Por Mauricio Alvarez M (Oilwatch Mesoamerica).- La cuna de la cultura maya y cientos de pueblo indígenas que por siglos han protegido ricos ecosistemas se han convertido en escenario de una batalla más en contra de la industria petrolera.

En los últimos años, los gobiernos mesoamericanos han mostrado un fuerte interés en el establecimiento de infraestructura petrolera en la región. La crisis económica puso un alto al desarrollo de una mega refinería y un centro energético de servicios para el Canal de Panamá, y actualmente el único proyecto que avanza en planeación es la ampliación de la refinería en el Caribe de Costa Rica. Sin embargo, la exploración amenaza a toda la región, aun cuando Guatemala y Belice ya están sufriendo los estragos y conflictos socioambientales causados por la extracción de petróleo.

Imperialismo energético chino en Costa Rica. La insaciable necesitad energética que conlleva el crecimiento de China –país que ya está extrayendo petrólero en el Orinoco– es la que está haciendo caminar proyectos para la refinación de éste en el Caribe. Por el momento, en Costa Rica se están terminando los estudios de pre factibilidad para una refinería que, con una inversión de uno $1.000 millones de dólares, procesaría unos 60.000 barriles de crudo al día. Preliminarmente, se aseguran ganancias satisfactorias para los inversionistas chinos.

Para realizar este proyecto, el gobierno anterior firmó un acuerdo con la compañía estatal china CNPC (China Nacional Petroleum Corporation). Este acuerdo incluye la posibilidad de exploración petrolera en Costa Rica. Esto a pesar de que, solo un mes después de que el presidente de RECOPE tratara a los ecologistas opuestos a la exploración de ignorantes, el expresidente Arias afirmara haber estado siempre en contra de tal actividad.

Sandinismo petrolero. En Nicaragua, una refinería con un costo de $3.500 millones fue prometida por Hugo Chavéz presidente de Venezuela. Esta es una parte de los $8.800 millones que el presidente venezolano ofreció al país centroamericano en una gira de promoción de PETROCARIBE (AFP, 2007). En un primer momento, este proyecto iba a estar listo antes de la salida del gobierno actual en el 2012, pero durante el 2009 la fecha de inauguración se atrasó al 2013, y durante el año pasado el proyecto no avanzó.

Lo que sí hizo el gobierno de Nicaragua fue firmar un contrato para la exploración de la costa Caribe con la empresa estadounidense MKJ Exploraciones Internacionales S.A. (socia de Noble Energy Ltd.), y aprobar estudios de impacto ambiental. La compañía terminó el estudio sísmico el año pasado y en dos años podría perforar pozos exploratorios. Para lograr la aprobación de este proyecto fue necesario sobornar a las autoridades indígenas locales, pues en comunidades que dependen de la pesca y de los recursos naturales el rechazo a este tipo de actividad es muy fuerte. En las tres ocasiones anteriores en las que este tipo de proyectos fue impulsado por el gobierno, no se llevaron a cabo gracias al rechazo de las autoridades locales, además de un recurso legal por falta de consulta.

En el caso actual, la concesión fue otorgada en dos áreas ubicadas en la plataforma marítima del Caribe nicaragüense. Ambas áreas tienen una extensión combinada de 800.000 hectáreas (cerca de 8.000 kilómetros cuadrados) e incluyen importantes bancos de pesca de las comunidades indígenas.

En el Pacífico de Nicaragua, las exploraciones no encontraron un yacimiento explotable. Por otra parte, las concesiones mar adentro han alimentado los conflictos limítrofes entre Nicaragua y Colombia y Honduras, pues es una práctica generalizada ofertar bloques en zonas de litigio fronterizo. Sin embargo, por esa misma razón no se ha logrado interesar a ninguna empresa para actividades de exploración en esas zonas.

Durante el año pasado, Oilwatch Mesoamerica realizó talleres conjuntamente con la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN), la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y otras organizaciones en las regiones afectadas. Durante los talleres se pudo comprobar el malestar de las comunidades y la falta de una licencia social a estas actividades preliminares de exploración.

Dictadura en Honduras promueve actividad petrolera. Los mismos pueblos indígenas que en Nicaragua son quienes enfrentan, en Honduras, la amenaza de exploración petrolera. Esta amenaza creció con el golpe de estado a Manuel Zelaya, golpe financiado y promovido en parte por empresas petroleras que venden combustibles, como apuntan organizaciones sociales locales.

El mayor interés de las compañías petroleras está en el Caribe, en el sector de La Mosquitia, donde la petrolera Honduras Texas Oil realiza una labor de prospección sin consultar a las comunidades indígenas. Los proyectos de extracción de recursos –ubicados por cierto en territorio hondureño confirmado por La Haya con motivo de la controversia marítima promovida por Nicaragua– vienen acompañados por una base militar estadounidense, que busca el control estratégico de una región rica en recursos naturales.

La guerra sucia desatada en contra la sociedad civil que se opone a la dictadura hacen sumamente difícil la discusión y la resistencia a cualquier tipo de proyecto en Honduras. Decenas de activistas, profesores, periodistas, sindicalistas, campesinos e indígenas han sido asesinados por el ejército, la policía y los grupos paramilitares de los terratenientes.

A pesar de esta represión, Oilwatch pudo constatar la resistencia de los pueblos indígenas en un taller organizado conjuntamente con UICN y la organización indígena MASTA en la ciudad de Puerto Lempira.

