Frente para la Victoria (Cristina Kirchner-Amado Boudou). La plataforma electoral del Frente para la Victoria contiene sólo nueve páginas. En ellas se adelantan algunos rasgos económicos de un eventual segundo gobierno de Crisina Kirchner. “Seguiremos fomentando la aparición de nuevos canales de comunicación alternativos”, se refiere a la política de medios. Más adelante se aboga por “la detección y clausura de espacios de trabajo esclavo tanto en sitios urbanos como rurales”.

En el capítulo llamado “la articulación entre crecimiento económico e inclusión” se enuncia que “el sostenimiento de un tipo de cambio competitivo” constituye un pilar del “modelo económico”. Y eso que en los últimos tiempos se observa un deterioro de ese pilar por la inflación en dólares que sufre la Argentina.

“Nuestro objetivo es reinstaurar una sociedad de pleno empleo”, dice la plataforma oficiallista, pero se aclara que se buscarán “mejorares condiciones de trabajo y puestos más calificados”. “Para ello, vamos a profundizar la diversificación de la estructura productiva”, dice el Frente para la Victoria, pero más adelante aclara que “se abre una oportunidad para la exportación de las materias primas en el mercado mundial”. Nada se menciona sobre las restricciones a las ventas externas del sector agropecuario.

Se afirma que el país necesita “seguir ampliando las obras de infraestructura energética, apostar a la exploración de nuevas reservas de hidrocarburos, motorizar la energía nuclear e incentivar las fuentes de energías renovales”. En cuanto a la inversión educativa, se anticipan “nuevas universidades y becas para los jóvenes de escasos recursos”.

“La próxima gestión del Frente para la Victoria sostendrá y ampliará las medidas redistributivas”, dice la plataforma. Se prometen más viviendas sociales.

“Las cuentas públicas deben mostrar una solidez y un equilibrio sostenible en el tiempo”, se enuncia. No se hace referencia a la pérdida del superávit fiscal este año, pese al crecimiento económico.

Ni se menciona el problema de la inflación.

Unión para el Desarrollo Social (Ricardo Alfonsín-Javier González Fraga). La Unión para el Desarrollo Social no ofreció a este cronista el texto de la plataforma sino un artículo del principal economista de su equipo, Adrián Ramos. Allí se manifiesta que una especialización de la economía argentina en agro y servicios “sería insuficiente para configurar un sendero de crecimiento y de reducción de las dualidades sociales”, con lo que se convoca a fortalecer la industria. No obstante, se dice que el sector manufacturero debe “competir con las importaciones y abrirse paso en los mercados externos”. También se rechaza los “juegos distributivos de suma cero, donde todo lo que reciben unos proviene de lo que se extrae a los otros”.

En cuanto al combate contra la inflación, Ramos dice que “el primer paso no puede ser otro que restablecer la credibilidad en las estadísticas oficiales”, pero aclara que lo fundamental es “implementar una estrategia de anclas múltiples mediante políticas fiscales, monetarias y de ingresos consistentes, coordinadas y orientadas a estabilizar los precios, y una política cambiria enfocada a evitar la apreciación de la moneda”.

En cuanto a la política fiscal, el economista de Alfonsín aboga por aumentar “la base de la tributación directa (para alcanzar todas las fuentes de renta)” y desmontar “progresivamente la maraña de subsidios regresivos que benefician a los sectores medios y altos, y privilegiando, en cambio, el gasto social y la inversión en infraestructura”.

A diferencia de otras fuerzas críticas con la minería, Ramos apoya el “aprovechamiento” de los recursos de este sector.

Frente Popular (Eduardo Duhalde-Mario Das Neves). Eduardo Duhalde ha elaborado sus propias propuestas. En ellas se pone como prioridad la suba de las inversiones productivas. ¿Cómo? “Tenemos que dar previsibilidad y seguridad jurídica”.

Otros de los puntos clave para el ex presidente es “garantizar el derecho de la propiedad”. En detalle, afirma: “En un país como el nuestro es indignante que se niegue el derecho a ser propietarios. Vamos a desarrollar un proyecto de acceso a la propiedad de la tierra y de la vivienda digna. Comenzaremos por las zonas más relegadas del país para luego progresivamente extendernos al resto del país”.

Duhalde dice que “las provincias no deberían mendigar los recursos que le pertenecen por derecho propio”.

