El bloque Encuentro Popular pedirá a la gobernadora que no apele

La violación al derecho de acceso a la información pública fue corroborada por la jueza Adriana Rapossi, a través de un fallo que ordena entregar copia de los contratos petroleros en proceso de renegociación. Hasta ahora el gobierno aseguró que no existían y que sólo se habían adjudicado áreas por decreto, pero la magistrada luego de analizar la documentación, concluyó que junto con los decretos “se han suscripto los contratos pertinentes, con sus respectivas obligaciones”. El ocultamiento de información de acceso público de parte de la gestión Ríos había dado lugar a una acción de amparo por mora, con sentencia favorable a Verónica De María, quien había hecho el requerimiento. En otro orden, la legisladora dijo que “los noticieros realmente dan vergüenza” y que no ve diferencias entre Ríos y Manfredotti en este punto. Hubo críticas al ex periodista Silvio Bocchicchio, actual funcionario y candidato del PSP: “Está mostrando un grado de servilismo que espanta”, disparó.

La legisladora Verónica De María dio detalles del fallo judicial y el proceso previo a la sentencia de la jueza Adriana Rapossi, tras varios meses de espera sin que el gobierno diera respuesta satisfactoria a varios pedidos de informe, vinculados con la renegociación de contratos petroleros.

Precisó que el 31 de marzo había realizado una presentación a la justicia provincial, “invocando el derecho a la información, tras no recibir respuesta”, y recordó que “entre los meses de enero y febrero comenzamos a solicitar información al Ejecutivo provincial que tenía que ver con la renegociación de los contratos petroleros, entre otras cosas las deudas que se están reclamando a las petroleras que pretenden prorrogar los contratos, y los contratos mismos que son la base de la negociación”.

Sobre la demanda judicial indicó que fue hecha “en el marco de la ley 653, que es la ley de acceso a la información, entendiendo que la información es pública”, y diferenció la conducta del área de Economía, que había dado respuesta desde su competencia, a diferencia de la Secretaría de Hidrocarburos.

En la dependencia a cargo de Eduardo D’Andrea faltó información y sobraron excusas: “La primera respuesta fue que los contratos no formaban parte de los expedientes porque no lo consideraban ‘información pertinente’. Es decir, se estaban renegociando los contratos petroleros sin los contratos como base de información de lo que se estaba negociando. Ante esta respuesta, insistimos en pedir los contratos y ahí es cuando nos dicen que los contratos no están, y que en realidad se trata de concesiones por decreto. Volvimos a insistir con el tema de los contratos petroleros y, ante la falta de respuesta, presentamos un amparo por mora ante la justicia, como prevé la ley 653”, detalló.

Aclaró que no se le pidió a la Justicia que investigue el tema de los contratos petroleros “pero sí que nos ampare en esta solicitud de acceso a la información, por la mora que se está produciendo. La jueza toma nuestra denuncia, hace el descargo el gobierno, la jueza meritúa nuestros argumentos y los del gobierno, y resuelve que el gobierno tiene quince días para facilitarnos los contratos petroleros, ratificando en su fallo que los contratos son de existencia real”, remarcó.

De María barajó que “el gobierno, cuando recibió a través de la ley corta la facultad de renegociar estas concesiones, indudablemente debe haber receptado también estos contratos. Si no lo hizo, debiera habérselo reclamado al gobierno nacional. Pero los contratos están y existen contratos originarios”, reiteró, con lo cual queda expuesta la mentira oficial sobre este punto.

La legisladora consideró “grave” que de parte del gobierno “no se hayan preocupado por conocer los términos de esos contratos, para luego establecer si esos términos se renegocian o se prorrogan, o si se cumplieron o incumplieron total o parcialmente y qué condiciones están prorrogando”, y dijo que “desde nuestro lugar es una obligación solicitar esta información”.

Transparencia olvidada

Consultada sobre esta contradicción entre el partido que promovió la ley de acceso a la información en 2004, y logró su sanción en el mes de diciembre de ese año, con la actitud que muestra ahora, De María lamentó el ‘olvido’ de estos principios rectores que fueron una de las banderas del ARI.

“Cualquier ciudadano puede hacer uso de la ley 653, y yo lo hice en mi doble carácter de ciudadana y legisladora. Como ciudadana lo tomo con la naturalidad de un derecho que me asiste si no me satisface lo que las autoridades han publicado o nos dejan a disposición. Lamento profundamente que el gobierno de Fabiana Ríos y sus funcionarios se hayan alejado de aquellos principios, aquellos límites y aquellas cuestiones que le dieron sentido a su propia gestación. La verdad no me cuesta presentar la 653, porque ellos tienen la obligación de informar, y que la información sea de acceso público, facilitarla. A mí me asiste el derecho de requerirla”.

