Un informe especial elaborado por el técnico José Chaile, presenta a la provincia en toda su debilidad para negociar con las empresas petroleras. Sin un organismo estatal que rija la actividad, sin legislación ambiental específica, sin normas sobre distribución de ingresos por hidrocarburos que fijen políticas, todo parece un catálogo de carencias del lado de los que deben pelear las mejores condiciones para bien del pueblo. Del otro lado, casi ni se rinde cuentas: los estudios anuales de impacto ambiental parecen un calco de períodos anteriores; el agua dulce se regala; los residuos se acumulan; no hay tributo para el consumo interno de nuestros hidrocarburos por parte de las empresas, cuando gastan más gas que toda la provincia en supuestas necesidades de exploración y explotación. La ley de límites de Tierra del Fuego no torció el desconocimiento de la jurisdicción que venía por inercia y se pierden millones de dólares por año, como gas de venteo.

Río Grande.- El informe especial elaborado por José Chaile plantea con toda su crudeza un verdadero catálogo de debilidades y carencias de la provincia al momento de negociar con las empresas petroleras, que podrían remediarse con legislación, decisiones políticas para crear un ente estatal especializado, entre otras alternativas que directamente ni se discuten desde la derogación de RENASA.

El trabajo de Chaile es disparado por la renegociación de contratos petroleros para extender las concesiones, pero es más abarcativo respecto de aspectos ambientales y tributarios que son desconocidos para el ciudadano común, y que con el tiempo sumaron beneficios a las corporaciones privadas, y restaron ingresos que deberían preservarse para el desarrollo de la población.

Chaile menciona las tres empresas inscriptas en el Registro Provincial de Renegociaciones de Áreas Hidrocarburíferas: APACHE, TOTAL y ROCH, ya que se abstuvieron SIPETROL-YPF SA. Sobre este tema puntual indica que para renegociar los contratos petroleros “previamente se deben estudiar el desarrollo de los mismos desde sus inicios hasta la actualidad; antecedentes que están documentados o al menos deberían estarlo”, pero que hasta ahora no han podido ver ni siquiera los legisladores que lo requirieron.

“Nuestra provincia no tiene Legislación propia que marque el rol del Estado en el manejo de los recursos no renovables y que rija las actividades hidrocarburíferas”, expresa, puesto que durante la gestión Ríos, y tras la derogación de RENASA en la transición de gobierno, solamente se incluyeron algunas herramientas dentro de la Ley de Presupuesto, a medida del convenio chino.

“La norma no hace referencia al destino y distribución de los fondos provenientes de la renegociación de concesiones hidrocarburíferas, reparto de ingresos, método de seguimiento de las inversiones, de la extensión de los plazos de los contratos a celebrarse, la creación de una comisión parlamentaria de seguimiento y creación de un fondo fiduciario; para destinar los recursos generados a obras específicas de desarrollo económico y social”, sostiene en cuanto a herramientas que podrían estar al alcance, de existir voluntad de legislar.

Observa que tampoco la provincia tiene “una legislación ambiental específica referida a la exploración, explotación y transformación de los recursos hidrocarburíferos”, ni se ha “reglamentado la existente en función de las necesidades de las actividades involucradas”.

Tal legislación específica debería contemplar “el control de las aguas fiscales de superficie y de profundidad; el control de las aguas de formación, inyección a pozos sumideros, aventamiento de gases, control de las emisiones de dióxido de carbono y gases nocivos y tratamiento de material explosivo y radioactivo usados en las tareas de exploración y explotación”, apunta.

Como tercer gran carencia, marca la falta de “una Empresa Provincial que se involucre en mejorar la renta petrolera, más allá de las regalías; como el resto de las provincias productoras”.

Comparando otras jurisdicciones que sí han creado estos organismos, ya sea mixtos o estatales, indica que esto le permitiría “asociarse después de la etapa exploratoria a la empresa adjudicataria de la concesión”.

“Hubo un simulacro de creación de una Empresa Estatal, la discusión se dio acerca de si debería ser Sociedad del Estado o Anónima; se promulgó una ley para la creación de una empresa anónima RENASA, se formó hasta el Directorio, pero luego se derogó”, recuerda en el informe.

Por otra parte, señala la ausencia de la participación ciudadana en estas decisiones sobre sus recursos naturales, que son “un bien social y debería ser la sociedad que a través de un plebiscito, dé su conformidad para actuar en consecuencia. No aceptar la voluntad popular que se ha manifestado, en varias oportunidades y con distintos gobiernos, en defensa de los recursos naturales, tales como los proyectos Lenga Fueguina, Enarsa y Convenio Chino, es desconocer la realidad y capacidad de la ciudadanía por y para la cual se está gobernando”.

