Continúan la venta fraudulenta de tierras fiscales y los desmontes clandestinos en Chaco

En febrero pasado la Afip detectó trabajo forestal esclavo a 120 km al norte de Los Frentones, que es uno de los antiguos enclaves de todo tipo de explotación, que se consolidaron al influjo y con el acompañamiento confeso de los sucesivos gobiernos locales, independientemente de sus colores políticos. El operativo desnudó las condiciones laborales inhumanas y de explotación extrema de los trabajadores forestales, sometidos a pagas viles, a jornadas laborales ilimitadas, sin ningún tipo de seguridad ni de cobertura laboral, sin salarios legales, sin aportes jubilatorios ni de obra social. El changarín y su familia junta 70 pesos por día, que gasta para comer –poco y mal- porque los obrajeros les cobran las mercaderías al doble o al triple del precio real del día. Llegan desarrestados a fin de mes; algunas familias quedan debiendo por lo que comieron. Para mejorar su situación alimentaria, tiene que mariscar; pero quedan pocos animales silvestres.

La explotación y la ilegalidad total continúan, se reproducen y se fortalecen. El fenómeno repetido de explotar el trabajo esclavo es plenamente conocido por todos. Por los funcionarios forestales de la Subsecretaría de Recursos Naturales, de la Dirección de Bosques, de la Dirección de Suelos y de las delegaciones de estos organismos. El tema es viejo y está muy arraigado como modelo productivo y laboral. Los funcionarios no hacen nada para terminar con esta explotación. La práctica constante de explotación humana y de los recursos naturales es el sello y la marca que identifica a la actividad forestal, en cuyo seno se acumularon riquezas para pocos y explotación sobre muchos. Esta práctica deleznable terminó por normalizarse, que es lo mismo que decir que ha sido y que es aceptado por explotadores y por explotados. Las comunidades cercanas ven al trabajo esclavo. Conocen este flagelo y callan. Los policías, el poder judicial y los restantes organismos de la seguridad social y pública, miran para otro lado. El sistema sanitario atiende a los trabajadores esclavos cuando enferman o sufren un accidente; sin embargo, no coordinan las estratégicas informaciones que manejan con las restantes dependencias del Estado para combatir el trabajo esclavo. La Afip visitó una vez el campamento y no volvió al extenso territorio forestal. La ATP brilla por su ausencia. El gobierno, en general, ya se olvidó de las portadas de los medios cuando en febrero reflejaron el trabajo esclavo. Algunos funcionarios se manifestaron con dureza ocasional. Unas semanas después del escándalo mediático, todo pasó al olvido. A pesar del dato alarmante que significa el trabajo esclavo para el siglo XXI, todo quedó en discursos y promesas.

Cosecha de aplausos

Mientras el gobierno cosecha aplausos en actos que organiza y que potencia por los medios de comunicación, la opinión pública avanza -aunque lentamente- en la tarea de ganar información relacionada con los desmontes y aprovechamientos forestales, como también en la continuación de la venta fraudulenta de tierras fiscales, aunque en una escala muy inferior a las que se produjeron durante las gestiones de Rozas y de Nickish. Ya se sabe que la Dirección de Bosques y Colonización, además de otros organismos del Estado que forman parte del Ministerio de la Producción, son ámbitos propicios  para hacer negocios porque la burocracia, la ineficiencia y la corrupción auspician la profundización de un escenario para explotar la madera, para desmontar o para apropiarse de tierras fiscales por algunos pesos.

Es evidente que no existe voluntad política ni administrativa para revertir y vencer la burocracia y la corrupción profundamente instaladas en todos los organismos público que debieran abocarse a la administración de las tierras y de los recursos naturales. Mientras algunos cosechan aplausos, quienes explotan a los trabajadores forestales y al monte nativo chaqueño, apropiándose de las tierras públicas, cosechan enormes riquezas. Algunos de ellos la reparten con funcionarios corruptos o simplemente financian campañas políticas.

No existe voluntad para sancionar los desmontes y las explotaciones forestales ilegales

Todas las normas que estuvieron o que están vigentes contemplan sanciones bastante severas, algunas de ellas ejemplificadoras. Si las leyes se hubieren aplicado, aunque moderadamente, las infracciones no habrían continuado. Si a esto se hubiese sumado la intervención  judicial, sancionado la evasión fiscal, se podría haber completado el esquema que hubiera permitido proteger aceptablemente el ecosistema chaqueño, particularmente el monte nativo y los suelos que no debieron ser destinados a la agricultura intensiva.

Ocurrió lo peor; directamente, no se aplicó la ley. En la base de esta situación siempre estuvo la voluntad y la decisión política encubierta de no aplicar la legislación. A esta situación se llegó legislándose de manera cada vez más flexible, introduciéndose modificaciones que facilitaban los desmontes y las explotaciones forestales, eliminándose los controles. Cada productor repetidamente comenzaba de nuevo para continuar desmontando o sacando madera. La reglamentación le permitía reformular la superficie mínima a través de muchos atajos. O sea que el funcionamiento de los organismos del Estado fue propicio para ir por el monte, por todos los recursos naturales y por la capacidad de trabajo del peón forestal.