Para la legisladora este cambio “es una demostración más de que eligieron mesas chicas, cortoplacistas, con resultados de negocios y salvatajes económicos probablemente, y lamentamos que hayan elegido este camino con recursos como los hidrocarburíferos”, expresó.

Pedido de no apelar

Con respecto a los pasos a seguir, dijo que la semana próxima girarán un pedido especial como bloque para que la gobernadora no apele y acate la sentencia. “La jueza le da quince días al gobierno para presentar los contratos. Por supuesto gobierno tiene la posibilidad de apelar este fallo. El lunes estaríamos presentando como partido político un pedido a la gobernadora para que no apele el fallo de la jueza Rapossi y le dé cumplimiento, porque es información esencial y apelarlo sería demorar y obstaculizar el acceso a la información”, manifestó.

No pudo adelantar si tendrán acompañamiento en este reclamo de parte del resto de los bloques, pero con el propio alcanza: “Para nosotros el tema es de gravedad y de urgencia, y ojalá que estén de acuerdo con esto. Es una decisión de nuestro partido pedirle a la gobernadora que no apele el fallo”, subrayó.

Críticas a Bocchicchio por el manejo de medios públicos

Un “servilismo que espanta”

“Los noticieros realmente dan vergüenza” dijo De María, que no ve diferencias entre Ríos y Manfredotti en este punto. Hubo críticas al ex periodista Silvio Bocchicchio, actual funcionario y candidato del PSP: “Está mostrando un grado de servilismo que espanta”, disparó.

En otro tramo de la entrevista, la legisladora Verónica De María, periodista de larga trayectoria antes de incursionar en la política, opinó sobre el manejo de los medios públicos y en particular sobre el desempeño de Silvio Bocchicchio, en quien observa “un servilismo que espanta”.

Apuntó a los noticieros, ocupados por la propaganda política del partido gobernante, y hasta con problemas en los canales para que se televisen pautas pagas de otros partidos. “En realidad creo que al gobierno provincial lo están salvando en cuanto a imagen de pluralidad algunos programas de neto corte político que están por fuera del horario central, y por la noche. Creo que están blanqueando la situación vergonzante del contenido del noticiero, a través del trabajo de periodistas que tienen programas políticos. Los noticieros realmente dan vergüenza. Entre el noticiero del gobierno de Fabiana Ríos, fundamentalmente este último año, y los noticieros de la época de Manfredotti y Gallo, yo no encuentro diferencia”, aseguró.

“Cambian las caras, los nombres de los funcionarios, pero la verdad es una vergüenza. Salen hablando los mismos funcionarios, que son los candidatos oficiales a estamentos municipales, legislativos. Evidentemente alguien ha pensado que ese es el camino, a nuestro juicio equivocado. Será un camino de intento de éxito corto”, consideró De María.

En cuanto al rol de Silvio Bocchicchio, presente a diario a través del twitter donde más que informar critica voces opositoras, lamentó el servilismo al que llegó después de varios años como periodista en medios privados. “Yo no tengo la posibilidad de discutir o debatir con él, tampoco sé si me interesa hacerlo. Lo que sí, no esperaba que tuviera estas prácticas. Respecto al uso de las redes sociales, yo no soy de tuitear fundamentalmente porque no tengo Blackberry. Encuentro que (el twitter) tiene un enorme valor, pero lo propagandístico, la respuesta permanente a cualquier observación que se quiera hacer y fundamentalmente de chicana, me parece que no corresponde a un funcionario del área de Medios de la provincia. No es un área sencilla la de Comunicación, pero creo que está respondiendo a un esquema tradicional, con nuevas herramientas que son las redes sociales, pero está mostrando un grado de servilismo que espanta”, calificó.

Recordó que Bocchicchio, antes de asumir Ríos y durante la transición de la gestión Cóccaro, había organizado una reunión con la licenciada Artiguelongue, “para que trabajemos en temas de valores. De aquella reunión a hoy, la verdad hubo una lluvia de amnesia. Cuando uno está en un tembladeral, lo que tiene que hacer es pararse en el mismo lugar que siempre se paró. Ahí se habló de tantos valores, pero bueno, se olvidaron”, señaló.

En contraste con ese olvido, De María dio cuenta de los spots publicitarios de Encuentro Popular, en los que explican qué pasó con el partido. “Mucha gente todavía se identifica con la gestión aunque hace casi dos años que quedaron afuera por la decisión de los funcionarios del gobierno de cerrar negocios y formas de actuar sin controles internos, sin miradas, sin críticas, y nosotros les molestábamos. Hicimos un primer spot explicando esto, y decimos que estamos parados en el mismo lugar. Hemos aprendido por supuesto y somos los que sostenemos los mismos principios de siempre. Por eso no estamos más en el gobierno”, sentenció.

Satisfacción por la reaparición de Preli en escena

“La ambición le ganó a la construcción”

La legisladora De María consideró importante la explicación pública de la ex secretaria general Liliana Preli sobre su salida del gobierno. Sostuvo que sirve para confirmar que en la gestión Ríos “la ambición le ganó a la construcción”.

