Campesinos se movilizaron el miércoles en Tartagal, con una marcha que salió desde el juzgado a cargo de Ana María de Feudis, para reclamar por el cumplimiento de la ley provincial que ya dispuso la suspensión de los desalojos en tierras rurales hasta tanto se haga un relevamiento y regularización de tierras.

De Feudis es mencionada como la magistrada que en la mayoría de las causas en las que se disputa la propiedad de la tierra, ha ordenado desalojos en contra de los campesinos, haciendo lugar así al pedido de las empresas. Hasta ahora, la jueza se ha negado a reconocer la Ley Provincial que suspende los desalojos.

La marcha campesina se hizo tras una audiencia convocada por de Feudis en el marco de una causa entre campesinos y Doble Zeta SRL, en tierras que se encuentran a 25 kilómetros de Morillo, en Rivadavia.

Ayer ocho de las familias que la empresa quiere desalojar en tierras que dice haber comprado a fines del año pasado, se presentaron en una audiencia convocada por la jueza.

La intención del encuentro entre las partes involucradas en la causa judicial fue encontrar un acuerdo que satisfaga a ambas partes.

El hecho es que las familias reclaman unas superficies de no menos de 900 hectáreas. Ayer, la empresa ofreció reconocerles solo 400 hectáreas. Ante ello, no hubo acuerdo alguno.

Entre las familias que reclaman sus tierras en las superficies conocidas como Finca La Juanita y Santafesina se encuentran: la familia Rodríguez, del paraje El Palmar, familia Guerra del paraje Los Llanos, Ortíz del Simbolarcito, la familia Cruz del paraje Los Toros, Ferreyra del paraje El Peligro, y las familias Orquera y Romano del paraje El Chañar.

Entre las pruebas que se sindican como necesarias para demostrar desde cuando habitan estas tierras, se hallan los cementerios que al menos tienen unos 35 años.

Por ahora, según se indicó, quedó abierta la posibilidad de una nueva convocatoria a audiencia a fin de establecer los marcos de un nuevo acuerdo.

Nuevo Diario de Salta