Contratos petroleros: incapacitados para opinar

El secretario de Hidrocarburos Eduardo D’Andrea respondió a las críticas del legislador Manuel Raimbault sobre un manejo que “roza la ilegalidad” en la renegociación de contratos petroleros. Citó las normas en vigencia y aseguró que nada escapa a la ley. Descartó la posibilidad de audiencias públicas u otro mecanismo de participación popular, porque los ciudadanos “no cuentan con formación técnica” para opinar. Para el funcionario basta con la intervención de la Legislatura, donde está representado el pueblo.

Río Grande.- Mediante una carta enviada a un portal de noticias de esta ciudad, el secretario de Hidrocarburos Eduardo D’Andrea respondió a las críticas vertidas por el legislador Manuel Raimbault, en las que asegura que la forma de renegociación de contratos petroleros “roza la ilegalidad”.

Si bien este medio intentó obtener la palabra de D’Andrea en forma directa, hasta ahora no fue posible, ya que el funcionario pidió más tiempo para conceder una entrevista.

No obstante ayer en el portal La Licuadora, se publica una carta firmada por el secretario, cuyos párrafos se reproducen.

D’Andrea habla de “numerosas notas periodísticas que intentan influenciar la opinión pública en base a afirmaciones carentes de sustento fáctico y que no se encuentran apoyadas en la realidad de la industria hidrocarburífera nacional ni de su marco regulatorio”, en referencia, entre otras, a las declaraciones de Manuel Raimbault publicadas en este medio.

Califica de “falaces” las acusaciones vertidas por el legislador Manuel Raimbault, y explica el marco normativo en vigencia, que justificaría la inexistencia de contratos con las empresas petroleras a las que se les concesionaron las áreas de explotación y exploración en los ‘90.

El funcionario asegura que “los permisos de exploración y las concesiones de explotación que actualmente se encuentran vigentes en la Provincia, no emergen de ‘contratos’, entendidos tales como instrumentos o documentos que dos o más partes firman de común acuerdo en relación con algún negocio o prestación”.

Como ya lo había manifestado en declaraciones anteriores, D’Andrea sostiene que la concesión se dio mediante decretos y “distintas resoluciones y disposiciones de la Autoridad de Aplicación, que regulan los diversos aspectos de la actividad hidrocarburífera (inversiones, reservas, preservación ambiental, cálculo de regalías, abandono de pozos, recaudos técnicos, etc.)”.

Con el fin de “dar por finalizada la discusión sobre este punto”, D’Andrea cita una nota del 19 de julio de 2011, remitida por la Dirección Nacional de Exploración, Producción y Transporte de Hidrocarburos dependiente de la Subsecretaría de Combustibles de la Secretaría de Energía de la Nación, donde dice que “los permisos de exploración y concesiones de explotación que se encuentran vigentes respecto de áreas ubicadas en la provincia, o compartidas con el Estado Nacional en el Mar Argentino, fueron otorgados a las empresas privadas mediante llamados a licitación en Concursos Públicos Internacionales, conforme lo reglamentado por las normas legales que se remitieron, siendo estos Decretos y Decisiones Administrativas reglamentados por las leyes Nº 17.319, 24.145 y 26.197…”

En otro párrafo la nota indica que “todas aquellas obligaciones inherentes para la exploración y explotación de las áreas que se encuentran en actividad estaban contempladas en las normas legales otorgantes y no en el uso de contratos que, cabe destacar, en esta instancia no existieron entre el Estado Nacional y las Empresas operadoras”.

D’Andrea apunta que esta nota forma parte de la prueba aportada a la justicia, luego del amparo por mora que presentó la legisladora Verónica De María, en reclamo de copias de los contratos vigentes.

El Secretario califica como “grave” que Raimbault, siendo legislador, no tenga “cabal conocimiento de cómo se han otorgado las concesiones de exploración y explotación de hidrocarburos a partir de la década del ‘90. Máxime cuando se intenta difamar y cuestionar el accionar de funcionarios públicos respecto de este tema”.

Todo legal

Tras esta exposición, D’Andrea afirma que las renegociaciones “se están llevando a cabo dentro de un marco absolutamente legal, y con la firme intención de generar para la provincia el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles”.

Afirma que “el contralor del debido cumplimiento de las obligaciones por parte de los concesionarios no requiere necesariamente de un ‘contrato’, sino del acatamiento de todo el plexo normativo nacional y provincial vigente, que contempla todos los aspectos inherentes a la industria”.