En un documento de 42 páginas, el ex presidente no habla de la asignación universal por hijo sino de una “renta básica de ciudadanía” para “todos los ciudadanos que se encuentren por debajo de la línea de indigencia”. En un principio, esta renta beneficiaría a las mujeres embarazadas y a los niños menores de 18 años. Duhalde quiere que sea el Ejecutivo el que fije los montos mensuales del beneficio, que se crearía por ley.

En cuanto a la economía, Duhalde quiere “un crecimiento sostenido y estable, antes que intentar lograr récords que terminan en crisis”. Opina que a partir de 2006, es decir, cuando Roberto Lavagna dejó el Ministerio de Economía, “el modelo productivo fue tergiversado y abandonado” y propone recuperar ese esquema iniciado en 2002.

Para ello, el ex gobernador bonaerense quiere “restaurar los equilibrios macroeconómicos básicos, reordenando las políticas fiscal y monetaria”, conformar un banco de desarrollo, desgravar parcialmente las utilidades reinvertidas por las pymes, crear un régimen de amortización acelerada de ciertas inversiones e implementar un sistema nacional de crédito hipotecario para los sectores medios, que esté estructurado en el mercado de capitales. Además, sostiene que la política salarial debe ser “concertada” e impedir una “puja distributiva sin control”.

“Es necesario comenzar sin demoras un programa gradual de reducción de las retenciones”, dice quien las restauró tras la devaluación de 2002. “El propio aumento en la producción tenderá a compensar estas mermas en la recaudación con mayores ingresos por otros gravámenes”, como el de las ganancias. Duhalde llama a abastecer el mercado interno con la promoción de la producción de carnes aviar y porcina “en cuotas que permitan las exportaciones de los cortes de calidad de la carne vacuna”.

Este dirigente del peronismo disidente considera que “las cooperativas de trabajo pueden ser una herramienta adecuada para instrumentar políticas públicas de contención y asistencia social, en la medida en que no sean mal utilizadas de formar clientelar y con escasa transparencia en el manejo de los recursos”.

Duhalde propone “obras públicas sin corrupción”. Quiere “desterrar la práctica política generalizada de anunciar y lanzar obras sin los estudios previos definidos”, “generalizar la licitación pública como medio de compra del Estado” y “evitar el mal uso de figuras como los fondos fiduciarios, la reasignación de partidas presupuestarias y las transferencias arbitrarias a municipios y provincias”.

Otra premisa es “recuperar el autoabastecimiento energético”. Duhalde opina que “es posible recuperar” las reservas de hidrocarburos y por eso quiere favorecer la exploración en áreas no tradicionales, pero aboga por “diversificar la matriz productiva” con energías renovables. Propone una nueva ley de hidrocarburos y una adaptación de los marcos regulatorios de electricidad y gas. Por último, recomienda una “tarifa social para los sectores de bajos recursos”.

El ex presidente sugiere reactivar el alicaído ferrocarril de cargas con un acuerdo público-privado y con la eliminación de los “subsidios distorsivos”, en referencia a los camiones. También quiere “revisar” las subvenciones al transporte público de pasajeros para que vayan al consumidor y no a las empresas y se pueda aplicar un “sendero de recuperación tarifaria”, con un boleto social para los pobres. Además, Duhalde se refiere a Aerolíneas Argentinas y propone concentrarlas en los mercados de cabotaje y regional.

El candidato del Frente Popular añade que quiere “reformular la política tarifaria” de agua y saneamiento “para subsidiar a quienes más lo necesitan y propender al uso racional”.

Frente Amplio Progresista (Hermes Binner-Norma Morandini). En una plataforma de 53 páginas, la alianza encabezada por el socialista Hermes Binner propone que la asignación universal por hijo sea efectivamente universalizada por una ley que establezca mecanismos periódicos de ajuste. En materia previsional, también promueve la suba de la jubilación mínima al 82% del salario mínimo, la recuperación de las prestaciones “retrasadas”, la modificación del índice de movilidad de los haberes y el pago de las sentencias.

En cuanto a la vivienda social, el Frente aboga por la regularización de los dominios, la participación en los planes de gobiernos locales, asociaciones intermedias (sindicatos) y ONG con experiencia “probada” y la recuperación de viviendas en centros urbanos.

Para luchar por el “trabajo decente”, la coalición de Binner recomienda “legislación y fiscalización de las condiciones de trabajo”. También levanta la bandera de la “democracia y libertad sindical”, incluido el reconocimiento de la personería gremial de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).

