La resolución de Comercio Interior deroga el congelamiento dispuesto en febrero, que obligaba a mantener los valores vigentes al 28 de enero.

La Secretaría de Comercio dejó sin efecto ayer el congelamiento de precios que regía para la comercialización de combustibles líquidos, a su valor vigente al 28 de enero pasado. Aquella resolución había sido adoptada en el marco de la escalada internacional del petróleo a raíz de las refriegas en el norte de Africa y el riesgo de que esas tensiones se proyectaran sobre el mercado de combustibles local. En la resolución conocida ayer, dicha repartición señala que ya “no se encuentran configuradas las mismas condiciones de comercialización vigentes” a la fecha de la anterior resolución, “razón por la cual corresponde derogarla”.

La liberación de los precios de los combustibles no se reflejaría en una suba automática de todos los precios en surtidor, según señaló Raúl Castellano, secretario de la Confederación de Entidades de Comercio de Hidrocarburos (Cecha). “Imagino que los combustibles seguirán la suerte del resto de los bienes y productos del país. Yo creo que habría que descartar aumentos muy importantes”, dijo.

La resolución ahora anulada, disponiendo el congelamiento de precios, había sido informada el 2 de febrero, un día después de que Shell pusiera en vigencia incrementos del orden del 2 al 3,6 por ciento. Como otras veces, Shell desoyó la orden de las autoridades y mantuvo los incrementos, amenazando con ir a la Justicia.

Los antecedentes más cercanos de la medida dispuesta ayer son la Resolución 295 de la Secretaría de Comercio del 17 de agosto de 2010, por medio de la cual se estableció un congelamiento de precios; la resolución 543 del 20 de diciembre del mismo año derogando la anterior; la resolución 13 del 1º de febrero de este año volviendo a congelar precios a los vigentes el 28 de enero, hasta la resolución 46 de ayer, que deroga aquélla. Los términos son semejantes a los expresados en la R. 543 del 20 de diciembre, en cuanto a que “en la actualidad se advierte que no se encuentran configuradas las mismas condiciones de comercialización vigentes” a la fecha del dictado de la anterior.

Horas antes de conocerse la nueva resolución, el presidente de Shell Argentina, Juan José Aranguren, se había quejado de que “la Secretaría de Comercio Interior volvió a hacer algo que es contrario a derecho y hoy estamos con precios congelados y una demanda creciente” (El Cronista, 28 de marzo). “Esta es una olla a presión que si no se destapa a tiempo y en forma inteligente, a alguien le va a estallar.”

Shell es la única compañía no integrada, entre los grandes jugadores, que queda en la comercialización de combustibles. YPF y Petrobras cuentan también con refinación y una red de estaciones de servicio propias, al igual que Shell, pero además poseen yacimientos en explotación, por lo cual se proveen a sí mismos del crudo que abastece sus destilerías. Esso, al ser vendida a Pan American Energy, también quedó integrada, porque esta última tiene yacimientos concesionados en Chubut y Santa Cruz. La diferencia es relevante, porque cada aumento en el precio internacional del crudo los afecta en forma diferente: a las integradas le cambia la ecuación, porque aumentan sus ganancias en el “upstream” (extracción) y sus costos en el “downstream” (procesamiento), pero no el resultado final, porque se compensan. En cambio, para las no integradas que se dedican sólo al “downstream”, como ahora Shell y antes también Esso, es pérdida pura en la medida en que no trasladan el aumento al precio final.

“Eso es el efecto puntual, pero la refinación y comercialización sigue siendo un gran negocio, sobre todo en un caso como Shell, que no invierte y trabaja con una planta amortizada hace años”, señaló en cambio una alta fuente de una de sus empresas competidoras.

No habrá aumentos inmediatos, pero sí ajustes paulatinos. “Seguramente habrá un sendero de precios con aumentos periódicos pequeños, como ocurre con el resto de los bienes que se comercializan en el país”, admitió Castellano. El dirigente no quiso “ponerle número” a esos posibles ajustes. “Es una política de precios que definen la compañías petroleras”, se justificó.

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