La ex secretaria General Liliana Preli, entre otras cosas habló de la persecución dentro del gobierno que debió sufrir y las irregularidades que se negó a acompañar y marcaron su salida. “Me alegro que Preli explique cuáles son los motivos, porque yo tampoco conocía qué había pasado –dijo De María-. Cuando nosotros necesitábamos articular con el gobierno a través de la Secretaría General, con ella lo pudimos hacer. Creo que de lo que explica se desprende cómo fue la construcción de poder adentro mismo de la Casa de Gobierno, conducida por Fabiana Ríos; cómo se fue imponiendo la centralidad en un núcleo reducido de ministros y funcionarios, que son los mismos funcionarios que hoy integran esta opción de elecciones por parte del partido de la gobernadora”, sostuvo.

Insistió en que la de Ríos “es una construcción muy pequeña, muy llena de estructura, de poder formal que significa estar en un gobierno y decidir sobre determinadas cuestiones, pero que de ninguna manera amplía la base de sustentación”.

“Nosotros tuvimos un sentido utilitario para un determinado grupo reducido, mínimo, de personas que tenían enormes ambiciones, y lamento que hayan tenido esta relación utilitaria con un grupo importante de compañeros”, apuntó.

Advirtió que “el costo que pagaron o que van a pagar por haberse desprendido de esos compañeros es realmente muy grande, porque hacían un aporte muy importante. Creo que la ambición le ganó a la construcción”.

Con respecto al apoyo que darán en la segunda vuelta, no lo quiso anticipar: “Después de la primera vuelta habrá discusiones internas, de las que por supuesto participaremos todos y opinaré dentro del partido sobre los pasos a decir. La decisión se tomará en una discusión interna con todos los afiliados y los compañeros”, concluyó la legisladora.

En la sentencia queda expuesta la verdad que se ocultaba

Los contratos que no estaban, los encontró la jueza

La sentencia de la jueza Adriana Rapossi es contundente respecto de la afirmación sobre la existencia de los contratos petroleros que el gobierno negaba. En la primera parte la magistrado repasa el pedido de informes realizado por Verónica De María, con la expectativa de conocer “las áreas que se encuentran enmarcadas en el proceso de renegociación de los contratos petroleros”; contar con “copia certificada de todos los contratos alcanzados por la renegociación”; más un detalle de las “condiciones mínimas establecidas por el Ejecutivo para esa negociación”; y las “alternativas previstas ante la posibilidad de fracaso en este proceso”.

También cita que en la presentación judicial, De María habla de una “omisión continua, arbitraria e injustificada” de parte del gobierno.

Menciona que el primer pedido de informes data del 12 de enero de 2011, hace más de cinco meses, y que como respuesta la legisladora obtiene una nota del Subsecretario de Hidrocarburos, donde dice que los contratos “no obran en los expedientes de renegociación” y que “no se considera pertinente incorporarlos”.

Continúa reseñando la segunda nota de la legisladora, donde se vuelve a pedir copia de los contratos.

Más adelante la jueza sintetiza el descargo del gobierno, presentado a través de la Dra. Solange Verón, en carácter de apoderada de la gobernadora Ríos. Allí reitera que los contratos no se encuentran en poder de las áreas de gobierno ni están incorporados a los expedientes administrativos. La abogada recuerda que el gobierno convocó a una conferencia de prensa a comienzos de abril para explicar este tema, donde se dio a conocer la inexistencia de estos contratos, porque las concesiones fueron otorgadas por Decreto.

Tras analizar la documentación que ambas partes ofrecen como prueba, la jueza determina que las concesiones fueron otorgadas “por Decretos Nacionales en el marco de un Concurso Público Internacional” y considera necesario destacar que “en ese contexto se han suscripto los contratos pertinentes, con sus respectivas obligaciones”, aunque el gobierno sostenga que no es necesario agregarlos para la renegociación.

“La amparista, como ciudadana, tiene plena legitimidad para requerir las copias de los contratos indicados; más aún si lo que está por realizar el Estado no es ni más ni menos que la renegociación de explotación de recursos naturales con clara incidencia en el futuro de la población”, sostiene Rapossi.

En consecuencia considera que la respuesta parcial e incompleta que dio el gobierno, habilita a la acción de amparo por mora y observa que “los informes carecen de entidad suficiente para ser considerados satisfactorios”.

Hace lugar entonces a la acción de amparo, que se inició “en razón de la reticencia y denegatoria de la administración pública de proporcionar la información y documental solicitada”.

En la resolución, “ordena al Estado Provincial que haga entrega de las copias de los contratos petroleros alcanzados por la renegociación”, impone costas al gobierno y regula honorarios a las abogadas de ambas partes.

Provincia 23