Por OPSur.- El presidente de la Asociación de Pequeños Productores del Chaco Salteño (APPCHS), Alfredo Riera, mantiene junto a otros campesinos guardias para prevenir un nuevo intento de desalojo de sus tierras, que habitan hace más de 90 años. Si bien el año pasado numerosas organizaciones campesinas lograron una ley provincial, Nº 7.658, que prohíbe este tipo de accionar, la jueza en lo civil y comercial de Tartagal, Ana María de Feudis, dictó la orden en mayo de este año. La misma fue ratificada por la Cámara Civil y Comercial luego de haber sido apelada por Riera, quien ya había ganado un juicio referido a sus tierras, en una causa finalizada en 2007. La APPCHS, junto a numerosas organizaciones campesinas y del pueblo wichi, impulsó este año la candidatura de Marcela Carabajal, integrante de la Asociación, para la Intendencia del municipio de Rivadavia, cargo que finalmente ganó y marcó un hecho inédito en el país. Todo este avance en el marco legislativo e institucional parece no corresponderse con la “cruda realidad”.

-Nos comentaba que hay un posible desalojo, que están haciendo guardias entre los campesinos para prevenir esto

[Riera]: Bueno, sí, ahora tenemos un nuevo intento de desalojo, por eso se están haciendo estas guardias. Mi familia está desde 1925 en la finca “La Matanza”, y esta señora [la demandante, Mirta Ester Vila de Guyer] dice que vinimos hace cinco años, pero también que fue mi maestra de colegio en Hickmann, una contradicción total. Esta es una causa que ya hubo intento de desalojo [en mayo de 2011; el juez de paz, policías y personas con machetes denunció la organización en su momento], pero lo logramos frenar. En 2007 gané un juicio penal que me hicieron [se lo acusó por delito de usurpación], le mostramos las pruebas y todo, pero no quisieron tener en cuenta nada de eso para esto de ahora. Ellos dicen que hace cinco años estamos acá nomás, mentiras. Dicen que va a venir el juez de paz de la zona, Flores creo, con un oficial de justicia, en algún momento.

-¿Con qué fin se estaría buscando el desalojo?

Y, yo creo que debe ser algo inmobiliario. Mis tierras están en frente de la ruta [nacional] 81, hay acceso por ahí, cerca de Hickmann. Ya en el ’81, cuando corrieron la ruta, que antes pasaba por el pueblo, nos partieron nuestras tierras, y ahora esto. Además es puro monte, acá no se desmontó nada, esta todo tal cual. Vivimos del ganado que tenemos, es nuestro único medio.

-¿Esto es un tema de usted nada más? ¿O, si bien existe la ley, hay otros intentos de desalojo?

No, no es un tema mío nada más. Una familia en Tartagal, en el Lote fiscal 7, también se la intentó desalojar por orden de esta jueza [de Feudis], pero por suerte se ha parado. La jueza tiene más de 100 causas de desalojos contra campesinos. Es un tema del valor de la tierra, que está cada vez más cara. Igualmente, contra mí tienen un tema particular, por todo el proceso de organización que venimos encarando, desde hace varios años. En el caso de los desmontes, la causa ante la Corte Suprema [de Justicia de la Nación; que frena los desmontes en cuatro Departamentos del norte de Salta], fuimos un representante wichi, y yo por los criollos. Nos empezamos a organizar por el tema de la avanzada de los agronegocios. Nosotros siempre estamos dispuestos a dialogar, incluso con los empresarios muchas veces hemos logrado que reconozcan nuestras tierras.

-¿Y ahora cómo ven las nuevas entradas de las petroleras?

Y, la verdad que no bien. Las multinacionales están entrando y haciendo destrozos. En Morillo entraron sin consultar, ni pedir permiso, con las topadoras. Entraron e hicieron unas franjas de kilómetros, siete metros de ancho, eso es desmonte y no se puede.