En los últimos años el agua fue instalándose como problemática en la agenda pública, sobre todo de la mano de las asambleas y organizaciones socioambientales que, principalmente ante el avance de la mega-minería, marcaron el ritmo de las luchas para preservar este bien. El agua vale más que el oro o el agua es vida son  afirmaciones retomadas y reformuladas en todas las batallas por un ambiente sano y una vida digna: en las críticas al agronegocio -altamente dependiente del uso de químicos: fertilizantes, pesticidas, defoliantes-, en la oposición al avance de la frontera petrolera, en la defensa de la salud de las cuencas hídricas… El tema se enraizó incluso en pobladores urbanos, en sectores donde la máxima parecía ser: “el agua sale de la canilla y es ilimitada”.

Entre el 55% y 78% de nuestro cuerpo es agua, por lo que podríamos decir que básicamente somos agua. La misma es básica para la vida, tanto en el sentido estricto del funcionamiento de nuestro organismo como en otro más amplio, vinculado a la producción de alimentos, al desarrollo industrial, entre otros. Pero ese pilar de nuestra existencia no es infinito y ha sufrido un acelerado proceso de degradación, incluso ya casi resulta un lugar común decir que en el futuro (tal vez no tan lejano) las guerras serán por el control de las fuentes agua potable.

Acceder al agua en cantidad y calidad no tiene que ver sólo con satisfacer una necesidad biológica sino con una cuestión de dignidad. Bolivia fue el primer país que avanzó en ese sentido e incluyó el acceso al agua entre los derechos humanos, recientemente Naciones Unidas siguió esa línea. El argumento es sencillo: el agua es la base irreemplazable de toda forma de vida sobre la Tierra, y por eso el acceso a ella debe ser formalmente reconocido como un derecho humano, es decir, como un derecho universal, indivisible e inviolable.

En este marco hemos decidido centrar nuestra atención en la estrecha relación entre el agua y la industria hidrocarburífera. Una relación, por cierto, no amigable.

Uno de los hechos que aceleró la formación del OPSur, en 2008, fue la licitación de áreas hidrocarburíferas en la provincia de Río Negro, particularmente el área Ñirihuau. La posible contaminación de la cuenca del Lago Nahuel Huapi estuvo entre nuestras primeras preocupaciones; una preocupación fundada en lo visto, oído y documentado en la vecina Neuquén. Cuando profundizamos en el caso nos dimos cuenta de que no sólo era el lago el que podía ser afectado, sino también el curso superior del río Chubut y pequeñas cuencas cerradas -endorreicas- de la meseta y la estepa. Esto nos llevó a doblar esfuerzos.

Mencionamos antes, al pasar, los antecedentes neuquinos. Uno de los más graves es la contaminación del agua en el yacimiento Loma de La Lata, donde Repsol-YPF es la principal operadora. Allí la confirmación más cruda de la degradación ambiental se reflejó en la salud de los integrantes de las comunidades mapuce Kaxipayñ y Paynemil: sus cuerpos se transformaron en depósitos de metales pesados.

Los pozos secos y las aguadas salinizadas en la comunidad mapuche Logko Puran, cerca de Cutral Có, luego de que la empresa Pioneer Natural Resources (hoy Apache) realizara tareas de exploración, constituyen otro antecedente. Y la lista puede ser más extensa si retomamos las constantes denuncias de contaminación de agua en el noreste de Santa Cruz: Las Heras, Koluel Kaike, Caleta Olivia, Pico Truncado; o en el Parque Nacional Calilegua, en Jujuy; o en General Mosconi, Salta, donde de la Unión de Trabajadores Desocupados reveló que cuando el agua escasea la prioridad la tienen las empresas, para no interrumpir sus operaciones, a costa de la sed de la población.

Estos antecedentes no son de hace 80, 50 ni siquiera 20 años, sino sumamente recientes. La noción del progreso tecnológico, el control estatal y la responsabilidad ambiental de las empresas como garantías, se desvanecen ante los acontecimientos cotidianos. Y esa evidencia parece no detener el avance de la frontera hidrocarburífera sobre la laguna Llancanelo, en Mendoza; el Acuífero Zapalino, en Neuquén; o sobre el mismísimo Acuífero Guaraní; en el flanco noreste del país. La necesidad de inyectar hidrocarburos en el mercado y regalías a las lánguidas economías regionales, abren un nuevo panorama: la posibilidad de que la frontera se siga extendiendo y llegue a regiones donde no hay antecedentes de esta actividad, donde existen otras vocaciones productivas y formas de relacionarse con el entorno. Y vemos a Entre Ríos, Chaco, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Santiago del Estero… sumándose a la carrera por extraer crudo o gas de las entrañas de sus territorios.

Todas estas nos parecieron razones suficientes para publicar el boletín que está en tus manos, para que el agua esté más que nunca en el eje de la discusión, un eje que nunca debería haber perdido.

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