El Frente dice que su propuesta macroeconómica busca como objetivo final la reducción de la pobreza. Considera que para crecer los determinantes son “el papel de las instituciones (las reglas de juego), la estabilidad de las políticas macroeonómicas” y el rol de las políticas públicas de estímulo. Recuerda que el próximo gobierno debe enfrentar un déficit fiscal, presiones inflacionarias “crecientes”, “escaso” crecimiento del empleo y aumento de situaciones de conflictividad social. No descarta controles a la cuenta financiera internacional.

El FAP quiere reformar los impuestos a las ganancias en personas físicas, el IVA, al cheque, al patrimonio y a la herencia. Propone revisar el tratamiento impositivo de las rentas de capital, colocaciones financieras y rentas provenientes de mineras, pesqueras y petroleras.

La fuerza política de Binner destaca que la Argentina es un “productor de clase mundial en industrias asociadas a los recursos naturales”, pero advierte que el país sufre los problemas de “empleo insuficiente y de baja calidad”. Destaca la importancia del capital nacional, propone una nueva ley de entidades financieras que “reconozca su importancia para el desarrollo económico y social”, fortalecer la banca pública, conformar una comisión bicameral de investigación de la legitimidad de la deuda externa y crear créditos blandos para la compra de viviendas familiares. También promueve las redes de empresas recuperadas.

En cuanto al transporte, el FAP enuncia que quiere refundar el sistema ferroviario, pero aclara: “Pensando para el país que queremos y no para el que fue”. Aboga por una reformulación paulatina de la política de subsidios al tren, los camiones, los colectivos y el subte. Quiere usar los impuestos a los combustibles y a la facturación de la logística para recuperar las vías férreas y las rutas.

En materia de medio ambiente, propone gravar el uso del agua para actividades con fines de lucro, cumplir con la ley de bosques y crear un “programa de promoción y control de la minería con sustento ambiental y social”.

Compromiso Federal (Alberto Rodríguez Saá-José María Vernet). En un documento llamado “Mis ideas”, el gobernador de San Luis advierte que el sistema de subsidios “no llega al productor” agropecuario. Quiere un pacto impositivo que mantenga el sistema “inmutable” durante diez o 15 años.

Rodríguez Saá habla de “shock keynesiano” y políticas activas en infraestructura. En ese marco dice que “todos hablan de la exclusión, pero nadie la define”. Acto seguido, lo hace él: “Los excluidos son las personas con capacidades diferentes, las personas con adicciones, las que han cumplido con una condena y quieren reinsertarse en la sociedad, y las mujeres de más de 60 años que nunca ingresaron al mercado de trabajo. En San Luis, trabajan en la administración pública en distintas áreas seis horas por día. Se les paga un salario por encima del nivel de indigencia, tienen el derecho y el deber de capacitarse, obra social y aseguradora de riesgo de trabajo”. El gobernador dice que en San Luis la gente no paga más de $ 100 por mes como cuota para acceder a viviendas sociales.

En cuanto a las jubilaciones, aboga por un “sistema de gradualidad” para darle el 82% a los trabajadores pasivos. Pero aclara que para eso hay que “extender el límite de edad” jubilatoria, que en actualidad es de 65 años para los varones y de 60 para las mujeres. En Europa está discutiéndose justamente que las personas se retiren más tarde.

En cuanto a la inflación, sostiene que “el Banco Central tiene que tener las reservas suficientes para mantener el valor de la moneda; el uso de las reservas (para el pago de deuda) aceleró el proceso inflacionario”. Agrega que “mentir en el Indec genera inflación” y recomienda que este instituto quede en manos de la Universidad de Buenos Aires (UBA) con una dirección que tenga acuerdo del Senado.

Coalición Cívica (Elisa Carrió-Adrián Pérez). La fuerza política de Elisa Carrió ha elaborado una plataforma y la ha sometido a comentarios en su página web. En ella se propone “darle al mundo lo que el mundo necesitaría”, es decir, alimentos. Para eso, sugiere que “el sector privado debe recibir señales” del Estado.

La Coalición propone un ingreso universal para los niños y los adultos mayores, pero aboga por el “trabajo digno” y el “empleo decente”. Quiere promover acciones que aumenten la “productividad” de distintos sectores productivos.

