El martes de la semana pasada, un grupo de trabajadores desocupados de Coronel Solá (más conocido como Morillo), fueron reprimidos por Infantería tras frenar topadoras y solicitar trabajo a empresas contratadas por petroleras.

La noticia comunicada por el diputado de Rivadavia, Jesús Villa, fue ratificada por los trabajadores que recibieron balas de gomas, y gases lacrimógenos el martes 14 de junio pasado, cuando se encontraban sobre la ruta nacional Nº 81, deteniendo el paso de las topadoras.

Según lo relatado, no medió orden judicial alguna para llevar adelante el desalojo de cerca de 60 personas que participaban del reclamo y corrieron “por la ruta vieja, el monte o las vías del ferrocarril” para escapar de la represión. Una persona quedó detenida hasta la tarde.

Se agregó que el desalojo fue instrumentado por la Policía de la provincia, y no por la Gendarmería, como correspondería por la jurisdicción.

Tras la represión, contaron los trabajadores, las topadoras empezaron a hacer picadas de unos cuatro metros, por trescientos de largo, y desmontaron otras dos hectáreas a fin de levantar allí el campamento para comenzar con las exploraciones aprobadas para la empresa Maxipetrol.

Los trabajadores de Morillo, que sólo a veces pueden tener trabajos temporarios o “changas” si es que no tienen un puesto en la administración estatal, se habían enterado que la empresa Wicap comenzaba con los trabajos para Maxipetrol. Ante ello, montaron guardias desde el sábado anterior a la represión, para esperar a la empresa y pedir puestos de trabajo. Y es que a ese momento, habían llegado al lugar tres topadoras “para armar”, contaron los trabajadores a Nuevo Diario.

“Recibimos capacitación sobre exploración y explotación”, indicaron al comentar que en esos cursos se hablaba de los impactos ambiental y social, y la necesidad de evitar (siempre que se pueda), el uso de las topadoras. A ello, los trabajadores sumaron el argumento de que Rivadavia es uno de los cuatro departamentos en los que está prohibido desmontar. Indicaron que la propuesta es que se abran las picadas con “trocha a machete y motosierras”. Pero estos trabajos duran 6 meses e involucran más puestos de trabajo que los 40 días en los que la empresa espera hacer los trabajos con topadoras, y para lo cual empleó a solo 6 de los casi 80 trabajadores que solicitaban ser tomados.

Los trabajadores explicaron que muchas veces deben irse a otras provincias o lejos de sus viviendas “por cualquier dinero” que ofrecen en las fincas, recurso que no les alcanza. Por los desmontes, ya se hicieron las denuncias ante los titulares de la Agencia de Bosques Nativos, del Ministerio de Ambiente, a fin de que la provincia intervenga en la situación.
Nuevo Diario de Salta