Mientras tanto, la Dirección de Bosques encontró mecanismos para manipular la opinión pública, difundiendo que gestionaba bien y que sus funcionarios eran responsables, decentes y probos. Sistemáticamente lanzaron campañas ponderando sus desempeños. La última, que involucra a la anterior y a la actual gestión dentro de la misma administración de gobierno, hizo hincapié y enfatizó en las bondades del Centro de Geoinformación y en los controles por imágenes satelitales, sin informar a la opinión pública que tales imágenes solamente reflejan las superficies desmontadas o deforestadas y su localización una vez que ya se produjeron. O sea que reflejan el hecho consumado e irreversible. Después sigue el negocio de los trámites administrativos, de los extravíos de los expedientes y de las ventas de multas a valores poco significativos. Por supuesto que ninguna de las gestiones de los últimos tiempos hicieron hincapié en la prevención; y cuando lo intentaron, inmediatamente después se lo descartó por la presión de los intereses económicos de los barones de las motosierras y de las topadoras. De esta manera se llegó al cobro de multas como estrategia prioritaria, negociándose los montos. Durante las tramitaciones, los valores de las multas se modificaban a la baja. Además de resultar prácticamente insignificantes los valores finales de las infracciones, el último mecanismo para degradar la multa consistía en que el pago de la misma a través de la obligación de forestar, que luego no se realizaba. Nunca forestaron porque está fuera de la lógica de la explotación que practican diariamente.

Venta fraudulenta de tierras fiscales

El campo que OSD, de Omar Sergio Depetris, habría comprado a Ciro Arnaldo Kriebaum está ubicado en el lote 96, al lado de la picada 82, a 60 km al norte de Los Frentones, o sea a mitad de camino del paraje donde la Afip detectó trabajo forestal esclavo en el mes de febrero de este año.

En toda la zona, incluido Los Frentones, se sabía que eran tierras fiscales las que luego aparecieron compradas por Depetris. Uno de los lotes tiene una extensión de 2.500 hectáreas, de las cuales 1.100 están ocupadas por Alberto Villalba (250 ha), Manuel Antonio Villalba (250 ha), Víctor Hugo Villalba (350 ha) y Raúl Oscar Villalba (300 ha). Desde el año 2004 son adjudicatarios ante el Instituto de Colonización, a través de resoluciones emitidas por el Directorio, aunque con obligaciones parcialmente incumplidas producto de la falta de recursos económicos. Ocupan las tierras, con todas las limitaciones propias de los pequeños productores de la zona. Los Villalba no fueron ni son usurpadores. Nunca perdieron la ocupación de los campos; por lo tanto, OSD nunca adquirió la posesión de las tierras.

Quiénes habrían comprado las tierras ingresaron ilegalmente a los campos ocupados por los Villalba, en noviembre de 2010. Cortaron los alambres de la entrada. Lo hicieron con una camioneta, con protección policial y portando armas. Instalaron una casilla y tanques de agua. Ante este atropello, Manuel Antonio Villalba denunció lo ocurrido en la Fiscalía de Investigación 1 de Sáenz Peña, formándose el expediente 6491/10.  Expuso que el Sargento González y el cabo Julián entraron al rancho. Que participaron el encargado de Depetris y cuatro peones más. En la denuncia se reprodujeron manifestaciones muy graves, como la siguiente: “nuestro jefe De Petris, el jefe de policía de Charata y el jefe de policía de Los Frentones nos dicen que ustedes no pueden entrar. Asi como matamos los perros, así los vamos a matar a ustedes”. Después quemaron la madera y los quebrachos de Villalba, como también las carpas y sillas que estaban en el rancho. Cuando se retiraron del campo quienes manifestaban ser empleados de Depetris se llevaron cuatro colches, seis hachas, seis machetes, cuatro palas de punta y dos palas anchas, seis frazadas de color coloradas y negras. Mataron cuatro perros y gallinas. Sacaron toda la mercadería para comer durante el mes. Todo esto, según la denuncia realizada por Villalba.

Nuevamente la Dirección de Bosques

Los Villalba juntaron unos pesos y vinieron a Resistencia a reclamar. Fueron muy mal atendidos en la Dirección de Bosques, cuando intentaron denunciar el desmonte que efectuaba la empresa, con una gran topadora, quemando los restos forestales. El propio director del organismo los trató descomedidamente, lo que cambió producto de nuestro acompañamiento posterior. Lo que no se modificó fue la postura de Bosques frente a la empresa. No se destinó a ningún inspector para que constatara el desmonte, a pesar de que el permiso que obtuvo OSD era silvopastoril. Así es que con el pretexto de una autorización silvopastoril, la empresa continuó desmontando, “haciendo chacra”, en un suelo que no es apto para la agricultura intensiva.

Mientras tanto, se entabla la incompleta discusión entre la empresa OSD, de Omar Sergio Depetris y el abogado santiagueño Luis Paredes, dándose a entender que la venta del campo en cuestión sería una estafa entre particulares. La resistencia de los Villalba en sus pequeños campos testimonia claramente que el caso tiene connotaciones institucionales y es grave porque está de por medio la responsabilidad de funcionarios y de agentes del Estado, que sobrepasa la confección de un título trucho o de una maniobra fraudulenta entre empresarios. Hasta ahora, el Instituto de Colonización no tuvo una mejor respuesta frente a los reclamos concretos de los Villalba.

Resistencia, 12 de abril de 2011.-

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