El viernes salió promulgada la Ley Nº 7658 que “crea el Programa de Regularización Dominial y Asistencia para Pequeños Productores Agropecuarios y Familias Rurales”, y cuyo espíritu es el de suspender los desalojos de campesinos durante un año y medio, hasta tanto se haga un relevamiento de los grupos, las tierras que ocupan, regularizando así el dominio de las superficies.

Se calcula que en la provincia, según el matutino Página 12, hay unas 8 mil familias de pequeños productores rurales en situación de vulnerabilidad con relación a la tenencia de la tierra, cercanos a ser desalojados.

Entre el relevamiento realizado por los campesinos respecto de las causas, se indica que hay al menos cuatro familias que fueron denunciadas por Gianfranco Macri en el norte provincial, luego de que el empresario comprara unas 15 mil hectáreas en el departamento Rivadavia. Según se indicó en ese informe, “aún cuando la superficie reclamada por los puesteros no excede el 10 % de los inmuebles los cuales tienen una superficie de aprox. 15.000 hectáreas no pudimos lograr aún un acuerdo”.

Por otra parte, y en casos en los cuales organizaciones campesinas informaron al grupo que representan las acciones necesarias a seguir para poder regularizar la situación de tenencia de las tierras, se mostraron molestias por parte de quienes buscan desalojar a los campesinos.

De hecho, en la transcripción de los argumentos volcados en una de las causas por quienes apuntaban a querer desalojar a familias de campesinos, se sostiene que hubo un cambio entre 2003 y 2004 que “se debió fundamentalmente a la aparición de algunas ONG. que con la excusa de asesorar a los ocupantes de las distintas propiedades en la zona de la Ruta Nacional Nº 81 incitaron a muchos de ellos que hasta ese momento habían mantenido una relación amigable y duradera en el tiempo con los propietarios de las fincas, a iniciar inscripción de planos para prescribir, a hostilizar a los encargados, a sus representantes en el normal desarrollo de sus actividades, y a realizar aperturas de picadas, deslindes y pretender alambrar determinados perímetros que tienen por única finalidad pre constituir prueba de su inexistente posesión”.

También refleja el informe las distintas estrategias de engaños que se pusieron en práctica para que los campesinos firmen denuncias que al final servían de pruebas a quienes dicen ser propietarios de las tierras, para presentarlas en las demandas de desalojo ante la Justicia. Es por ello que incluso recordaron que “muchas veces las familias campesinas perdieron sus derechos a las tierras solo por desconocimiento de los mismos y la viveza de muchos”.

Mientras, la Ley deberá ser reglamentada en los próximos 90 días. El titular de la Asociación de Pequeños Productores del Chaco Salteño (APCCHS), Alfredo Riera, sostuvo que se empezarán a organizar y esperan ser convocados por el Gobierno para poder participar en la reglamentación de esta normativa. (Fuente: Nuevo Diario de Salta)

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LA LEY TIENE COMO OBJETIVO RECONOCER LA IDENTIDAD CAMPESINA

En la ley que fue sancionada por la Legislatura el 7 de diciembre pasado, se sostiene como primer objetivo el de “reconocer y proteger la identidad cultural de los pequeños productores agropecuarios y familias que habitan en zonas rurales de la provincia de Salta”.

Este fue uno de los principios que empezaron a sostener los campesinos en su forma de vida y de su relación con la tierra. Entre otros objetivos, justamente, también se dispone la necesidad de “evitar desalojos de pequeños productores y familias rurales de las tierras en las que habitan a base de documentos firmados con ardid o engaño”.

En tanto, al crear el Programa de Regularización también se indica la necesidad de dar beneficios a los campesinos para su desarrollo productivo, agro industrial y económico, de capacitación, asistencia legal y administrativa, y asesoramiento en la recuperación del dominio de las tierras, al momento de regularizar la posesión sobre las mismas.

El hecho es que en más de un caso, los pocos recursos que pueden obtener las familias por la pequeña producción realizada, debe ser volcado en los juicios que se iniciaron para quitarles sus tierras.

En el mejor de los casos, si pudieron sortear la situación judicial y quedarse con las tierras, debieron pagar cerca de 20 mil pesos.

“Se quedan con las tierras, pero sin más recursos”, indicaron referentes campesinos.

Según se sostiene en la Ley, la inscripción en el ºPrograma de Regularización Dominial y Asistencia para pequeños productores agropecuarios y familias rurales otorga a los beneficiarios la posibilidad de obtener financiamiento, acceder a créditos, programas y planes especiales para realizar mejoras en sus viviendas y en sus sistemas de producción agropecuaria. Habilitación administrativa de los establecimientos agrícola – ganaderos u otros de diversa naturaleza productiva. Ser incorporados a los sistemas de consorcios de riego. Solicitar autorizaciones para desmontar de acuerdo a la normativa vigente en la materia.

También se apuntó en la Ley a la necesidad de reconocer la posesión de la tierra por familias que conforman un poblado. El caso testigo de una empresa que es dueña de las tierras donde se asienta un pueblo es Los Toldos. (Fuente: Nuevo Diario de Salta)

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