Entregan a las petroleras la Laguna del Tigre en Guatemala. Ubicada dentro de la zona núcleo de la Reserva de la Biósfera Maya, la Laguna del Tigre es una de las áreas protegidas más importantes de Guatemala. Durante el año pasado, ese país vivió una fuerte discusión en torno a la prórroga ilegal de un contrato que permitiría la continuación y el crecimiento de la explotación de petróleo, que ha dañado ya gravemente el humedal más importante de Mesoamérica.

Esto debido a que, sin bien la Reserva de la Biósfera Maya está protegida por una serie de leyes, las que regulan específicamente sobre Laguna del Tigre fueron manipuladas bajo pretextos economicistas para permitir la ampliación del contrato de explotación petrolera.

Organizaciones sociales y ecologistas como Savia-Oilwatch Guatemala iniciaron una fuerte campaña que puso en evidencia la corrupción y el regalo del patrimonio natural de parte del gobierno de Álvaro Colom. Mediante acciones, recursos legales, incidencia y una fuerte campaña de opinión en los medios se alcanzaron niveles de apoyo sin precedentes en la historia de este país para una causa de este tipo.

La campaña llamó la atención sobre el hecho de que Colom despreció una propuesta de diputados alemanes, quienes ofrecían al gobierno pagos compensatorios para renunciar a la extracción petrolera en áreas protegidas, tomando como ejemplo del caso Yasuní-ITT en Ecuador. Además, al final del año pasado, el presidente guatemalteco anunció el inicio del proceso para licitar cuatro áreas de exploración y explotación petrolera aprobados por él mismo en el Consejo de Ministros. Las áreas petroleras que se licitarán se ubican en Petén, Alta Verapaz e Ixcán, Quiché. Con estas nuevas áreas se espera aumentar la producción de petróleo, que pasaría de 12.000 a más de 80.000 barriles diarios.

Panamá energético y nuevo gobierno. Durante el 2010, el gobierno panameño acordó cancelar la concesión de exploración y explotación de petróleo otorgada a la empresa Harken de Panama Limited, subsidiaria del grupo Global Energy Development PLC, para iniciar un proceso de reordenamiento de las concesiones petroleras en el país. El contrato con esta empresa, que se firmó en el 2007, tenía como propósito la exploración y explotación de gas o petróleo en el golfo de San Miguel, localizado en la provincia de Darién en el Pacífico panameño.

Esta zona despertó el interés de petroleras chinas y árabes después de que Colombia confirmara el hallazgo de petróleo en el lado medio sur hacia el Pacífico de la frontera con Panamá. La cancelación, entonces, busca despejar el área para así iniciar un nuevo proceso en el que participen otras empresas.

La polémica ley N° 30, aprobada por un nuevo gobierno de corte empresarial, implica una flexibilización de los instrumentos de evaluación ambiental y reformas en el código de trabajo. Esto puso al país en resistencia durante meses, hasta que se logró la derogatoria de algunos artículos y la conformación de una comisión para negociar otros cambios. Esta resistencia incluyó decenas de muertes de obreros indígenas en la zona de Bocas del Toro, y la represión selectiva de muchos dirigentes sociales en el resto del país.

Ya el anterior gobierno de Panamá había iniciado una agresiva campaña para convertir al país en un “hub energético”, es decir, una zona de enlace energético con el resto de las regiones del continente y del mundo. El plan pretendía reforzar el oleoducto interoceánico y los centros de abastecimiento energético del Canal de Panamá, e incluía cuatro proyectos de mega refinerías con una inversión conjunta de $30.000 millones. También se habló de construir una autopista energética paralela al Canal, para almacenar combustibles para abastecimiento de los buques que lo atraviesan.

Todos estos proyectos incluyeron acuerdos, en algunos casos estudios de impacto ambiental y la resistencia social, que junto con la crisis económica y el cambio de gobierno, hicieron que quedaran olvidados.

Reforma y derrame petrolero en México. Después de un arduo debate nacional sobre la llamada reforma energética, el congreso mexicano aprobó reformas a las regulaciones del sector energético que abren las puertas a contratos con empresas privadas como proveedoras de servicios e inversiones. Estas reformas fueron sujeto de una gran controversia constitucional en la Suprema Corte.

Hoy el Golfo de México es un territorio controlado por las petroleras y por los ejércitos de Estados Unidos y México, quienes están a cargo de cuidar las instalaciones petroleras, tarea que incluye perseguir a los pescadores que han sido desplazados por la expansión y contaminación. Los $20.000 millones que ha invertido la transnacional British Petroleum (BP) para limpiar el derrame representan apenas un 6% de los $327.000 millones reportados por la empresa como ingresos en el 2009.

De acuerdo con las estimaciones del panel federal de científicos Flow Rate Technical Group, para agosto del 2010 apenas un 17% de los 4,9 millones de barriles de petróleo vertidos había sido capturado por la BP, lo cual equivale a 800.000 barriles. Aquí se muestra el cinismo del imperialismo petrolero representado por BP, quien en vez de limpiar maquillan el derrame.

El derrame de casi cinco millones de barriles de crudo por parte de BP es una de las mayores tragedias ambientales del planeta, pero no la peor. La peor catástrofe global es seguir subsidiando estas catástrofes con cientos de millones de dólares, para seguir buscando petróleo en Alaska, en el Ártico, en aguas profundas, la Amazonia, el Orinoco, la Mosquitia o Talamanca.

El Estados Unidos el consumo de petróleo llegó a más de 20 millones diarios mientras en un país como Costa Rica es de uno 50.000 barriles diarios. Para satisfacer la creciente demanda de crudo, la frontera petrolera se expande en Mesoamérica a punta de imposición –especialmente en territorios de culturas ancestrales–, pero con ella crecen también la resistencia y la conciencia de que debemos acabar con la era petrolera antes que ella acabe con nosotros.