Por Gonzalo Ortiz.- “Ecuador no esperará ad infinitum” la decisión de la comunidad internacional, y “a fines de año” el presidente Rafael Correa decidirá si se explota el petróleo que se había decidido dejar bajo tierra en los campos del amazónico parque Yasuní, advirtió este martes el ministro de Recursos Naturales no Renovables, Wilson Pástor.

La declaración no tendría nada de novedoso si no fuera porque Pástor reveló detalles del plan de explotación: se excavarán 14 pozos con una inversión de 8.600 millones de dólares, con una tasa interna de retorno extremadamente atractiva, de 99 por ciento.

Más aún, el ministro precisó que el inicio de la producción puede ser el tercer trimestre de 2012 y dio una razón adicional al señalar que “los campos están a menos de 100 kilómetros de distancia de un oleoducto que tiene capacidad ociosa”.

Se refiere al Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), construido por empresas privadas, entre las cuales la principal propietaria es actualmente la firma española Repsol, que lleva petróleo desde la Amazonia hasta la costa del océano Pacífico.

Los anuncios de Pástor, hechos al inaugurar el primer seminario latinoamericano y del Caribe sobre petróleo y gas, organizado por la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), que tiene su sede en Ecuador, son los de mayor detalle sobre la alternativa de explotar el crudo hechos hasta ahora por portavoces gubernamentales.

Sin embargo, se sabe que ya desde marzo la Subsecretaría de Hidrocarburos está contactando a posibles interesados, en caso de decidirse la explotación.

La iniciativa de mantener el petróleo intocado fue planteada hace más de una década por la Fundación Natura, la mayor organización ambientalista de Ecuador, y ha sido mantenida desde entonces por el conglomerado de agrupaciones ecologistas e indígenas, pues los campos se hallan dentro del Parque Nacional Yasuní o en su zona de amortiguamiento.

El Yasuní es una de las áreas de más alta biodiversidad del mundo, donde se encuentran en una hectárea más especies vegetales y animales que en toda América del Norte, según estudios científicos.

Pero en el territorio se hallan además grupos indígenas como las etnias tagaeri y taromenane, que han decidido vivir en el aislamiento, y son conocidos en el lenguaje oficial como “pueblos en aislamiento voluntario”.

Declarado Parque Nacional en 1979 y Reserva Mundial de la Biósfera 10 años más tarde, el Yasuní abarca 982.000 hectáreas de la cuenca del alto Napo.

Dejar bajo tierra una de las reservas de petróleo más importantes del país evitaría la emisión de 407 millones de toneladas de dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero, argumentan los ecologistas.

La propuesta ambientalista fue recogida por Correa, al comienzo de su gobierno en 2007, y la oficializó ese mismo año ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como un proyecto polivalente, que integra protección del ambiente y de las comunidades indígenas, así como la promoción de energías renovables, pues los fondos se dedicarían preferentemente a este objetivo.

El planteamiento es privarse de explotar el crudo siempre que haya una corresponsabilidad internacional que aporte al menos 3.600 millones de dólares equivalentes a la mitad de los recursos que recibiría Ecuador en caso de extraerlo.

Sin embargo, no solo en el gobierno hay decididos partidarios de la explotación de esos campos, como el viceministro de Recursos Naturales no Renovables y ex gerente de la firma estatal Petroecuador, Carlos Pareja, sino que el propio presidente Correa ha hablado repetidamente del “Plan B”.

Así se conoce a la alternativa de explotar el petróleo si la comunidad internacional no aporta los recursos que pide Ecuador por dejarlo bajo tierra. Las autoridades anunciaron que la meta era llegar al menos a 100 millones de dólares para fines de este año.

Pero tal cifra parece muy difícil de lograr, a pesar de que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, se comprometió ante Correa a llamar personalmente a todos los jefes de Estado de los países que podrían colaborar.

El fideicomiso Yasuní-ITT, establecido el 3 de agosto de 2010 entre Ecuador y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP) solo ha podido recoger 1,4 millones de dólares.

“El fideicomiso suma un monto apenas mayor que la partida creada para promoverlo” (un millón de dólares), sostiene la revista económica Gestión en su número de este mes. Augusto Tandazo, experto petrolero que está a favor de la explotación, dijo a IPS que “ya se ha gastado en promoción más de lo que se ha recogido en el fideicomiso”.

Pástor no dejó de expresar su satisfacción por el hecho de que después de 38 años de existencia de la Olade, se pueda realizar el primer seminario sobre petróleo y gas.

“A mí también me asombra, y por eso impulsé este seminario, porque el petróleo y el gas son las principales fuentes de energía en América Latina y el Caribe”, dijo a IPS el paraguayo Victorio Oxilia Dávalos, secretario ejecutivo de Olade desde hace seis meses.

“El esfuerzo en investigar y desarrollar fuentes alternativas de energía hecho por la Olade en los últimos años es encomiable, pero no podemos seguir dejando de lado al petróleo y al gas, que son la primera prioridad de nuestros países”, completó.

“El tren (conjunto) de campos conocidos como ITT, por Ishpingo Tambococha y Tiputini, tiene 846 millones de barriles de petróleo de reservas probadas, el doble de esa cantidad en existencias probables y el triple de posibles”, dijo Pástor.

Ya desde 2007, Petroecuador anticipaba que se considerarían “varias alternativas para la explotación del ITT: hacerlo de modo directo, mediante alianzas estratégicas con empresas de otro país o con Petróleos de Venezuela, por licitación internacional, o mediante la conformación de una empresa de economía mixta”, según reza una resolución de su directorio de 30 de marzo de 2007.

En caso de dar Correa la luz verde, se explotarán los campos Tiputini y Tambococha, “que quedan fuera del parque Yasuní” y no el de Ishpingo que está dentro de él, anunció Pástor.

Los ecologistas aseveran que el daño sería irreparable, pues los campos “TT” quedan en la zona de amortiguamiento, esencial para la conservación del parque.

Las reservas estimadas de estos dos campos son de 461 millones de barriles, precisó el ministro.

Por lo demás, se han recibido malas noticias para el “Plan A”, como el anuncio del gobierno alemán de que no apoyará la iniciativa Yasuní-ITT, porque tal precedente podría ser imitado por otros estados.

Según dijo a inicios de junio la secretaria de Estado del Ministerio de Cooperación, Gudrun Kopp, a una comisión del parlamento alemán interesada en el tema, “un pago directo a un fondo de este tipo crea un precedente que puede resultar en última instancia muy caro”.

El “principio de omisión de acción”, que sería lo que propone Ecuador, no puede constituirse en una regla en asuntos de cooperación, porque otros países podrían instar a Alemania a apoyar financieramente proyectos similares, dijo Kopp.

Aunque entre los grupos parlamentarios alemanes, como lo socialdemócratas, los Verdes y la izquierda, hay fervorosos partidarios de la iniciativa Yasuní-ITT, la posición del gobierno es tan clara que se ha negado incluso a recibir a la encargada ecuatoriana del tema, la ex ministra Ivonne Baki.

Esta negociadora reclamó públicamente al presidente Correa en una de sus cadenas sabatinas que no siguiera hablando del “Plan B”, porque debilita los esfuerzos para obtener recursos para el “Plan A”.

Correa, en tono jovial, le replicó que seguirá hablando del “Plan B”, porque a él le interesa sobre todo el futuro de los ecuatorianos, y que si no hay cooperación internacional se verá forzado a autorizar el “Plan B”.

Cada vez más, ésta parece la alternativa que se hará realidad.

IPS