Público vedado

Cabe resaltar un tramo de la carta abierta de Eduardo D’Andrea, en el cual defiende la reserva de las negociaciones y descarta toda posibilidad de participación popular: “No existe en el país ningún antecedente de que las renegociaciones de las concesiones se hayan hecho en forma pública, en el sentido de que cualquier ciudadano pueda opinar al respecto en una especie de audiencia pública”, dice.

Además, niega que los ciudadanos estén capacitados para opinar, olvidando los técnicos y especialistas en la materia que integran la sociedad. Según D’Andrea, una audiencia pública “requeriría de una capacitación previa para los vecinos que quisieran participar, acerca de las cuestiones técnicas, jurídicas y políticas que hacen a este tema. Por esto la Gobernadora designa en cada puesto a las personas que considera capacitadas para llevar adelante las cuestiones referidas a cada órgano de gobierno, siendo sí obligación de estas personas informar debidamente a la ciudadanía”.

Añade que el hecho de que las negociaciones se den en forma privada entre los representantes de la empresa y los funcionarios que forman parte del Comité de Renegociación, “no implica que la cuestión sea ‘secreta’ y mucho menos que favorezca a las empresas. Y sí es cierto que hay cuestiones técnicas o económicas que entran en el marco del deber de confidencialidad que corresponde mantener por razones de obvia competencia empresarial”, admite sobre la reserva de datos.

D’Andrea concluye señalando que “no existe incumplimiento” de su parte al no haber entregado copia de los contratos, porque es “de cumplimiento imposible”, ya que esos contratos nunca se firmaron.

“La Autoridad de Aplicación puede y debe brindar toda la información –dentro de los límites legales- que esté a su disposición, más no aquella que es inexistente o no ha sido requerida en debida forma”, manifiesta.

Mandato nacional

En el tramo final el Secretario asegura que la metodología de negociación responde a lineamientos de la Nación, que es la que fija la política hidrocarburífera: “Es necesario remarcar que la política en materia energética no puede ser analizada desde un punto de vista meramente localista, ya que responde principalmente a un diseño federal, por ello la Ley Nacional Nº 26.197 ha preservado para la Nación el diseño de las políticas hidrocarburíferas, que deben ir claramente acompañadas de una adecuada y sustentable gestión de los recursos a nivel provincial”, señala.

Para el funcionario no sería viable la creación de una Sociedad del Estado para manejar los recursos provinciales, porque esa figura que propone el bloque Encuentro Popular “debe ser respaldada seriamente, explicando –por ejemplo- con qué fondos piensa hacer frente a la infraestructura, recursos técnicos y humanos necesarios que esta Sociedad requeriría, sin mencionar los juicios por violación a los derechos adquiridos oportunamente por las empresas que probablemente habrá de enfrentar la provincia”.

Legislatura, la mejor representación

Respecto de la representación del pueblo, D’Andrea se ampara en la Legislatura, ya que deberá ratificar los contratos de renegociación y a su entender es suficiente. “Todo aquello relacionado con los intereses de esta provincia pasa por la Legislatura, donde se optará, mediante un consenso, por lo más conveniente. Este es el parlamento fueguino y esa es precisamente su función, por este motivo podemos afirmar que nada es oculto ni se hace a espaldas del pueblo”, finaliza la nota del Secretario.

Provincia 23

Raimbault calificó de “absolutamente oscura” la política del gobierno

Renegociación de contratos “en la línea de la ilegalidad”

El legislador Manuel Raimbault advirtió que la política del gobierno en materia de hidrocarburos roza la “línea de la ilegalidad”. Tras la apelación al fallo que obligaba al Ejecutivo a entregar documentación a los legisladores, el parlamentario reclamó transparencia y rechazó todo intento de negociación reservada. “La negociación en forma secreta es sencillamente una negociación a favor de las empresas”, manifestó. Además calificó de “aberrante” el plan de contingencia frente a la falta de agua en Ushuaia.

Río Grande.- Mientras la Cámara de Apelaciones debe decidir si da la razón al gobierno o ratifica la sentencia que ordenó entregar documentación sobre contratos petroleros, el legislador Manuel Raimbault volvió a la carga sobre el tema y advirtió que con la política que se lleva adelante se está “rozando la ilegalidad”.

“Lamentablemente este es uno de los temas que no genera claridad en el gobierno, y lo digo desde una perspectiva de ayuda –aseguró el representante del bloque Encuentro Popular por FM Artika-. Me parece que debería revertirse y cambiar la política en materia de renegociación de contratos que está teniendo el gobierno, porque es absolutamente oscura, está en la línea de la ilegalidad y debiera ser revertida a tiempo”.

