Mientras Chile discute acaloradamente su matriz energética haciendo foco en la diversificación y su impacto medioambiental, la sostenida caída en la producción y exploración de hidrocarburos en la Argentina enciende luces rojas entre los especialistas, por ahora con escaso eco social. El Gobierno apuesta al desarrollo hidráulico y nuclear para aumentar la capacidad instalada.

Por Felipe Ramírez Mallat.- Hace poco más de dos semanas, unas 40 mil personas se dieron cita frente al Palacio de La Moneda, en Santiago de Chile. ¿La razón? Manifestarse en contra de la construcción de cinco centrales hidroeléctricas en la Patagonia trasandina, un proyecto ya aprobado que ha logrado movilizar fuertemente a la apática sociedad chilena. De todos modos, aunque hubo sorpresa por la cantidad de personas que se reunió en contra de HidroAysén, no hay casualidad. El año pasado, la construcción de la central de Barrancones, un proyecto de energía termoeléctrica a cargo de la francesa Suez Energy, debió ser relocalizado debido a las protestas en contra de la contaminación del Parque Nacional Punta de Choros, en el norte del país.

Es que esos 40 mil manifestantes vienen a reafirmar la preocupación que existe en Chile, no sólo en torno a la problemática medioambiental, sino a la energía en su conjunto.

En Buenos Aires, al mismo tiempo que en Chile se aprobaba el proyecto de la polémica, el grupo formado por los ocho ex secretarios de Energía desde el retorno a la democracia presentaba un documento donde se advertía sobre la sostenida baja en la producción y las reservas de hidrocarburos, en un llamado de atención hacia la política gubernamental respecto del tema.

La gran polémica chilena

HidroAysén, el megaproyecto hidroeléctrico que implica una inversión de u$s 4 mil millones y un tendido eléctrico de más de dos mil kilómetros -la llamada carretera eléctrica- se ha dado luego de un amplio debate en torno a la energía en Chile. Si bien el proyecto contó con la aprobación del Comité de Evaluación Medioambiental y la iniciativa se tramitaba desde tiempos de Michele Bachelet, el costo político corrió por cuenta de Sebastián Piñera. Hoy un 74% de los chilenos rechazan su implementación.

El ministro estrella del presidente, Laurence Golborne, a quien hace unos meses se le había encomendado la tarea de hacerse cargo de Energía (más Minería) justo antes de desatarse el conflicto decidió tomarse dos semanas de vacaciones, pero éstas duraron tres días tras el llamado a funciones hecho por el mismísimo mandatario.

Luego de apoyar el proyecto, el ex presidente Ricardo Lagos cambió de posición de un día para otro, pasando a poner atención en las contrariedades medioambientales; la ex presidenta Bachelet guardó un cómodo silencio y los principales personeros de la Concertación, otrora impulsora, se sumaron alegremente a las críticas, a pesar de que su último candidato presidencial, el ex presidente Eduardo Frei Tagle, fuera -y aún es, en un acto de consecuencia- uno de sus principales defensores.

Pese a los sondeos en contra, el Gobierno pidió que la necesidad energética se abordara como asunto de Estado. Y aguardó el chaparrón de la crítica ciudadana. Encima de todo, las protestas se daban justo un día antes de la cuenta pública presidencial. En su discurso, Piñera, sin mencionarlo, defendió el proyecto y criticó a los gobiernos de la Concertación. En eso estaba cuando un grupo de opositores desplegó carteles de “Patagonia sin Represas”, la organización que agrupa a más de 50 ONGs en contra del proyecto. En fin, el ambiente está caldeado por la energía.

Es que la obligación de satisfacer el consumo eléctrico que demanda el crecimiento económico genera una necesidad de producción cada vez mayor en todas partes. Hoy por hoy, la mayoría de los países con ansias de desarrollo tienen como objetivo avanzar hacia la independencia energética o, al menos, a lo más cerca de ella que se pueda.

Si bien Piñera ha fijado como meta que su administración siente las bases para que hacia 2020 el 20% de la matriz energética esté compuesta por energías renovables, la mayoría de los estudios apuntan a la dificultad de alcanzar dicha meta.

Hoy la paleta chilena está compuesta por energía hidráulica (37%), combustibles fósiles (carbón, gas y petróleo, casi un 60%) y energías renovables no convencionales (ERNCs, poco más de un 2,5%), dejando fuera a la energía nuclear. Luego del terremoto de Japón, esta opción parece haber sido enterrada para siempre.

