El fallo establece que, para trabajar en ese lugar, la empresa debe contar con permiso de la comunidad mapuche. Un antecedente para las comunidades en conflicto de todo el país.

Por Darío Aranda.- En las comunidades indígenas y entre los abogados especializados en derecho indígena se escucha desde hace tiempo una afirmación, mezcla de hipótesis y deseo, pero también con sustento jurídico: de respetarse los derechos indígenas, las empresas y gobiernos no podrían avanzar unilateralmente sobre los territorios indígenas. La Justicia de Neuquén acaba de dar un paso en ese sentido. Falló contra una empresa petrolera que pretendía impedir los reclamos de la comunidad mapuche Wentru Trawel Leufu (Hombres de Río Reunidos), afectada por la invasión de su territorio ancestral. La sentencia, la primera de su tipo en Neuquén y que será precedente para otras causas del país, afirma que se transgredió la ley al no haber informado y obtenido el visto bueno de la comunidad para explotar los recursos naturales, remarca la obligatoriedad de respetar la frondosa legislación (nacional e internacional) que protege los derechos indígenas y apunta también al rol de otros poderes: “Todo gobierno que desatienda (la leyes citadas) debe ser considerado como discriminador de los pueblos indígenas”.

En enero de 2007 el gobierno neuquino otorgó a la petrolera Piedra del Aguila la concesión de 3800 hectáreas en la región del Picún Leufú, en el centro de la provincia. En el lugar vive desde mediados del siglo pasado la comunidad Wentru Trawel Leufu. A fines de 2007, la empresa llegó hasta el lugar y reclamó derechos sobre la tierra, pero la comunidad le prohibió el ingreso. En julio de 2008 volvieron con nueva estrategia: ofrecieron dinero para obtener permisos de exploración y extracción. “La actividad petrolera es opuesta a nuestra forma de vida. No autorizamos”, fue la respuesta unánime.

La petrolera ingresó por la fuerza a territorio mapuche, atacó a miembros de la comunidad y contrató a 40 personas que, bajo el supuesto rótulo de desocupados a la espera de un trabajo, reprimieron a las familias indígenas, mataron casi un centenar de animales, incendiaron dos viviendas y un vehículo, y sostuvieron un proceso de desgaste para expulsar a la comunidad de su tierra. Comenzaba una fuerte campaña local y provincial para responsabilizar a los mapuches por trabar supuestas inversiones petroleras, que –según solicitadas de la compañía– implicarían beneficios para el pueblo y puestos de trabajo. Este diario dio cuenta de esos episodios en la edición del 10 de febrero de 2008.

La presión sobre la comunidad incluyó la judicialización: la empresa presentó un recurso de amparo para que la Justicia prohíba a la comunidad mapuche realizar acciones directas que pudieran “obstaculizar” la extracción de hidrocarburos en el propio territorio comunitario. En sólo 24 horas, la jueza Graciela Blanco dictó una medida cautelar por la cual ordenó a los miembros de la comunidad que se abstuvieran de impedir las tareas de la empresa. La defensa denunció que no se tuvo en cuenta la legislación indígena.

Sobrevino la apelación y, luego de tres años, la sentencia, dictada por el Juzgado Civil 2 de Cutral-Có negó la solicitud de amparo y priorizó el derecho indígena. “Corresponde rechazar la acción promovida por Petrolera Piedra del Aguila”, resume el fallo judicial sin precedentes y remarca que la acción inconsulta de empresas y gobiernos viola la Constitución Nacional y la de Neuquén, y tratados internacionales de rango supraley (el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo). También se desoyó la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. La sentencia remarca la necesidad de poner en práctica esas normas y rechaza que, como suele suceder en los tribunales, se pretenda imponer el Código Civil por sobre la Constitución Nacional y tratados internacionales.

“Reconoce a la comunidad y reconoce el territorio comunitario y su carácter constitucional. Afirma que la posesión comunitaria de los pueblos indígenas no es la posesión individual del Código Civil. Que se basa en la preexistencia al Estado”, explicó el director del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi), Juan Manuel Salgado.