Recordó que la ley de hidrocarburos es de los años ’70 y “establece que las concesiones de exploración o explotación de yacimientos de hidrocarburos pueden ser renegociadas siempre y cuando se acredite, a su vencimiento, que se hayan cumplido debidamente las condiciones del pliego. Esto significa, primero que tiene que existir un contrato sujeto a término y después que ese contrato haya sido bien cumplido”, señaló y citó como ejemplos de cumplimiento el pago de impuestos, y la realización de las inversiones que correspondieran.

Subrayó que “la posibilidad de la renegociación está ligada a la existencia del contrato, y además a la exigencia de que haya sido debidamente cumplido”, al tiempo que dio cuenta de las gestiones de su par de bancada Verónica De María para obtener documentación: “Cuando se inicia el proceso de renegociación de los contratos, la legisladora De María, por todo el bloque y para empezar a evaluar estos puntos, solicita al Ejecutivo que manden una copia certificada de los contratos que intentan renegociar. La respuesta inicial fue ‘no se lo queremos dar porque no lo consideramos el momento oportuno’. Frente a esa respuesta, se recurrió a la justicia mediante la ley de acceso a la información, y se piden los contratos por intermedio de un juez”, dijo.

Observó que en ese momento el gobierno “cambia el eje del discurso, de ‘no se los queremos dar por ahora’ a ‘no están los contratos, no existen’. En el mismo momento el senador (José) Martínez pide al gobierno nacional la documentación, y en la Cámara de Senadores dicen que los contratos existen y los mandaron a Tierra del Fuego”.

Paralelamente y mientras en el Senado se hacían estas gestiones, la jueza civil de Ushuaia hizo lugar a la demanda y “le pidió al gobierno que nos dé los contratos. Es decir que hay ya una exigencia judicial de que nos den los contratos y sin embargo todavía seguimos sin verlos”, sostuvo.

Apelación y secreto

Raimbault cuestionó la decisión de apelar esa sentencia de primera instancia y que desde comienzos de año a la fecha todavía la Legislatura no pueda tener la documentación. El gobierno “le dice a la Cámara de Apelaciones sencillamente que los contratos no existen y no nos los van a dar por esa razón. Pero si no existieran esos contratos, lo que no podría hacerse es la renegociación, porque supone la existencia de contratos. Si no hay contratos, no hay nada que renegociar y no habría esa posibilidad”, planteó el parlamentario.

Para el legislador “lamentablemente el gobierno no logra sortear el primer escollo, que es que nos muestren el contrato que intentan renegociar. En este punto me parece que hay una discusión de fondo que es terrible: que lo que intenta hacer el gobierno es extender los beneficios que tienen las empresas petroleras aun sin contrato. Las concesiones actuales que se intentan renegociar, son las concesiones por las que se entregó YPF a algunas empresas muy concentradas con intereses petroleros por parte del menemismo. O sea que si lo que se intenta hacer es extender la vigencia de eso, lo que se intenta es extender la vigencia del menemismo, después del menemismo”, argumentó.

Consideró que la situación de las concesiones es “quizás el único aspecto que aun perdura de la política del menemismo en la Argentina, la privatización de los recursos naturales especialmente en lo que ha sido exploración y explotación de hidrocarburos”, y afirmó que “el gobierno está a tiempo de revertir esta situación, porque está claro que lo que está haciendo no lo puede hacer. Se evitaría una discusión que va a ser absolutamente infructuosa, y que tal como está planteada es solamente para beneficio de las empresas petroleras”.

Por el contrario, para el legislador hay que “discutir otras alternativas” y desde el bloque “estamos planteando desde hace bastante tiempo que exista una empresa del Estado, y nos gustaría que eso pudiera avanzar también”, apuntó sobre la creación de una Sociedad del Estado para el manejo de hidrocarburos, proyecto reflotado de la gestión anterior del bloque ARI.

Consultado sobre la explicación que el secretario de Hidrocarburos Eduardo D’Andrea dio a la prensa sobre este tema, hace algunos meses atrás, cuando planteó el “secreto” que debía resguardarse respecto de ciertos datos, Raimbault expresó que “la negociación en forma secreta es sencillamente una negociación a favor de las empresas. Todos los países que han mejorado la posibilidad de negociación con sectores muy fuertes de la economía, es porque han abierto la negociación a su pueblo. El mejor ejemplo es Bolivia”, dijo, e insistió en que “la única manera es transparentar la negociación, además no hay posibilidad del secreto en una república y están equivocados si creen que la negociación de los intereses estatales tienen que ser reservados o secretos”.