Si bien el uso del gas y el agua deberían bajar, en las proyecciones especializadas el carbón tendería a aumentar con fuerza, significando para 2030 un tercio de la matriz energética chilena. Es la energía más barata, con un costo de entre u$s 45 y u$s 50 el megavatio/hora (a diferencia de ERNCs, como la energía solar, cuyo costo supera los u$s 60), pero con la que se corre el riesgo de tener pan para hoy y hambre mañana. La atención sobre la huella de carbono de los productos está siendo seguida con atención por los consumidores de los principales mercados mundiales, algo a lo que Chile debe estar atento porque la mayor parte de su economía está basada en el comercio internacional, lo que podría traerle complicaciones en un futuro impulsado a carbón.

“Con las tasas de crecimiento proyectadas, Chile debería aumentar la capacidad de su parque energético desde los 14 mil megavatios actuales a unos 25 mil megavatios hacia 2020”, dice el abogado de Grupo Vial en Santiago, Arturo Brandt. El especialista sostiene que el debate en Chile refleja dos posturas que, aunque antagónicas, es posible llevarlas juntas a buen puerto. Por un lado están quienes priorizan el precio como la variable más importante, con poca consideración medioambiental y que se inclinan por la opción de las termoeléctricas impulsadas a carbón. En la vereda contraria se encuentran quienes, con prioridad ambiental, promueven una diversificación inmediata del sistema hacia las ERNCs, descuidando el traspaso gradual que este proceso debe tener para no impactar negativamene en la economía.

Sobre HdroAysén, Brandt dice que por ahora la salida podría pasar por una suerte de “nacionalización” de la carretera eléctrica, un tendido que entre la Patagonia y el centro del país debería recorrer unos dos mil kilómetros. En un país de no más de 400 kilómetros de ancho, se trata de una vía muy codiciada a utilizar.

Si bien en el proyecto inicial el uso del tendido sería de propiedad exclusiva de los desarrolladores (la sociedad hispano-chilena Endesa-Colbún), se está evaluando una modificación que lo convierta en un bien público. De esta forma, cualquier desarrollo de ERNCs podría “colgarse” al tendido, costeando la producción, pero ahorrándose parte del transporte.

En caída libre

Según datos de la Secretaría de Energía, hoy la Argentina cuenta con una potencia instalada total de poco más de 32 mil megavatios, potencia que a 2025 debería llegar a los 50 mil megavatios.

En la paleta energética actual, las principales fuentes de generación son de origen fósil -gas y petróleo-, con un 59% del total, e hidráulica, con un 35%. Según el organismo dependiente del Ministerio de Planificación, su objetivo es alcanzar las metas propuestas a través de un incremento en la capacidad instalada, con mayor preponderancia de las energías hidroeléctrica y nuclear.

De acuerdo a los números de la cartera dirigida por Daniel Cameron, entre 2003 y 2010 la producción de petróleo disminuyó un 18% y la de gas un 8%, todo dentro de un contexto de demanda interna creciente y precios en alza.

Según el grupo de los ocho ex secretarios de Energía desde el retorno a la democracia agrupados en el Instituto Argentino de la Energía, las reservas de petróleo cayeron un 11% entre 2003 y 2010, mientras que las de gas lo hicieron en un 43%. Esto explicaría el viraje adoptado por el Gobierno, que apuntaría a tratar de dejar de negociar precios de importación para el gas boliviano que suple la demanda interna, para producir energía propia a partir de nuevos desarrollos.

El grupo de los ocho -integrado por Emilio Apud, Julio César Araoz, Enrique Devoto, Roberto Echarte, Alieto Guadagni, Jorge Lapeña, Daniel Montamat y Raúl Olocco- ya propuso un plan para generar una política de Estado para el sector de hidrocarburos que trascienda al gobierno de turno, reposicionando a la Argentina como un productor neto en el área.

El plan, que apuesta a una reinstitucionalización del sector energético a través de una nueva ley de hidrocarburos, propone una reforma a los marcos regulatorios del gas natural y eléctrico, y la creación de una Agencia Nacional de Hidrocarburos que permita coordinación política, técnica y económica entre Nación y provincias. Esto implicaría la realización de auditorías periódicas a las reservas de hidrocarburos y la explotación de los yacimientos, y una política exploratoria coordinada tanto en la zona continental como en el océano.

Según el grupo, el sector de hidrocarburos se ha descapitalizado en u$s 100 mil millones en los últimos ocho años, con un aumento de las importaciones en un promedio de 700%. Pero por ahora son sólo propuestas sin demasiado eco social. Tal vez, para calentar el debate, como al otro lado de la cordillera, faltan protestas.

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