En manos ajenas, y descuidado

Chaile asegura que nuestro país “es el único en América Latina que tiene bajo el régimen de concesión sus áreas hidrocarburíferas”, y destaca la decisión de Chubut y Santa Cruz, que renegociaron parte de sus áreas, de pasar las concesiones a un “contrato de operación con la Empresa Provincial” cuando venza el plazo renegociado, ya que Chubut cuenta con Petrominera y Santa Cruz con Fomicruz.

Para el especialista es “un intento de que las reservas pasen a dominio de las provincias y no sumen una renta petrolera más para los concesionarios; quienes las cotizan en las distintas bolsas del mundo como dueñas del recurso”.

Con respecto al cuidado del recurso, hace mención a un proyecto presentado en 1966 por Repsol-YPF en el Instituto Argentino del Petróleo y Gas, donde hablaban de la necesidad de implementar un plan de mantenimiento de presión del reservorio, con la finalidad de obtener una correcta y racional explotación de los yacimientos.

“El plan no fue implementado y hoy tienen el mayor yacimiento gasífero descubierto en nuestro país por la Ex YPF Sociedad del Estado, sobreexplotado, despresurizado y con una gran cantidad de líquido condensado en el fondo, de muy difícil recuperación”.

Deudas sin reclamar

En cuanto al pago de regalías mal liquidadas, que forma parte de los reclamos no realizados y en revisión del subsecretario de ingresos públicos Christian Durrieu, es calificada como “una situación de extrema gravedad, judicializada de oficio, que debería inhabilitar temporalmente a los funcionarios políticos hasta que se expida la Justicia, como así también a las empresas involucradas, de participar en la renegociación de los contratos”.

Para Chaile, y para la ley, el pago de deudas es “una de las condiciones que deben cumplir, fijada por la legislación que diera origen a estas concesiones (Ley 17.319, de Hidrocarburos)”.

Además opina que “no podrían funcionarios que han intervenido en el convenio chino I y II, cuestionados por los entes de contralor y por gran parte de la población, ser quienes participen en la renegociación de los plazos de las concesiones”.

Por otra parte, desliza sospechas sobre la licitación del área CA 12-A, que se abrió en octubre pasado, con tres oferentes, de los cuales se retiró el de mayor oferta, sin demasiadas explicaciones de los funcionarios. “Seis empresas compraron el pliego licitatorio y sólo tres realizaron oferta, una fue YPF por U$S 17.200.000; la otra Apache por U$S 17.320.00; la tercera fue Roch por U$S 59.320.000”.

Chaile pone el foco en esta última, con un monto tres veces mayor y dice que “se puede dar el caso que se ha obtenido información adicional por sísmica realizada ante del llamado a Licitación, ser ignorantes en el tema y/o haber recibido colaboración de terceros. Llama la atención que Total Austral no haya ofertado, justificando el Secretario de Hidrocarburos por las Obras que realizaran off shore en el Área Vega-Pléyade que la Provincia comparte con la Nación, cuando para nada tiene que ver una inversión y la otra”.

Observa también que “YPF ofertó un valor tres veces inferior siendo una de las empresas que mayor información tiene del área, por ser quienes en la época de la exploración y perforación de los pozos exploratorios ejerció el poder de policía y auditor”. Un tema sin cerrar todavía, dado que la Provincia estaría pidiendo que mejore la oferta, para proceder a la adjudicación, ya que es la única que quedó en carrera.

Sobre la judicialización por la polémica vinculada con deudas sin reclamar, Chaile advierte que se dio “un paso importante” con la actuación de oficio, pero que también es “lento su accionar porque sólo requiere de un perito contable para corroborar lo que está plasmado en la documentación oficial, tanto de las empresas concesionarias como lo existente en la Secretaría de Hidrocarburos”.

Menos impuestos, más límites sin respetar

Otro tema que aborda el técnico tiene relación con la reducción de cargas tributarias a las empresas, y la falta de reclamo de regalías por explotaciones dentro de los límites de la provincia, aun cuando se sancionó la ley que los fija claramente.

A partir de esta ley sostiene que deja de tener efecto el fallo de la Corte Suprema de la Nación que favoreció a Total Austral con la eximición fuera de la franja de tres millas marinas.

“Por la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las empresas concesionarias sólo pagan Impuestos Provinciales hasta las tres millas marinas; concretamente no pagan por el Lote Hidra ubicado a 12,8 km de la costa de la provincia. Ahora, fijados los límites, se debería reclamar el pago de los impuestos provinciales por tareas desarrolladas dentro de las 12 millas marítimas jurisdicción de la provincia; no sólo por la extracción de hidrocarburos sino por todas las actividades, tales como cargamento de crudo, trabajos de mantenimiento y/o reparaciones de instalaciones de cargamento, plataformas, perforación, terminación y reparación de pozos; trabajo de apoyo marítimo y aéreo y otros prestados por terceros”, enumera Chaile.

Al margen de esta situación, se fueron reajustando otras deducciones, como los gastos de tratamiento del petróleo crudo, que del 3% del precio de venta pasaron al 0%; el uso de boya que se redujo más de la mitad; la rebaja en almacenaje, entre otras que suman millones de dólares por año de diferencia.