Deudas con reclamo postergado

Finalmente se le preguntó sobre las deudas de las empresas petroleras, que hace varios meses fue certificada por el Dr. Christian Durrieu, a pedido de la gobernadora, pero que todavía no se reclaman formalmente. El legislador expuso sus sospechas en torno a esta demora, y la entendió como un intento de “negociar” esas deudas.

“El solo hecho de que los funcionarios de Hidrocarburos hablen de ‘presuntas deudas’ es una debilidad en la negociación, porque no tienen ‘presuntas deudas’, tienen ‘efectiva deuda’. Lo que debieran hacer es certificar inmediatamente la deuda. Si a pesar de que ya les dijeron de cuánto es la deuda, todavía está especulándose con la certificación, la conclusión que uno tiene que extraer, lamentablemente, es que también están negociando la deuda. Lo que hay que hacer es certificar la deuda, decir cuánto es y hacérsela pagar”, enfatizó.

“Si estoy renegociando, sabiendo que el contrato no está debidamente cumplido y pongo el incumplimiento en la mesa de negociación, por ejemplo la deuda, entonces estoy trabajando para las empresas”, reiteró en clara alusión a los responsables del área de Hidrocarburos, además convencido de que la deuda existe desde hace tiempo.

“Uno tiende a pensar que también están negociando la deuda, porque si hubiera deuda tampoco puede haber renegociación. Si hay deuda, uno de los aspectos del contrato no lo cumplieron y no pueden renegociar”, sentenció.

Provincia 23

Sigue en caída la producción de gas y petróleo, lo que hace imperioso definir la renegociación de contratos

Seguir dilatando en el tiempo una definición provoca menor apuesta de los inversores y con ello la constante caída de la producción. En mayo, en concepto de petróleo, la merma fue del 21% y la de gas 13 por ciento; según datos de la Dirección General de Estadística y Censos. Hay interés de tres firmas para seguir ligadas a la provincia con la explotación de siete áreas. Informe detallado de todas las concesiones existentes y el plazo que queda pendiente. La evolución de la producción de petroleo, en el término de un año.

RIO GRANDE.- Superada la coyuntura política de las elecciones provinciales y con la definición de cuatro años más de gestión de la actual administración de Fabiana Ríos, del Partido Social Patagónico, resulta imperioso que se defina la situación de los contratos petroleros, en razón del desplome que existe en la producción de petróleo y gas, como efecto de la falta de inversión en nuevas exploraciones por parte de las empresas. La misma incertidumbre que existe en las firmas concesionarias y que buscan prolongar su situación, es la que provoca que sean cuidadosos a la hora de hacer inversiones en materia de hidrocarburos. Las señales, entonces, de la administración provincial, deberían ser claras para que se revierta la tendencia que demuestran los datos estadísticos.

Números en caída

Según el último informe brindado por la Dirección General de Estadística y Censos, datos actualizados a mayo de este año revelan que en materia de petróleo la producción alcanzó un volumen de 66 mil 34 metros cúbicos, lo que representa una caída del 21% respecto a mismo mes del año pasado, cuando se logró un volumen de 83 mil 588 metros cúbicos.

Lo llamativo es que hasta el filo del año pasado la producción de petróleo estaba por encima de los 72 mil metros cúbicos mensuales. En lo que va de 2011 se ubica por debajo de los 67 mil metros cúbicos mensuales.

En relación a la explotación de gas, en mayo de 2011 se alcanzó un total de 300 millones 870 mil metros cúbicos, lo que comparado con mismo mes del año pasado, con 349 millones 162 mil metros cúbicos, significa una caída del 13,8 por ciento.

En relación a esto último, el aliciente que se puede observar es un incremento del 9% en el quinto mes del año, respecto a la producción alcanzada en abril pasado, con 276 millones 103 mil metros cúbicos.

Respuesta a pedido de informes

Según un informe elaborado por la Secretaría de Hidrocarburos de la Provincia, fechado al mes de abril de este año, existen nueve áreas que están concesionadas, todas por 25 años de duración. La más reciente data del año 1994 y se trata de la «Cuenca Marina Austral I». Por el contrario, las más antiguas datan de 1991, en la cuales quedan un promedio de cinco años para su vencimiento.

En el documento que el Gobierno remitió para conocimiento de la Legislatura, respondiendo a un pedido de informes, se detalla que las empresas interesadas en renegociar sus contratos petroleros, son las siguientes:
– ROCH SA, concesionaria de las áreas Las Violetas CA 12; Río Cullen CA 13 y Angostura CA 14.
– Petrolera LF Company SRL, concesionaria de las áreas Lago Fuego, Los Chorrillos y Tierra del Fuego.
– Total Austral, concesionaria de Cuenca Austral CMA I.

