del actual gobierno, tal como lo anunciáramos en marzo de 2008.

Las definiciones estratégicas por parte del Estado, difícilmente puedan alcanzar el consenso cuando el análisis y el proceso se dan con un manejo absolutamente asimétrico de la información por parte del Ejecutivo como ha ocurrido en el caso de la intervención a Obras Sanitarias y como, tememos, se pretenderá con la prórroga.

Hace casi un año, en octubre de 2008, un medio local refería la intención del Ejecutivo provincial de analizar la prórroga de las concesiones petroleras de las áreas centrales hasta 2027 .

En once meses no hubo discusión pública que sea de nuestro conocimiento. En ese sentido, ante la trascendencia de la decisión, es probable que, a la par de sugerir soluciones erradas como en 1998, el justicialismo carezca de un plan de acción en materia de concesiones pudiendo tentarse a repetir el pasado, como cuando privatizó precisamente Obras Sanitarias, teniendo como único objetivo la obtención del mayor precio posible y no la calidad del servicio, el cumplimiento real del cronograma de inversiones, etc.

Las concesiones

El Gobernador de nuestra provincia, al igual que los gobernadores de Chubut y de Neuquén, piensa que es necesario anticipar las prórrogas de las concesiones porque las empresas disminuyen su nivel de inversión y su actividad exploratoria a medida que se acerca la fecha de finalización de sus derechos.

Dicha apreciación puede reflejar acertadamente un modelo de comportamiento empresario pero descreemos que la estrategia para el juego que se plantea frente a los concesionarios sea el seguido por las provincias patagónicas.

¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué y cómo negociar?

La provincia de Chubut llevó a cabo el proceso más importante de las tres renegociaciones habidas en el país, sin un marco de debate público sobre las condiciones requeridas a los concesionarios y generó una crisis política que derivó en la judicialización de las decisiones.

El interés de los concesionarios debe ser contrapuesto con la definición previa -y pública- de lo que la sociedad mendocina espera del desarrollo de la actividad, interés que no puede reducirse a la discusión de unos puntos más o menos de regalías.

Por ello, la negociación anticipada de los contratos petroleros se vincula necesariamente con los condicionamientos que se establezcan en el momento de extender las concesiones y lógicamente, ello no puede quedar supeditado a la voluntad de las empresas ni a una negociación cerrada.

Vemos necesario definir una serie no excluyente de temas:

* No hay un inventario de los pasivos ambientales y su estado probable desde la actualidad hasta la finalización de las concesiones y su probable evolución en los años de prórroga. Sólo con esta información será posible definir los recursos que permitirán gestionar la minimización del impacto ambiental, los que necesariamente deben ser aportados por el beneficiario de la concesión.

* El establecimiento de un marco sancionatorio ante el eventual incumplimiento en las inversiones en exploración, desarrollo y recuperación secundaria, donde los concesionarios podrían estar sujetos a una mayor tasa de regalías como castigo.

* Mendoza cuenta con la segunda refinería del país, con su correspondiente red de transporte. Sin embargo, en nuestra provincia el precio de los combustibles es mayor que en el resto de las jurisdicciones. Corregir esta distorsión (en un escenario de producción integrada) debe ser prioritario en la negociación con los interesados.

* Adicionalmente, deberá contemplarse la ampliación de la capacidad de refinación de la provincia y el destino de la refinería con posterioridad al agotamiento de las reservas.

* Es necesario establecer un programa de desarrollo de proveedores, avalado por la legislación y que establezca un efectivo sistema de “compre mendocino”.

* La definición del porcentaje de regalías a exigir, su modo de liquidación y un estricto sistema de control de los niveles de producción y calidades del crudo, la determinación de la tasa de descuento que se utilizará al momento de evaluar el valor de las concesiones.

* Consecuentemente con el punto anterior, estimamos necesario no incluir en la negociación anticipo alguno de regalías, dado que la actual debilidad fiscal (y política) del Poder Ejecutivo, no permite negociar desde una posición conveniente a los intereses provinciales, por lo que estimamos conveniente que la negociación avance -en el plano fiscal- sobre el incremento del porcentaje de regalías a liquidar y en el plano de la economía real sobre los compromisos de inversión y aspectos ambientales indicados anteriormente.

Los puntos expuestos requieren -a diferencia de los casos vividos en otras provincias- su enunciación explícita en una Ley Marco, que establezca los límites en los cuales deberán administrar el proceso los responsables de llevar adelante las negociaciones con las concesionarias.

El equipo negociador contará en dicho marco legal con un claro mandato y una agenda, a fin de evitar cuestionamientos legales y políticos como aquellos a los que se vieron sometidos los procesos de Chubut, Santa Cruz y Neuquén y será la única manera de evitar que la legislatura se vea en la necesidad de tratar negociaciones que han estado fuera de la discusión pública.

Por último, este comité negociador deberá integrarse con los más altos niveles de decisión política a los que debería sumarse un staff técnico surgido por concurso que cuente con los mejores profesionales de las áreas técnica, económica y jurídica.

La metodología sugerida puede ser calificada como burocrática, pero es el único reaseguro con que cuenta nuestra provincia para evitar repetir la triste experiencia de los ’90, en una mala transacción sobre recursos no renovables bajo la presión de la situación fiscal presente.

César Biffi – Ex-intendente de Godoy Cruz

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