Es inminente la firma de acuerdos de extensión de concesiones hasta 2027 con El Trébol y Tecpetrol. Cornejo había dicho que esto “es estafar a los mendocinos”.

Por Marcelo Sivera.- El gobernador Celso Jaque avanza en la renegociación de los contratos petroleros y a la extensión que ya dispuso para YPF, en las próximas horas se agregarán las de otras 8 petroleras. Ya están cerrados los acuerdos con El Trébol y Chañares y se está a punto de cerrar con otras 6 empresas.

Sólo en un caso se descartará la renegociación por no cumplimentarse los requisitos. Todo se anunciará entre el viernes y la semana entrante. La decisión del Gobierno soslayará por completo las acusaciones del precandidato de la UCR Alfredo Cornejo, quien el pasado 1° de mayo, tras la Asamblea Legislativa, consideró que “la renegociación de los contratos petroleros es una de las estafas más grande a los mendocinos” porque significa “quemar las últimas joyas de la abuela” a “un precio vil”.

La comisión evaluadora de la renegociación viene trabajando desde agosto del año pasado y ya tiene definiciones sobre las 9 petroleras que cumplen actividades en la provincia. En 8 casos aconseja la renegociación y en uno (cuyo nombre no trascendió) el rechazo. Además de YPF, en Mendoza tienen áreas Tecpetrol, Geopark, Occidental, Grecoil, El Trébol, Petroquímica Comodoro Rivadavia, Chañares y Argenta.

Voceros oficiales aseguraron que “los términos del acuerdo son casi idénticos a los fijados con YPF”, tal como quedaron plasmados en el decreto 3088. Esto significa que la extensión del contrato de concesión llegará hasta 2027 -finalizaban en 2017-; que las empresas deberán pagar una regalía adicional extra de 3% (sobre la habitual del 12%); que deberán ajustarse al concepto de “compre mendocino”, utilizar 75% de mano de obra local en las exploraciones y realizar un “minucioso cuidado del medio ambiente”.

También deberán ajustarse a disposiciones referidas al programa de abandono de pozos y remediación de todos los pasivos cumplidos al 2017, además de la cesión de una coparticipación municipal sobre la regalía extra y llevar a cabo programas de responsabilidad empresaria (RSA).

Aunque no se conocen en detalle los montos de esta nueva operación, se estima que si la de YPF significó acordar el pago inicial de 151 millones de dólares (incluidos 16 por RSA), la de las petroleras más chicas podría oscilar en torno a los 50 millones de dólares.

El pasado 6 de abril Jaque, y el vicepresidente de YPF, Sebastián Eskenazi, firmaron la extensión de los contratos de explotación por 10 años más sobre las 16 áreas que posee la petrolera mayor, en Mendoza. En ese momento Jaque subrayó que “la empresa se compromete a pagar un canon extra de U$S 151 millones, los que se abonarán en cuotas, lo que garantizará recursos para este Gobierno y para el próximo”.

YPF se comprometió a pagar un 3% en regalías como canon de renta extraordinaria para control de riesgo ambiental. Y también a destinar 1% de la regalía por canon extra para la capacitación de profesionales de la actividad hidrocarburífera. Con este nuevo acuerdo, un 12% de coparticipación de las regalías quedaron destinadas a los municipios.

También se estableció la movilidad de un canon de 10% de renta extraordinaria por barril de petróleo superior a los U$S 79 y de 20% para un valor que supere los U$S 84 por barril.

En esa oportunidad YPF anunció que la empresa invertirá en Mendoza 4.100 millones de dólares. Por lo tanto, se espera que junto con los anuncios de renegociación, también se dé a conocer un monto proporcional de inversiones en la provincia.

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Las áreas petroleras, con demoras y también deudas

La adjudicación fue hace tres años y aún ninguna empresa ha comenzado a extraer crudo. Sólo YPF llegó a la etapa de perforación, en Payún Oeste. De los 6 millones de dólares que comprometieron para un fondo escolar solidario, apenas han pagado 25%.

Por Gabriela Ceppi.- A tan sólo siete meses de terminar su gestión, el Gobierno no logra que las áreas petroleras secundarias licitadas por la administración de Julio Cobos y adjudicadas en los inicios de la gestión de Celso Jaque, comiencen a operar y así generar fondos para la provincia. Las dilaciones para obtener la declaración de impacto ambiental, los informes sectoriales que no llegan, las audiencias públicas que se demoran y ciertos requisitos que las empresas no presentan, forman parte de la batería de palos en la rueda que están frenando la explotación.

Incluso, esto deja traslucir que la tercera etapa de adjudicaciones, en la que se podrían incluir 13 áreas más que ya pasaron la etapa de remediación, está lejos de convertirse en realidad. Pero no sólo la extracción de los recursos viene demorada: de los 6 millones de dólares que las empresas adjudicatarias debían aportar para la educación pública durante los tres primeros años (que se cumplieron ayer), sólo se registran pagos por poco menos de 6 millones de pesos, esto es un 25 por ciento de lo comprometido. Lo que no se puede saber es quiénes son los incumplidores porque desde la Dirección General de Rentas argumentan que se trata de un secreto fiscal.

El Gobierno puede sancionar y hasta se ha especulado con cobrar fuertes intereses a quienes no hagan ese aporte en tiempo y forma, e incluso el mismo Gobernador habló a mediados de abril de 2010 de quitar las áreas a quienes no cumplan, pero nada de eso sucedió.