Consumo interno gratis y superior al provincial

Mención aparte merece el consumo interno de gas y petróleo por parte de las empresas, para su funcionamiento, que no está gravado y sobre el que no se pagan regalías, pero superaría el consumo de toda la provincia si hablamos de gas.

La ley 17.319 en su Artículo 63, dice que no serán gravados con regalías los hidrocarburos usados por el concesionario o permisionario en las necesidades de las explotaciones y exploraciones; entre ellas, la remoción de impurezas de los hidrocarburos que se extraen para su transporte y posterior distribución. La compresión de gas en varias etapas forma parte de estos procesos y requiere del consumo de gas natural, “a un costo cero para los concesionarios, incluida la energía necesaria consumida por los equipos”, hasta aquella que se emplea para exportar el recurso a Chile.

“La legislación contempla que los consumos internos; pérdida por fuerza mayor y reinyección a yacimientos, se deducen de la producción total de gas natural, para obtener las producciones computables para el pago de regalías”, explica Chaile.

Pero lo que ocurre es que “los consumos denunciados por los concesionarios en los informes de producción, como consumos internos, superan el 7% de los volúmenes de producción total de gas natural, y son destinados a otras actividades no contempladas en la legislación: Procesos de licuefacción del LPG (combustible para aviones); generación de energía eléctrica; exportación de gas, petróleo y agua de formación; venta de gas combustible y energía eléctrica a subcontratistas; provisión de gas combustible a estancias”.

“Los consumos internos son denunciados por los concesionarios en forma mensual en las Balances de la Producción de Gas”, apunta Chaile, y asegura el consumo necesario es “perfectamente identificable y cuantificable”.

Para tener un orden de magnitud, indica que en el año 2.004 se denunciaron en el balance de la producción de cada empresa valores donde “el consumo interno era de 938.600 m3/día, superior al consumo promedio diario de toda la provincia”. Además sostiene que hubo empresas que declararon un consumo interno “mayor al 10% de las ventas de gas”.

Agua regalada

El agua dulce en la actividad hidrocarburífera se extrae de las napas freáticas mediante pozos perforados para tal fin, y nada de eso se cobra a las empresas.

De así desearlo, pueden captar agua de ríos y lagos, y es mucha la que requiere la actividad industrial.

“El uso de aguas fiscales en todo el mundo está reglamentado, pero en nuestra provincia está durmiendo en la Legislatura”, remarca el técnico.

El venteo de gas

Para Chaile el aventamiento de gas natural “constituye una práctica irracional, provocando el desaprovechamiento de recursos energéticos no renovables y dañando el medio ambiente”, por lo que considera que se debería “contabilizar todas las emisiones gaseosas a la atmósfera y adoptar medidas para la reducción de las mismas”.

“En el caso de nuestra provincia, el aventamiento de gas natural se produce en los sistemas de acondicionamiento, procesamiento, por razones operativas. Su cuantificación debería estar registrada como fija la normativa, para control de quien ejerce el control de policía, y reportada a la Autoridad de Aplicación; pero queda a criterio de concesionario su denuncia, porque no hay un control permanente ni los caudalímetros son considerados puntos fiscales de contralor”, dice sobre este tema.

La contaminación ambiental

En el informe, Chaile manifiesta que “existe una tendencia facilista de verificar y cuantificar la contaminación por hidrocarburos: en el caso del gas natural, cuánto se ventea; en el caso del petróleo, cuánto se derrama; y en las aguas de purgas arrojadas, si cumplen con la especificación en la cantidad de partes por millón de hidrocarburos que contiene”.

Tan facilista es la tendencia, que desliza hasta un “copia y pegue” de los informes. “Se deberían comparar los estudios de impactos ambientales presentados anualmente por las empresas y se podría verificar si son un calco de los anteriores, o no”, invita el técnico, y apunta que el control de contaminación ambiental es mucho más complejo. “En el caso del gas natural se debe verificar cómo se mitiga la contaminación de las cerámicas, tamices por la existencia mercurio; cómo se controla el dióxido de carbono producto de motores de combustión interna y/o turbinas de más de 30 años de uso y sustancias químicas inyectadas al petróleo; el suelo contaminado de hidrocarburos; los desechos de poliuretano expandido; entre otros”.

Finalmente, deja para analizar si correspondería incluir el reclamo de pago de servidumbre a los concesionarios. “Si bien hoy, por la Ley Corta, la Provincia es dueña de sus recursos hidrocarburíferos, con anterioridad eran recursos de la Nación y en consecuencia la Provincia era un tercero, quien debería cobrar servidumbres por el paso de gasoductos, oleoductos, acueductos, instalaciones en general ubicadas en terrenos fiscales de la provincia. Reclamos que se deberían verificar y comprobar si corresponden”, concluye Chaile.

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