La sentencia, dictada el 16 de febrero pero difundida esta semana, también remarca un derecho imprescindible en cuanto a los territorios indígenas. “Debe asegurarse la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten (…). La consagración del derecho de participación implica que las comunidades indígenas siempre deberán ser consultadas cuando se pretendan adoptar medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlas, ya sea en forma directa como indirecta”, afirma el juez Mario Tommasi, y explica que la participación de las comunidades indígenas debe ser libre y plena en todas las fases del proceso y que la consulta debe ser previa a la adopción de las decisiones que los afecten.

En cuanto al caso concreto, sentencia: “No se ha demostrado el cumplimiento cabal y adecuado de los procedimientos de consulta y participación prescritos por el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT y el artículo 53 de la Constitución Provincial (…). No se advierte que se haya dado cumplimiento a procedimiento de consulta o gestión conjunta de recursos. Por el contrario”.

Incluso cita como jurisprudencia al Superior Tribunal de Justicia de Neuquén, máxima instancia judicial de la provincia: “El derecho de consulta de los pueblos indígenas es, en esencia, un derecho fundamental de carácter colectivo, por el que el Estado está obligado a instaurar procedimientos de buena fe destinados a recoger el parecer libre e informado de dichas comunidades, cuando se avizoren acciones gubernamentales, ya sean legislativas o administrativas, susceptibles de afectarles directamente”.

La sentencia no trata si la empresa debe retirarse del lugar, pero deja claro que no se pueden realizar tareas de exploración y explotación sin previa consulta y participación de la comunidad. “La Justicia nos dio la razón, ahora será el pueblo mapuche movilizado, con cortes de caminos, el que impedirá que exploten y contaminen nuestro territorio”, anunció Juan Carlos Curruhuinca, de la comunidad Wentru Trawel Leufu.

Aunque centrado en un caso (Petrolera Piedra del Aguila y la comunidad mapuche), a lo largo de la sentencia se abordan tópicos sobre derechos que pueden extenderse a los conflictos que enfrentan los pueblos originarios de todo el país frente a industrias extractivas (petróleo, minería, soja y forestales, entre otros). La sentencia reconoce que la gestión de los recursos naturales corresponde a las provincias (artículo 124 de la Constitución Nacional), pero en la misma oración les marca un límite claro a los gobernadores al advertir que no pueden avanzar unilateralmente: “A las comunidades indígenas les está asegurada (por ley) la participación en cuestiones relativas a los mismos”.

Página/12

La historia de la empresa

Por Darío Aranda.- La violación del territorio mapuche por parte de la empresa Piedra del Aguila llegó en abril de 2010 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Destacamos la celeridad que acompañó todas las peticiones realizadas por la empresa, en contraposición a las demoras, que llegaron a meses, de los planteos de la comunidad”, denuncia el planteo de la comunidad Wentru Trawel Leufu y precisa la sistemática omisión de la legislación indígena por parte de las juezas (Graciela Blanco, Nancy Vielma y Carina Alvarez).

La presentación explica que durante los tres años de conflicto la empresa alteró la vida comunitaria, instaló puestos policiales dentro de la comunidad, atentó contra ella, ensanchó seis kilómetros de caminos, desmontó vegetación nativa, realizó zanjeos, destruyó viviendas y permitió la matanza de animales de la comunidad, que padeció pérdidas económicas que modificaron su forma de vida.

Piedra del Aguila cuenta con pocos antecedentes de trabajo. En los sitios especializados en la actividad petrolera sólo se señala que la compañía fue fundada en octubre de 2006 (sólo dos meses antes de que el gobierno de Jorge Sobisch le diera la concesión en Picún Leufú), opera sólo en Neuquén y la publicidad corporativa se ufana de poseer “uno de los mejores equipos de trabajo de exploración”. También remarca que se caracteriza “por su eficiencia y agilidad en sus operaciones”. Los teléfonos que figuran en su sitio de Internet están desactualizados. Los números de las oficinas en Buenos Aires y Neuquén ya no corresponden a la compañía. Tampoco responden los correos electrónicos.

