Gobierno impulsa concesiones sin tomar en cuenta a comunidades indígenas.

Por Luis Ángel Saavedra.- Las decisiones que toma el presidente Rafael Correa en relación a los yacimientos de petróleo ubicados en territorio indígena demuestran cada vez más la poca voluntad del gobierno ecuatoriano para respetar los lineamientos constitucionales que protegen los derechos de los pueblos y de la naturaleza.

Las decisiones de Correa incluso han generado una agria polémica dentro del propio equipo de gobierno. Por un lado, funcionarios de los ministerios de Justicia y de Ambiente que adelantaban gestiones desde el año 2008 para cumplir con las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la protección de los pueblos tagaeri, taromenane y kichwa de Sarayaku, y funcionarios de la Presidencia y del Ministerio de Recursos No Renovables, que daban a conocer, a finales de junio, los nuevos planes de licitación petrolera, echando por tierra el trabajo adelantado por Justicia y Ambiente.

La medida cautelar a favor de los tagaeri y taromenane, emitida en el 2006,  es una de las varias medidas de protección que ha emitido la CIDH para proteger la vida y el territorio de los diversos pueblos indígenas ecuatorianos y que están en contradicción con la política extractivista del gobierno.

Además, las nuevas políticas de explotación petrolera contradicen medidas anteriores del propio presidente Correa, quien definió una política gubernamental de protección a los pueblos no contactados o en aislamiento voluntario al crear en el 2008 el Plan de Remediación Ambiental y Social y el Plan de Medidas Cautelares. Estos planes buscaban implementar las mejores alternativas para cumplir con lo acordado entre el gobierno y la CIDH, en especial en lo relacionado con el respeto a los territorios en donde se ha evidenciado presencia de  estos pueblos, exhortando a limitar la explotación de recursos petroleros y madereros.

Campo Armadillo

El gobierno decidió convocar a licitación, el pasado 19 de junio, el denominado “Campo Armadillo”, en la provincia amazónica de Orellana, que es catalogado como un “campo marginal”, es decir, cuya producción petrolera no es significativa y, aunque ayudará a la financiación del presupuesto nacional, no constituirá un ingreso de alto impacto financiero.

Sin embargo, sí posee otro valor estratégico, y es su cercanía al Parque Nacional Yasuní, donde se encuentra el campo Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT), que constituye la mayor reserva petrolera nacional y que ha sido motivo de la campaña internacional que busca compensaciones para no explotar el petróleo y conservar la alta biodiversidad de esta zona, declarada además como intangible.

El Campo Armadillo, al estar cercano al Parque Yasuní, podría servir como infraestructura básica para la explotación del ITT y facilitaría la conexión de los oleoductos necesarios para el transporte de crudo.

En el Campo Armadillo se han encontrado evidencias de asentamientos y tránsito de los pueblos amazónicos tagaeri y taromenane que aún permanecen en aislamiento voluntario. Sin embargo, Correa se ha mostrado escéptico sobre la responsabilidad del Estado para proteger a estos pueblos, e incluso ha hecho comentarios desafortunados sobre sus derechos, como los formulados en mayo del 2010, en una de sus cadenas radiales de los sábados.

“Quieren que no se explote Armadillo porque se vio cerca a grupos no contactados. Dios no quiera que veamos no contactados en Quito y tengamos que desalojar Quito”, dijo irónicamente el mandatario.

La convocatoria a licitación del Campo Armadillo constituye prácticamente una sentencia de muerte para los tagaeri y taromenane. En Ecuador no es novedad la desaparición de pueblos indígenas a causa de las actividades petroleras, pues ya en la década de los 80 desaparecieron los tetetes y sansahuaris, dos pueblos de la nororiental provincia de Sucumbíos, que sufrieron el embate de las actividades de la petrolera estadunidense Texaco.

Para prevenir la desaparición de los tagaeri y taromenane, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) decidió presentar el 29 de marzo pasado una demanda contra Correa por “genocidio”, aduciendo que su política extractivista provocará la muerte de los pueblos no contactados. La demanda presentada en un juzgado de la capital ecuatoriana fue desechada aduciendo que no había señales de que el gobierno esté interviniendo en el Campo Armadillo. Sin embargo, la convocatoria a la licitación actual de Armadillo actualiza esta demanda que ahora ya se encuentra en la CIDH, a la espera de un informe de admisibilidad.

Mientras tanto, el proyecto de compensación por dejar bajo tierra el petróleo del ITT ha encontrado más obstáculos que los esperados y las negociaciones con los países que habían mostrado su deseo de cooperar en la consolidación de una canasta de donantes parecen ir definitivamente al fracaso a consecuencia de la propia ambigüedad del gobierno en su política de defensa de los derechos de la naturaleza. Esto ha llevado al gobierno a pensar ya en la explotación de este campo, para lo cual ha adelantado la implementación de campamentos base y está negociando con autoridades locales la adhesión al proyecto. Por lo pronto, Correa anunció que, de no tener las compensaciones requeridas a fines del 2011, se podría iniciar la explotación de al menos una parte del campo ITT.

Sarayaku vuelve a la CIDH

La CIDH también ha emitido medidas de protección que benefician al pueblo kichwa de Sarayaku, de Pastaza, en la Amazonia sur del país, quienes se resistieron al ingreso de la petrolera argentina Compañía General de Combustibles (CGC).

En 1996, el Estado ecuatoriano concesionó territorios de Sarayaku a CGC. La empresa inició un proceso de prospección sísmica con la detonación de pentolita. Más de 1,500 kg de este explosivo aún no han podido ser desactivados porque ni el Estado ni la empresa han facilitado los recursos financieros para estas actividades.

La oposición de la comunidad Sarayaku y las medidas cautelares dictadas por la CIDH obligaron al Estado ecuatoriano, a mediados del 2007, a cancelar la concesión; sin embargo, el año pasado el gobierno redefinió los bloques petroleros y de nuevo incluyó territorios de este pueblo indígena para futuras convocatorias para explotación petrolera.

La decisión del gobierno reactivó la amenaza contra este pueblo, que nuevamente ha acudido ante la CIDH, la cual recibió a sus representantes el 6 de julio en audiencia general.

Los líderes indígenas relataron ante la CIDH cómo la lucha contra la petrolera impidió que entre el 2002 y 2006 pudieran cultivar y realizar sus festividades tradicionales, por haberse dedicado a vigilar que la CGS no siga con las actividades de prospección petrolera.

“Dejamos de cazar, dejamos de cultivar, dejamos de trabajar y pasamos hambre para proteger el territorio”, aseguró la líder indígena Patricia Gualinga.

Sin embargo, la parte más fuerte de la intervención de los indígenas de Sarayaku fue cuando su líder espiritual, Sabino Gualinga, de 90 años, aseguró que con las detonaciones de la pentolita realizadas por la CGC para la prospección símica murieron árboles sagrados y desapareció la mitad de los seres espirituales de la selva. “Pasamos mucha tristeza y desgracia. En la selva viven seres ancestrales, los amos de la selva, y es una calamidad que desaparezcan, porque aparecerán enfermedades”, afirmó Sabino Gualinga en su lengua natal, el kichwa.

Por su parte, el representante del gobierno nacional hizo una débil exposición de los avances realizados para proteger a Sarayaku y no pudo explicar la nueva política petrolera. La defensa del gobierno se basó en el testimonio de un indígena evangélico que afirmaba su complacencia por los adelantos dados por el gobierno y la necesidad del desarrollo.

Ahora la CIDH deberá decidir qué medidas se deben implementar para proteger a este pueblo indígena.

Noticias Aliadas