Cameron negó haber cometido delitos en la licitación de las obras de un gasoducto.

Al sentarse ayer frente al juez Norberto Oyarbide, el secretario de Energía de la Nación, Daniel Cameron, escuchó las 80 páginas con las razones por las que fue llamado a indagatoria: “se le imputa haber participado de las irregulares contrataciones instrumentadas al momento de la ejecución del proyecto de Expansión de gas 2005 para la realización de las obras en esta comprendidas, vinculadas a las obras TGN y TGS (…) por las cuales se habría beneficiado a las empresas Skanska, Techint, Contreras Hermanos, BTU Sociedad Anónima y Norberto Odebretch”. Así, al funcionario de mayor rango involucrado hasta ahora en la causa Skanska, se lo considera sospechoso de haber acordado “el pago de ilegítimos sobreprecios en perjuicio de los fondos constituidos para el financiamiento de tales obras”.

Por esta causa ya fueron procesados en diciembre pasado los ex funcionarios Néstor Ulloa y Fulvio Madaro. Los dos perdieron su puesto en 2007 por este escándalo y están acusados de avalar sobreprecios a cambio de sobornos millonarios. Ulloa estaba a cargo de Nación Fideicomisos, el organismo que aportó los fondos para financiar las obras. Madaro era el titular del Enargas, el ente que supervisaba toda la operación que luego fue refrendada por Cameron. Por esa razón, en el mismo momento en que decidió estos procesamientos, Oyarbide citó también a indagatoria al Secretario de Energía por convalidar con su firma todas las decisiones impugnadas por la justicia.

El funcionario, de larga trayectoria en el kirchnerismo, no respondió las preguntas de la justicia pero presentó un largo escrito de 84 páginas con los argumentos de su defensa. Dijo, en resumen, que no cometió ningún delito y aseguró además que no existieron irregularidades en todo el proceso de ejecución del proyecto de expansión de la red transportadora de gas. Su descargo, escrito con muchos detalles técnicos, desanda el camino de complejas resoluciones que permitieron, según su postura, que las licitaciones para esta ampliación se llevara adelante “legítimamente”.

Oyarbide cree que hubo por lo menos $17.323.926,46 cobrados por Skanska como sobreprecio. En esta causa, resta conocerse aún el resultado de un peritaje clave de la Universidad Tecnológica que podrá definir con precisión si hubo o no excesos de precios en toda la obra. El informe está en curso desde hace más de dos años.

Clarín