Por Emma Gascó y Martín Cúneo / Lima (Perú)

Miguel Palacín fue uno de los fundadores de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI) y hoy es coordinador de la Confederación Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI). En esta entrevista, realizada en Lima antes de la segunda vuelta de las elecciones, repasa la situación del movimiento indígena en Perú.

-La vuelta a escena de Ollanta Humala supone un cambio en el panorama político. ¿Han influido las movilizaciones de 2009 y 2010 en este cambio?

M.P.: Ollanta acumula todo el descontento social, pero no es quien debería estar en ese escenario. Los movimientos indígena, campesino, sindical y ambientalista hemos sido excluidos y derrotados antes de la inscripción de listas. Las reglas están pensadas para eso. Y Ollanta ha girado al centro. Ha tenido que decir que va a conservar el modelo económico, que no va a cambiar la Constitución. Pero los movimientos piden un cambio de modelo, un modelo que persigue y mata dirigentes. Todo el discurso de los medios de comunicación, de los analistas, es que el modelo es excelente y no podemos cambiarlo.

-¿Qué peligro de cooptación existe ante un Gobierno de Humala?
M.P.: La experiencia de Bolivia nos sirve para no cometer los errores que se han dado. Nuestra naturaleza misma no se ve cambiada, no tenemos nada hipotecado. Todo lo contrario. Puede pasar lo que ocurrió en Ecuador con Rafael Correa, que está criminalizando el movimiento. Es mejor mantener esta independencia política. Después de la guerra interna atroz [entre Sendero Luminoso y el Estado] que nos dejó desarticulados, el movimiento ha logrado entrar en un proceso de crecimiento.

-Si Perú va a la cola en cuanto a tener un presidente ‘progresista’, ¿también va a la cola en cuanto al empoderamiento de los sectores populares?

M.P.: La guerra interna generó una desarticulación enorme. Fue la derecha quien se aprovechó y quien dirigió. Con la caída de Fujimori, la gente joven logró organizarse, fue la primera aparición del movimiento social. Ahí es donde se visibiliza el movimiento indígena y campesino. Cinco años atrás aquí no había movimiento indígena, éramos simplemente campesinos, nos habían ’campesinizado’ y no teníamos un proyecto político. Pero hoy hemos logrado ser parte del movimiento social, ya no somos auditores de ONG, ahora somos actores.

-¿Crees que los sectores sociales tienen fuerza como para condicionar la política del futuro Gobierno?

M.P.: Claro. Aunque tenemos una tarea complicada, porque algunos sectores sociales, de ciudades costeñas principalmente, tienen otra agenda, hablan de redistribución de riqueza, de derechos humanos… En cambio, los que venimos del Perú real pedimos otra cosa: cambio de modelo, cambio de un Estado centralista. Hay que descentralizar y redistribuir los poderes y la riqueza y, sobre todo, consultar para tomar decisiones. Tenemos que ser dueños de nuestros recursos.

-¿Cuáles han sido los hitos para el movimiento indígena en los últimos años?

M.P.: Desde mayo de 2008 el movimiento indígena se hace visible. Acordamos cerrar en los territorios, trabajar con las bases y empezamos a hacer movilizaciones largas de 15 días, un mes… Esos fueron los levantamientos en Canchis, en Pasco, en el norte… El punto álgido del choque con el Estado fue Bagua [levantamiento indígena en 2009 por las leyes que abrían la selva a las multinacionales]. Bagua señaló al mundo que aquí hay vulneración de derechos, que aquí se mata a gente que protesta, que acá el Estado resuelve con armas, con jueces y con fiscales y no resuelve políticamente. El escarmiento que quería hacer el Gobierno con los movilizados le salió al revés. Los que llevaron armas, los que fueron a matar, murieron. Un hecho sin precedentes, no sólo por las muertes sino por su significado. Y el Estado todavía no sabe cómo explicar lo que pasó, porque no hay pruebas. Porque los principales responsables fueron Alan García y Meche Cavanillas.

-En todo este empoderamiento, ¿qué papel tuvo la lucha contra la minería?

M.P.: Ésa es una de las primeras agendas. La minería está en todos los territorios: en la costa, en los Andes y en la Amazonía. Cuando el Estado entrega concesiones no consulta. Y cuando la gente dice “no”, el Estado empieza a perseguir, a criminalizar. Los muertos siempre son pobres, son campesinos en resistencia contra la minería. Hay gente que tiene hasta 20 juicios, hay gente que está en cárceles.

-¿Qué resultados concretos ha tenido la lucha contra la minería?

