Campesinos e indígenas llevan 41 días de protestas contra las concesiones mineras en Puno. Se oponen a las minas a cielo abierto de una empresa canadiense. Hay 35 heridos de bala.

Los violentos enfrentamientos que se registraron ayer en el aeropuerto de Juliaca, en la provincia peruana sureña de Puno, dejaron ya cinco muertos y cuatro policías fueron declarados desaparecidos tras el incendio de una comisaría en Azángaro, en el mismo departamento.

Los choques se dan en el marco del extenso paro -ya lleva 41 días- de campesinos e indígenas que se cumple en Puno en contra de las concesiones mineras que otorgó el gobierno nacional en la región, fronteriza con Bolivia.

Los muertos por el enfrentamiento entre manifestantes que intentaban tomar el aeropuerto de Juliaca y la policía que los reprimió eran tres, pero a la noche esa cifra subió a 5. Entre los fallecidos hay una persona que recibió un balazo en el interior de su casa.

Medios locales citados por la agencia ANSA detallaron, además, que en el hospital Carlos Monje Medrano fueron atendidas alrededor de 35 personas, en su mayoría heridas de bala. A la morgue del hospital ingresaron los cuerpos de Raúl Cancapa Huaricallo, de 38 años; Féliz Edwin Yrpanoca Turco, de 20; Petronila Coa Huanca y de una persona no identificada.

Grupos de manifestantes rodearon desde la mañana de ayer el aeropuerto Inca Manco Capac, de Juliaca, en la región de Puno, y atacaron el cerco perimetral, mientras otros lograron llegar a la pista de aterrizaje.

La policía reprimió esas movilizaciones y comenzaron los violentos enfrentamientos en la estación aérea y sus alrededores.

En ese marco, cuatro policías de la comisaría de Azángaro, que fue incendiada por los manifestantes antigubernamentales, fueron declarados anoche desaparecidos.

El sitio de internet del diario limeño El Comercio señaló que “la Central de Operaciones Policiales de Puno informó que manifestantes incendiaron la comisaría de Azángaro, en la que se encontraban solo 12 efectivos”.

“En la violenta medida hay cuatro policías desaparecidos y las autoridades creen que estos han sido tomados en calidad de rehenes por los revoltosos”, informó el portal.

Por su parte, el coronel Herbert Rosas, jefe de la XII Dirterpol Puno, declaró a la televisora Canal N que la turba de manifestantes estaba compuesta por alrededor de 200 personas. También la radioemisora RPP informó que los manifestantes llegaron hasta el Banco de la Nación de Azángaro, en Puno, unos 1.300 kilómetros al sureste de Lima, y lanzaron piedras y prendieron fuego a la entidad financiera.

Hasta ayer, las revueltas habían estado concentradas hasta ahora en Puno, capital del departamento, y nunca se habían registrado muertes.

La agencia DPA consignó que estos graves hechos se dieron curiosamente después de que organizaciones de aymaras llegaran a un acuerdo con el Ministerio de Minas para que se cancele el proyecto de explotación de plata por parte de una empresa canadiense y para que cualquier trabajo al respecto sea consultado con las comunidades.

El presidente electo, Ollanta Humala, le pidió esta semana al mandatario Alan García que solucione los problemas pendientes y que no le deje sembradas “bombas de tiempo” para su gestión, que comenzará el 28 de julio.

Los Andes

Cuatro muertos por balas policiales en una protesta de mineros en Perú

La sucesión de protestas sociales, respondidas con una dura represión policial, se da cuando falta un mes para que Alan García deje el gobierno. Las muertes se produjeron cuando unos cien manifestantes intentaron tomar un aeropuerto.

Por Carlos Noriega.- Una protesta contra las operaciones mineras y petroleras en la sureña región altiplánica de Puno, en la frontera con Bolivia, dejó ayer cuatro muertos y más de treinta heridos. Las muertes se produjeron cuando más de un centenar de pobladores intentó tomar el aeropuerto Inca Manco Cápac, de la ciudad de Juliaca, y se produjo un duro enfrentamiento con la policía, que los reprimió con gases lacrimógenos y balazos. Las cuatro muertes fueron causadas por las balas disparadas por la policía. Los más de treinta heridos también recibieron impactos de bala. Las principales vías de la zona han sido bloqueadas por los huelguistas.