“El anterior gobierno (de Jorge Sobisch) y el actual (de Jorge Sapag) están del lado de la empresa, son sus cómplices y trabajan junto a empresas y estancieros”, denunció Juan Carlos Curruhuinca, de la comunidad Wentru Trawel Leufu, y afirmó que el “poder político y el Judicial impulsan la mano dura contra el pueblo mapuche”. Desde el gobierno de Neuquén no aceptaron referirse al tema.

Página/12

 

Mensaje mapuche

Justicia en Neuquén reconoce derecho mapuche ante las petroleras!

En un acontecimiento inédito, el juez Mario O. Tommasi, dictó sentencia en la presente semana, rechazando la Acción de Amparo presentada por la petrolera Piedra del Águila S.A. contra la comunidad mapuche Wenxu Xawvn Leufu (Picun Leufu), reconociendo derechos fundamentales que venimos sosteniendo a pesar de más de una década de represión física, cultural y jurídica:

· Reconoce a las familias como comunidad preexistente al Estado.

· Reconoce el territorio comunitario y su carácter constitucional, afirmando que la posesión comunitaria no es la posesión individual del Código Civil. Que se basa en el hecho de haber conservado la ocupación tradicional

· Afirma que no se ha cumplido con el procedimiento de Consulta o gestión conjunta de los recursos naturales. Sostiene que el derecho a la participación supone el de consulta previa y que debe ser el establecimiento del dialogo genuino entre las partes, el reconocimiento mutuo, la buena fe, y el deseo sincero de un acuerdo, el mejor camino para resolver los conflictos. Advierte también que la participación de la comunidad debe ser libre y plena en todas las fases del proceso y que la consulta debe ser previa a la adopción de las decisiones.

· Señala la responsabilidad del Ejecutivo pcial que no ha dado cumplimiento al Art. 75, inc. 17, ni al artículo 53 de la Constitución de Neuquén, ni los artículos 6, 7 y 15 del Convenio 169, ni los artículos 10,19, 29, 30, 32 de la Declaración de naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

El amparo presentado en 2007 por la petrolera, le permitió en los últimos 4 años, todo tipo de abusos contra las familias mapuche, destrucción del suelo productivo, represión física a las familias, quema de un vehículos particular, apertura de caminos a gusto y placer. En definitiva, condenar a la comunidad a estar sitiada por la petrolera y contando además con la custodia de la policía provincial que día y noche impidió a las familias ocupar sus propios patios. A esto se sumó, la campaña de desprestigio montada por el municipio de Picun Leufu, la Cámara de Comercio y el sindicato petrolero, manipulando incluso a los desocupados, para intimidar y amenazar a la comunidad cuando realizaba acciones de fuerza para impedir tantos atropellos.

Vivimos un tiempo de transición, donde debemos romper el divorcio entre las leyes logradas con tanta movilización y la falta de aplicación de esos avances. Una justicia y un gobierno servil al poder económico de las empresas y estancieros de la provincia, impide que podamos sentirnos defendidos o protegidos por los fallos de la justicia. Sentimos que el fallo del juez Tommasi, transita ese camino inevitable que debe ponerle fin a la impunidad y abuso de poder de las petroleras. El gobierno, en sus alianzas estratégicas lamentables, priorizan sus especulaciones económicas con la industria extractiva a la suerte de nuestra cultura y el medio ambiente todo.

A la miseria de nuestros gobiernos, se suma una sociedad que confundida por las promesas de derrame de riquezas que a todos nos inundara, es ciega y sorda a nuestro reclamo. La comunidad Wenxu Trawvn Leufu dio un ejemplo de lucha digna, heroica, ante tanto abuso. Como también el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI), enfrentó una lucha jurídica totalmente desigual. Y un juez nos dio la razón.

Seguimos aquí, movilizados ante un Estado que ha generado la mayor persecución jurídica de la última década con más de 50 causas abiertas y más de 200 autoridades originarias mapuce procesadas.

Mariciweu – Mariciweu!
(Diez veces enfrentando la impunidad y el abuso wigka)

Neuquen, 25 de Febrero de 2011

Elias Maripan                                                           Martin Maliqueo
Ñizol Logko                                                      Zonal Ragiñce (Zapala)

Logko Elias MARIPAN – Presidente
TE: 0299 443 9958
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