El apuro para que comiencen a operar a pleno tiene relación con la necesidad de recuperar puestos de trabajo, pero también con el ingreso de las regalías que generarán y que la Provincia necesita imperiosamente para incrementar la recaudación por el presupuesto deficitario que manejó en los últimos años. Además, si se cumpliera lo exigido en los pliegos, esto es un 35 por ciento de mano de obra local, son entre 400 y 500 empleos los que podrían generar operando a pleno.

Las 12 áreas quedaron en manos de Oil M&S, Ketsal SA-Kilwear SA, Compañía General de Combustibles SA/Petrolera Piedra del Águila SA/ Desarrollos Energéticos SA UTE, Occidental Argentina Limitada/YPF SA UTE e YPF SA. En total, las firmas comprometieron una inversión de 290 millones de dólares.

Siete de las 12 áreas resultaron adjudicadas a Daniel y Alfredo Vila y José Luis Manzano, a través de Ketsal. Las siete con las que se quedó este grupo son: Malargüe, Chachahuén, Ñacuñán, Pampa del Cebo, Zampal Norte, Coirón I y II y San Rafael.

Entre las firmas ganadoras también está Oil M&S, cuya cabeza visible es el empresario ultra K Cristóbal López, quien maneja negocios que van desde los casinos hasta la recolección de residuos.

El director de Petróleo, Pedro Sánchez, detalló la etapa en que se encuentra cada uno de los emprendimientos.

En el caso de Ñacuñán, aseguró que ya están los dictámenes técnicos y falta fijar fecha y lugar para la audiencia pública. Distinto es el caso para Zampal Norte, que ya realizó su audiencia pública el 14 de abril pero le falta la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). En el caso de Pampa del Cebo se emitió el dictamen técnico, pero quedan pendientes los informes sectoriales (de Irrigación, municipios, Catastro y la UNCuyo, entre otros organismos).

En Malargüe, quedan pendientes también estos informes. Coirón I y II ya pasó la audiencia el 13 de octubre del año pasado pero aún no obtiene la DIA. El caso de Chachahuén, la que más expectativas genera en cuanto a la extracción, ya tiene la DIA y ahora falta que se apruebe el plan de trabajo. Las demoras se trasladan al área San Rafael, a la que le faltan todos los informes sectoriales. Todas las mencionadas están en poder del grupo Vila-Manzano.

Entre las más avanzadas se destaca Payún Oeste, en manos de YPF, que resultaría la más adelantada en lo operativo. Está en la etapa de perforación y si estas tareas se aprueban, estaría en condiciones de comenzar a operar en breve. Los Tordillos Oeste realiza trabajos de sísmica 3D, y tiene aviso de proyecto pero no DIA.

Por su parte, OIL MYS, que se quedó con Río Diamante, ya presentó todo para obtener la DIA y la UNCuyo ya emitió el dictamen técnico, pero no están los demás informes sectoriales. Mientras, en el caso de la Compañía General de Combustibles, que se quedó con Cerro Los Leones, tiene pendientes todos los informes. La última en ser adjudicada, Río Atuel, en manos de Petrobras, registró trabajos de sísmica 3D y ahora recolecta información para localizar pozos.

Sánchez adjudicó las demoras a que “Mendoza es una provincia muy celosa en el cuidado de los recursos naturales”, pero negó una y otra vez que las dilaciones tengan origen en las fuertes discrepancias entre el subsecretario de Hidrocarburos, Walter Vázquez, y el recientemente renunciado secretario de Medio Ambiente, Guillermo Carmona.

El funcionario negó además que alguno de los permisionarios haya informado que pretende vender los permisos, un rumor que corre por pasillos de Casa de Gobierno en especial sobre uno de los operadores que no podría ejecutar la inversión necesaria para la extracción de crudo. “Si quieren asociarse deben informarlo ante esta dirección y nosotros evaluaremos la capacidad operativa para conceder el pedido”, subrayó.

Aportes atrasados

Al momento de la adjudicación de las áreas, Jaque destacó haber conseguido un compromiso para que cada una de las firmas aportara 2 por ciento de la inversión total para destinarlo a un fondo solidario para proyectos educativos. Esta entrega se haría en tres cuotas pero, al cumplirse tres años de la adjudicación, se registran incumplimientos graves.

La primera cuota del aporte solidario para educación que comprometieron las firmas se venció en los primeros meses de 2009 y hay diferencias en los números oficiales.

Para el director de Rentas, Rodolfo Quiroga, ingresaron a las arcas fiscales en concepto de aporte para el fondo escolar 2.404.352,54 pesos en 2010 y 3.516.516,31 durante el transcurso de este año. Pero a la hora de revelar quiénes son los incumplidores se amparó en el secreto fiscal. Mientras, para el subdirector de Regalías, del Ministerio de Hacienda, Germán Rojas, ingresaron 236.480 en 2008; 1.023.026,67 de pesos en 2009; 2.404.352,54 el año pasado y 3.516.515,31 en los primeros cinco meses de este año. Esto sumaría poco menos de lo que debería haber ingresado en un año.

Rojas confirmó que del control efectuado surgen diferencias que están en etapa de reclamo. Según aclaró, éste se efectúa con el asesoramiento de Fiscalía de Estado, porque al no tratarse de un tributo propiamente dicho no es aplicable el procedimiento del Código Fiscal y por lo tanto no se exige el secreto fiscal, contradiciendo así a Rentas.

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