Repaso de concesiones

En el informe se detallan las empresas concesionarias de áreas hidrocarburíferas provinciales, con la duración de los contratos actuales y los plazos pendientes.

Explotación «Angostura». El 15 de agosto de 1991 se otorgó la concesión de explotación del Area CA 14 «Angostura» a las firmas Algas SA, Autogas SA, Operaciones Especiales Argentinas SA y Petrouruguay SA.

El otorgamiento del área tiene por objeto que se realicen en la misma trabajos de explotación, exploración complementaria y desarrollo de hidrocarburos.

La vigencia del contrato es de 25 años, de manera tal que transcurrieron 19 años y 8 meses de la concesión y quedan pendientes de cumplimiento 5 años y cuatro meses.

Explotación «Las Violetas». El 15 de agosto de 1991 se otorgó el Area CA 13 «Las Violetas» a las empresas: San Enrique Petrolera SA, DPG SA, ROCH SA, Francés Inversiones SA, Compañía Petrolera Sarandí SA y Dispet SA.

El otorgamiento del área tiene por objeto que se realicen en la misma trabajos de explotación, exploración complementaria y desarrollo de hidrocarburos.

La concesión fue por 25 años. Transcurrieron 19 años y ocho meses, quedan pendientes 5 años y cuatro meses.

Explotación «Río Cullen». El 15 de agosto de 1991 se otorgó la concesión de explotación del Area CA 12 «Río Cullen».

Se otorgó a las empresas: San Enrique Petrolera SA, DPG SA, ROCH SA,  Francés Inversiones SA, Compañía Petrolera Sarandí SA y Dispet SA 25 años de concesión, de los cuales transcurrieron 19 años y 8 meses de la concesión. Quedan pendientes 5 años y cuatro meses.

Explotación «Tierra del Fuego». A través de Ley Nacional 24.145 del 6 de noviembre de 1992 se adjudicó a YPF SA el área de explotación «Cuenca Austral».

Mediante decreto 184/92 se aprobó el contrato emergente del concurso público internacional 14-279/91 suscripto el 21 de enero de 1992 entre YPF SA, Bridas SAPIC y Chauvco Resources LTD, por el cual se constituyó una Unión Transitoria de Empresas (UTE), concesionaria del área antes mencionada, durante el plazo de 25 años, con opción a una prórroga de diez años.

Transcurrieron 18 años y 5 meses de la concesión, quedan 6 años y siete meses para su cumplimiento.

Explotación «Los Chorrillos». El 12 de abril de 1991 se aprobó la adjudicación del concurso público internacional 2/90 para la concesión del área CA 7 «Los Chorrillos». Se otorgó a la empresa Anderman/Smith Argentina INC.

La duración de la concesión es de 25 años, de los cuales han transcurridos 20 años y quedan pendientes cinco.

Explotación CAM 2/A Sur (Cuenca Austral Marina 2 A Sur). Es un área compartida entre Tierra del Fuego y Santa Cruz. Fue adjudicada a las empresas SIPETROL SA (Sociedad Internacional Petrolera) e YPF SA.

Se otorgó la concesión por el término de 25 años, de los cuales transcurrieron 12 años y ocho meses. Quedan pendientes 12 años y cuatro meses.

Explotación «Cuenca Marina Austral I». Ubicada en plataforma continental de Tierra del Fuego. La concesión fue otorgada a YPF SA, Total Austral SA, Deminex Argentina SA y Bridas Austral SA.

Los lotes de explotación concedidos son «Hidra», «Cañadón Alfa ARA», «Antares», «Argo», «Fénix», «Orión», «Orión Norte», «Orión Oeste», «Carina», «Kauss», «Aries» y «Vega-Pleyade».

La concesión de explotación es por 25 años y fue otorgada el 16 de febrero de 1994. El plazo pendiente de cumplimiento es de 10 años y ocho meses.

Explotación Magallanes. Conforme a lo solicitado por YPF SA, concesionaria del área de explotación «Cuenca Austral», se aprobó el contrato de Unión Transitoria de Empresas (UTE) suscripto entre la mencionada firma y Sociedad Nacional Petroleras SA; para la explotación del área Magallanes.

El 6 de noviembre de 1992 fue otorgada la concesión. Transcurrieron 18 años y cinco meses y quedan pendiente de cumplimiento 6 años y siete meses.

Explotación Lago Fuego. Fue concesionada a la empresa YPF SA, mediante ley nacional 24.145 del 6 de noviembre de 1992.

Transcurrieron 18 años y cinco meses. Quedan pendientes 6 años y siete meses.

El Sureño