“Queremos terminar con la corrupción en la obra pública”, también enuncia la Coalición. Defiende la educación pública y gratuita. Propone una “sustitución paulatina de los hidrocarburos” y un impulso a las energías hidroeléctrica, nuclear y renovables. También declara que la “megaminería metalífera a cierto abierto incumple los principios básicos de preservación del ambiente”.

La CC aboga por una “producción creciente y diversificada de bienes y servicios” en un contexto que aliente la “iniciativa privada, que defienda el interés nacional, y que asegure que no haya excluidos en el proceso”. Dice que para combatir la inflación primero hay que reconocerla y después marcar un sendero para bajarla en cuatro años a un rango del 2 al 6% anual. Dice que para eso hay que convencer a empresarios, sindicalistas, consumidores y ahorristas de que ese camino es deseable y realista. El Banco Central debe ser independiente para que pueda ejecutar la política monetaria que reduzca la inflación y se rechaza el uso de reservas para el pago de deuda. La Coalición quiere crédito a tasas fijas nominales en pesos a largo plazo.

En cuanto a la política fiscal, la CC critica que el gasto público haya crecido en los últimos años “muy por encima” de la recaudación tributaria y aconseja “juntar fondos para contrarrestar eventuales problemas futuros”. En referencia al tipo de cambio, dice que debe perseguir la estabilidad de precios y el pleno empleo.

El partido de Carrió quiere modificar el régimen de coparticipación federal de impuestos, modificar los mínimos no imponibles y todas las escalas de la carga tributaria al salario para que la inflación no aumente la presión impositiva, eliminar progresivamente el impuesto al cheque y devolver el 5% del IVA en alimentos a las familias más pobres, a través de una tarjeta social. En el mediano plazo prevé reemplazar las retenciones a la soja por un impuesto a las rentas extraordinarias, que grave los “golpes de suerte” producto de la volatilidad de los mercados. Además quiere eliminar los superpoderes del jefe de Gabinete para modificar el presupuesto.

Para la CC, hay que “replantear el esquema de subsidios (al transporte, tarifas, importación de energía)” y revisar todas las tarifas, siempre y cuando se creen una de carácter social que sea percibida directamente por el beneficiario, y no por el prestador del servicio.

El partido de Carrió propone integrar a los emprendedores pobres e informales al sistema, en lugar de castigarlos. En concreto, aboga por los microcréditos.

En cuanto a la propuesta de ingreso universal para la niñez, dice que debe ser garantizado por ley para todos los niños “independientemente de la situación laboral de sus padres”. En la actualidad, las asignaciones familiares son percibidas por trabajadores desempleados, informales y formales de ingresos bajos y medios.

Recomienda un ingreso para todos los ciudadanos en edad de jubilarse, con o sin aportes suficientes al sistema previsional. También propone que los trabajadores de mejores remuneraciones pueden hacer aportes voluntarios y capitalizarlos para su futura jubilación. Quiere elevar la jubilación mínima al 82% del salario mínimo y recomponer los haberes previsionales según las pautas establecidas por los fallos de la Cámara Federal de la Seguridad Social y la Corte Suprema. Propone procesos sumarísimos en las causas previsionales y la creación de la prestación anticipada de jubilación por desempleo. También sugiere cambiar la fórmula de ajuste jubilatorio e impedir que los valores acumulados por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) sea superior a las erogaciones por prestaciones anuales, de modo de canalizar excedentes de ese fondo a aumentos de los haberes.

En cuanto al empleo público, la CC quiere un sistema de ingreso y ascenso por mérito, estricto y abierto, con carrera administrativa y concurso público. En cuanto al sector privado, aboga por la sanción de las leyes de trabajadoras de casas particulares, trabajo a domicilio (que afecta a los talleres textiles), teletrabajo, trabajo rural y pasantes.

En referencia al acceso a la vivienda social, el partido de Carrió quiere crear un registro único de postulantes. Promueve regularizar la tenencia del suelo y crear un banco de tierras urbanizables.

En cuanto a la política energética, se propone “normalizar los marcos regulatorios vigentes”, incentivos fiscales a la exploración de hidrocarburos, “ajustes graduales de tarifas a cambio de compromisos de inversión y mayor fiscalización”. La CC considera que hay que revisar el régimen de libre disponibilidad del 70% de las divisas de exportación del sector petrolero, crear un cuerpo estatal de auditoría de las reservas, eliminar los subsidios a la exploración de áreas operadas indebidamente (donde no se hicieron los esfuerzos exploratorios).

La Nación