La UCR propone una consulta para anularlas

Por Carlos Pagni.- Chubut está a punto de ingresar en un nuevo debate, acaso más acalorado que el que concluyó anoche con el escrutinio de las elecciones provinciales.

Dos semanas atrás, el radicalismo presentó en la Legislatura una iniciativa de consulta popular para anular el acuerdo celebrado entre Chubut y Pan American Energy, que prorrogó la concesión de varios yacimientos hidrocarburíferos por 40 años a favor de la empresa; entre ellos está el de Cerro Dragón, el más productivo del país. El convenio fue aprobado por ley durante 2007. La Comisión de Hacienda dictaminaría sobre ese proyecto dentro de una semana.

La prórroga de las áreas entregadas en explotación por Chubut a Panamerican Energy provocó, en 2007, una controversia estridente. El convenio prorrogó hasta 2027 las concesiones que iban a vencer en 2017; además, incluyó una cláusula por la cual se podría extender 20 años más, si la compañía decide continuar con la explotación. El 80% de Panamerican pertenece a la petrolera China National Oil Offshore Corporation (Cnooc). El 20% restante es de los hermanos Carlos y Alejandro Bulgheroni.

¿Qué significa el debate que se está por inaugurar en Chubut para la economía? La provincia produce 9,5 millones de metros cúbicos de petróleo por año. Seis millones y medio salen de Cerro Dragón. Es un volumen equivalente a 38 millones de barriles por año. Se trata del 20% de la producción nacional.

El gobernador Mario Das Neves debería convocar a la consulta si la Legislatura aprueba la iniciativa radical. Sin embargo, Das Neves ha dejado trascender que el proyecto no contará con el consenso que le atribuyen los radicales. “El convenio fue muy bueno para Chubut, no sólo por las regalías que recibe la provincia sino por los puestos de trabajo que representa, sobre todo en Comodoro Rivadavia”, suele decir.

Las peculiaridades del contrato de la provincia con Panamerican son muy tentadoras para inspirar a los políticos en campaña. Sin embargo, la discusión tiene otra dimensión que no tardará en estar sobre la mesa: la empresa tiene sus derechos asegurados por una ley que ahora se pretende anular. En otras palabras, para corregir un caso del denominado “capitalismo de amigos” se incurriría en una violación llamativa de la seguridad jurídica.

La estrategia radical podría beneficiar a las compañías que están en conflicto con Panamerican. Chubut se agita en estos días por las quejas de empresas de servicios petroleros, la mayoría de ellas pequeñas y medianas, que reprochan a los chinos y a los Bulgheroni aprovechar su posición dominante en el mercado para conseguir ventajas en sus contratos.

Los ejecutivos de la empresa recusan esos reproches. El vicepresidente para Asuntos Públicos, Mario Calafell Loza, explicó la semana pasada que por cada barril de crudo Panamerican se lleva sólo 1,80 dólares, “menos de lo que vale un café en las confiterías de Comodoro”. Calafell explicó: “En 2010, por cada barril de crudo equivalente obtuvimos US$ 56,1. De éstos, US$ 20 son inversiones, US$ 16,5 son costos operativos, entre los cuales tienen las empresas locales alrededor del 70% de participación local”.

La polémica por las concesiones a Panamerican puede tener una onda expansiva inesperada. En el radicalismo y en el peronismo opositor se vienen estudiando desde hace algunas semanas las adjudicaciones que las provincias realizaron desde 2006. De las 166 áreas cedidas 95 fueron a manos de operadores con escasa trayectoria profesional, pero mucha proximidad con el poder: Lázaro Báez, José Luis Manzano, Raúl Moneta, Eduardo Eurnekian.

Las operaciones en Santa Cruz han sido las más difíciles de defender. La provincia descalificó desde un primer momento a YPF (en 2006 todavía no se había incorporado el socio argentino), Petrobras, Pluspetrol y Enap Sipetrol. Después entregó 14 áreas, por mitades, a los ultrakirchneristas Cristóbal López (Oil M&S) y Lázaro Báez (Epsur y Misahar). En el radicalismo santacruceño afirman que Báez apenas comenzó los trabajos de explotación. López, por su parte, habría transferido cinco áreas a Eurnekian.

La Nación