El secretario de Energía de la Nación, Daniel Cameron, firmó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un acta acuerdo con el gobernador Daniel Peralta, mediante el cual se establece la transferencia hacia esta provincia de las concesiones de transporte de los oleoductos María Inés-Punta Loyola y Campo Boleadoras-Punta Loyola, entre otras

Luego de la rúbrica, que se realizó en el marco de la agenda de actividades que desplegó el mandatario provincial en la metrópolis, se dieron directivas para formalizar la transferencia de todas las concesiones de transporte de hidrocarburos cuyas trazas comienzan y terminan dentro de territorio santacruceño.

De esta manera, las concesiones que comienzan a ser administradas por la Provincia son los oleoductos María Inés-Punta Loyola, Campo Boleadoras-Punta Loyola, Campo Boleadoras-Gasoducto General San Martín, Gasoducto la Terraza-Gasoducto general San Martín, Gasoducto Océano Chimen Aike, Terminal Marítima de Caleta Olivia y Terminal Punta Loyola.

En su carácter de Autoridad de Aplicación, Santa Cruz tendrá la potestad, a su vez, para otorgar nuevas concesiones de transporte, además de “ejercer las funciones de contraparte de los permisos de exploración, las concesiones de explotación y de transporte de hidrocarburos objeto de transferencia”, según la Ley 26.197.

OTRAS FACULTADES

La Provincia también está facultada para “ejercer en forma plena e independiente las actividades de control y fiscalización de los referidos permisos y concesiones, además de cualquier otro tipo de contrato de exploración y/o explotación de hidrocarburos otorgado o aprobado por el Estado nacional; exigir el cumplimiento de las obligaciones legales y/o contractuales que fueran de aplicación en materia de inversiones, explotación racional de los recursos, información y pago de cánones y regalías; disponer la extensión de los plazos legales y/o contractuales y aplicar el régimen sancionatorio previsto en la Ley 17.319 y su reglamentación”, que refiere a multas, suspensión en los registros, caducidad y cualquier otra sanción prevista en los pliegos de bases y condiciones o en los contratos.

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