M.P.: En 2002 se logra convocar la consulta en Tambogrande; y en 2006, la de Ayabaca y Huancabamba. Después vinieron la consulta de Tacna y la de Tía María. Todo un proceso de consulta, con mandato de la ONU, a través del informe de un relator de los derechos de los pueblos indígenas. El Congreso aprobó la ley de consulta previa, pero el Gobierno objeta que en el país la que rige es la Constitución actual y que los recursos naturales son patrimonio del Estado. Pero el convenio 169 de la OIT, que obliga a la consulta, ha sido ratificado en el año ‘94, por lo que es ley nacional. El Gobierno está obligado a consultar a las comunidades.

-¿Cómo ha evolucionado el tema de la invisibilización del indígena en Perú, el aculturamiento en las ciudades?

M.P.: Perú es un país muy racista y Lima es el espejo de ese racismo. Si alguien viene hablando quechua aquí es excluido, si vienes con el sombrero es porque formas parte del folclore. Y tus propios paisanos te miran así. ¿Por qué? Porque la educación está hecha para eso, para el odio y para el olvido. Todas las constituciones políticas del Estado se han hecho contra los indios y sin los indios. Todos los textos escolares se han hecho desde una óptica occidental limeñista y mirando al mar o a Washington. Cuando vas a la escuela y hablas en quechua te golpean, cuando no pronuncias bien el castellano eres objeto de burla, eso pese a que Lima tiene un 70% de migrantes y quechua hablantes. Hay dos Perú: el Perú legal, que es Lima, y el Perú real.

-¿Cual crees que es la diferencia con Bolivia, donde parece que se han mantenido más la identidad indígena?

M.P.: Hemos vivido procesos distintos, desde la misma colonia. Aquí fue tan dura la colonización que el que se revelaba pagaba con sangre junto con toda su generación. Cuando se sublevó Tupac Amaru murieron 150.000 personas. Todos los países están celebrando el bicentenario. En el Perú todavía nos faltan 13 años. Fue el último país en lograr la libertad y no la hicieron los peruanos. San Martín peleó para que se proclamara la independencia del Perú en la plaza de Armas, pero sin indios. Los indios estaban en el cerro San Cristóbal y no se les permitió ingresar. Sólo fue un traspaso de mando de la colonia a los hijos de la colonia. Reconocieron a los indios en 1919 y la lucha fue hasta la década del ’60, cuando se hace la reforma agraria y se les devuelven las tierras, pero no el territorio. En 1993 Fujimori borra dos derechos de los pueblos indígenas: que las tierras son inembargables, imprescriptibles e inalienables. Ahora se pueden vender y se pueden hipotecar. Con la reforma agraria se devolvieron las tierras y también se crearon cooperativas. El problema es que estas cooperativas, de a poco, se han privatizado. Y hoy hay cooperativas que están controladas por bandas armadas. Aparte, antes había un límite de 2.000 hectáreas, ahora se puede llegar a 40.000 Ha. Se está volviendo, de manera disimulada, al latifundio.

-¿Por qué se dice que Perú es un paraíso para las multinacionales?

M.P.: La madre del cordero es la Constitución, que da prioridad a la propiedad y la inversión privada. Fujimori sacó además un conjunto de leyes que beneficia a la inversión. Si tú has firmado un contrato de estabilidad económica y jurídica, eso está por encima de la Constitución, porque es un contrato entre el Estado y la empresa. Es fácil matar a quien protesta y es dueño de la tierra. Ésa es la seguridad jurídica. Hay aproximadamente unos 16 millones de hectáreas concesionadas en la región amazónica y en la andina más de 24 millones. Todos territorios indígenas. Y, poco a poco, va apareciendo el otro imperio, el brasileño, que con sus empresas va logrando concesiones para hacer enormes hidroeléctricas, para hacer vías de integración, como el famoso IIRSA. Y todo esto lo están haciendo Gobiernos ’progresistas’ como el de Evo, Chávez o Correa.

-¿Es un buen momento para los movimientos sociales?

M.P.: El movimiento social no madura porque uno quiera, el movimiento social madura cuando llega el momento. Aquí tenemos dos corrientes: los movimientos sociales de después de los ’90 y los de antes. Todavía la práctica de las organizaciones de antes es muy caudillista, arribista… Eso va a desaparecer. El movimiento social es otro. Es el que está en la calle vendiendo sus productos en la mañana y en la tarde sale a luchar. La lucha está en el campo. La clave es cómo articular esa lucha más allá.

Los movimientos contraatacan