Con estas cuatro muertes se eleva a ocho el número de fallecidos en la última semana como consecuencia de una serie de protestas sociales en varias zonas del país. A inicios de la semana, cuatro personas murieron en la región andina de Huancavelica, al sudoeste de Lima, durante las protestas de estudiantes universitarios por el recorte del presupuesto de la universidad estatal de esa región. Como en Puno, las muertes se produjeron a causa de los disparos de la policía. Luego de las cuatro muertes, el gobierno retrocedió y anuló el recorte presupuestal para la universidad de Huancavelica.

El descontento social contra el gobierno de Alan García, que vive sus últimos días, se extendió esta semana a otra región andina, Huancayo, en el centro del país, donde una protesta universitaria también fue violentamente reprimida por la policía, aunque en este caso no hubo muertos.

Las protestas en Puno, que ayer dejaron cuatro muertos, se iniciaron hace 47 días, cuando más de 25 mil campesinos aymaras se levantaron contra las empresas mineras y petroleras que operan en sus territorios contaminando el agua y las tierras de las que viven. El detonante del levantamiento campesino fue el rechazo a la pretensión de la minera Santa Ana, de capitales canadienses, de explotar plata en esa zona, lo que afectaría gravemente la actividad agrícola.

Con el pasar de los días se sumaron otros sectores de la población de Puno a la protesta campesina, que se ha extendido a toda esa región, que es la más pobre del país, con un índice de pobreza que bordea el 80 por ciento. La huelga fue levantada por unos días para las elecciones del 5 de junio, en las que resultó electo Ollanta Humala como próximo presidente, y se reanudó días después del proceso electoral. Al rechazo a la actividad minera y petrolera se ha agregado la exigencia para que se anule un proyecto para construir una hidroeléctrica que obligaría al desplazamiento de varios poblados. La hidroeléctrica forma parte de un convenio energético firmado por el presidente García con Brasil y el 80 por ciento de la energía iría a ese país, lo que ha exaltado más los ánimos contra el proyecto.

El gobierno ha aceptado anular el proyecto minero Santa Ana, pero no anular todas las concesiones mineras y petroleras en Puno como exigen los huelguistas. “Exigimos el retiro de la minería y la explotación petrolera de nuestros territorio. Eso no es negociable”, ha dicho el dirigente aymara Walter Aduviri. Horas después estalló la violencia que dejó cuatro muertos.

La sucesión de protestas sociales, respondidas con una dura represión policial, se da cuando falta un mes para que Alan García deje el gobierno y asuma la presidencia, el 28 de julio, el progresista Ollanta Humala. Esta es una pesada herencia que recibirá Humala del actual presidente. Según la Defensoría del Pueblo, en el país hay 227 conflictos sociales abiertos, 55 por ciento de los cuales han derivado en violencia. Poco más de la mitad de estos conflictos se origina en el rechazo de las comunidades campesinas e indígenas a la explotación minera y petrolera en sus territorios, que contaminan sus tierras y les dejan muy pocos beneficios económicos de las millonarias utilidades que obtienen.

Las comunidades demandan que se cumpla el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que exige que las comunidades indígenas sean consultadas antes de que se autorice la operación de algún proyecto extractivo en sus tierras, algo a lo que el gobierno de García se ha negado. En los cinco años del régimen de Alan García las protestas sociales han dejado más de 90 muertos.

El presidente electo Ollanta Humala ha señalado que cumplirá el Convenio 169 de la OIT para que los pueblos indígenas sean consultados antes de que se dé luz verde a la explotación de recursos naturales en sus territorios y ha anunciado que buscará solucionar los conflictos sociales a través del diálogo. Las protestas de Puno, donde obtuvo más del 77 por ciento de los votos, serán el primer gran reto de Humala.

Página/12