El gobernador Celso Jaque prorrogó una treintena de concesiones de exploración antes de finalizar su mandato

Por Pedro Cifuentes.- Ya sea por las quejas ante la escasez de combustibles o por el movimiento de concesiones, la política energética está marcando la última etapa de Celso Jaque al frente del gobierno de Mendoza. Durante las últimas semanas se han prorrogado (por una o dos décadas, según el caso) una treintena de concesiones de exploración y explotación petrolífera, 16 de ellas adscriptas a YPF, y está previsto que en las próximas semanas se concrete la adjudicación de varias áreas nuevas.

Fuentes muy cercanas al secretario de Hidrocarburos, Minería y Energía, Walter Vázquez, celebraban esta semana el “repunte de inversión privada que se aprecia en un sector que ha vivido una década sin inversiones, por la falta de rentabilidad”, y reconocían que esa retirada del sector privado “hizo imposible evitar una crisis energética en un país con tasas de crecimiento de un 9% y una ampliación constante del parque automovilístico”. El problema crónico de abastecimiento de nafta y gasoil en las estaciones de servicio afecta a la provincia hace casi un año.

Las esperanzas del gobierno están depositadas en la prospección de yacimientos de gas y petróleo en el departamento de Malargüe, parte de la misma cuenca neuquina donde recientemente se hallaron reservas gasíferas no convencionales, que podrían cubrir las necesidades del país para todo el siglo. Tanto el gobierno justicialista como el radicalismo opositor insisten en que la provincia “debe diversificar su matriz productiva”, y desde la UCR se cuestionan sólo las “formas” del reciente proceso de licitaciones.

La cercanía de las elecciones ha acelerado la renovación de las concesiones petroleras, pero retrasa la decisión final sobre el asunto más polémico de la política provincial: el proyecto minero San Jorge, de extracción de cobre y oro en Uspallata, cuya declaración de impacto ambiental fue aprobada por el gobierno en febrero, y es evaluada por la cámara legislativa desde entonces.

Todos los actores implicados reconocen que nadie quiere arrostrar el enorme costo político de aprobar una obra con notables cuestionamientos medioambientales, que supondría la inversión de US$ 300 millones, regalías por 30 millones y la creación de 2000 empleos. Según el senador Daniel Vilches (UCR), integrante de la fórmula radical, “hay una cuenta pendiente con la minería. [?] Estamos en condiciones de desarrollar actividades lícitas sin poner en peligro la vida de los ciudadanos”.

La acentuada sensibilidad frente a la minería nace de la cantidad de agua que demanda, un bien escaso cuya gestión simboliza el esfuerzo por ganar terreno al desierto mendocino y sustenta su principal actividad hasta la fecha: la producción agrícola.

LA MINERÍA, EJE DE OTRA POLÉMICA

MENDOZA.-En medio de este debate, hace diez días se reanudó el mayor emprendimiento minero de la provincia: el proyecto Potasio Río Colorado, de la minera brasileña Vale, en Malargüe. Las obras se habían suspendido (según el gobierno regional) por el incumplimiento por parte de la compañía de aumentar las regalías y respetar su compromiso de utilizar un 75% de insumos mendocinos y de mano de obra local. La compañía pretende extraer más de 32 millones de toneladas de potasio en diez años a cambio de una inversión de US$ 2000 millones.

En fase de preparación se encuentra también la creación de un parque eólico de 200 molinos a 90 kilómetros al este de San Rafael (proyectado por Wind North, una sociedad anónima de capitales nacionales) y el proyecto para construir uno de los más importantes complejos hidroeléctricos de la provincia -Los Blancos-, sobre el río Tunuyán, al que optan tres grandes empresas (Pescarmona, José Cartelone y la brasileña Iecsa-Contern Construçoes, con presupuestos de entre $ 4700 y 5600 millones).

Pero poco se habla de la intención del gobierno de resucitar la mina de uranio de El Huemul, en Malargüe. El candidato justicialista a gobernador y posible sucesor de Jaque, Paco Pérez, se esfuerza por sacarse el cartel “pro minero” que se le adjudicó por haber trabajado en un estudio de abogados que representa a compañías del sector.

La Nación