PROHIBE DIVULGAR INFORMACIÓN, INCLUSO A LOS MEDIOS DE PRENSA

Fue dictada por la Secretaría de Hidrocarburos en enero de este año, pero se publicó en el Boletín Oficial en agosto. Obliga a los negociadores estatales y privados a suscribir un convenio de confidencialidad. Con ello, queda prohibido dar a conocer datos de las tratativas por cinco años bajo pena de enfrentar un juicio por daños y perjuicios. Encuentro Popular denunció que se trata de un acto “irritante y lesivo para el control público”.

La resolución de la Secretaría de Hidrocarburos de la Provincia que volvió secretas las negociaciones entre el Estado y las empresas petroleras interesadas en renegociar sus contratos de explotación ya genera polémica en ámbitos legislativos y sectores de la oposición.

La medida dictada el 6 de enero de este año, pero publicada en el Boletín Oficial recién el 17 de agosto (siete meses más tarde) obliga a los negociadores estatales y privados a firmar “un convenio de confidencialidad” que los compromete por cinco años a no divulgar el contenido de las tratativas a “ninguna persona no autorizada”, incluyendo “los medios de comunicación”, bajo riesgo de ser demandados por “daños y perjuicios”.

Tal como informó la semana pasada EDFM, la Legislatura aprobó por mayoría el pasado jueves una resolución del legislador de Encuentro Popular Manuel Raimbault, que insta al Poder Ejecutivo a declarar la “nulidad” de la normativa por “razones de ilegitimidad”.

El único parlamentario que votó en contra del pedido fue el oficialista Fabio Marinello, quien ese mismo día votó a favor del salariazo para la clase política.

El secretario de Hidrocarburos, Eduardo D’Andrea, no realizó declaraciones sobre el tema y sólo habló en Río Grande el subsecretario del área Daniel Blázquez, pero sólo para indicar que las negociaciones van por buen curso y que se encontrarían cerca de una etapa de definición.

En tanto, el bloque de legisladores de EP solicitó al organismo dirigido por D´andrea “copia certificada de todos los expedientes en trámite sobre renegociación de contratos o concesiones petroleras”, bajo el amparo de la ley 653 de libre acceso a la información pública.

La primera solicitud fue realizada el 8 de agosto y respondida por las autoridades gubernamentales el 25 del mismo mes. Allí se expresó que “atento a que los expedientes cuentan con varios cuerpos, y documentación de costosa reproducción, y a fin de evitar un dispendio de recursos, se ponen a disposición (los documentos) para su compulsa e identificación” en las oficinas de la Secretaría en Río Grande, calle “Pedro Giachino 7050 de 9 a 17”.

El 29 de agosto, el legislador Raimbault insistió con el pedido a los fines de “ejercer cabalmente mi función”, y agregó que “en atención al interés público comprometido, no considero razonable que el dispendio de recursos que ocasionen las fotocopias solicitadas no se justifique”.

Silencio petróleo

La resolución que estableció la confidencialidad de las negociaciones con las empresas petroleras es la número 8 de este año, y allí se expresa, claramente, que será confidencial toda la “información que se maneje en el marco de la ronda de negociaciones” del proceso de prórroga de las concesiones hidrocarburíferas.

Además, “tanto los miembros” que representan al Estado fueguino en la comisión de negociación, “como cualquier otra persona que participe de las rondas de conversaciones con las empresas titulares de concesiones de explotación de hidrocarburos (…) deberán suscribir” un “convenio de confidencialidad”.

Es en ese convenio donde se establece que las partes deben mantener “en estricta reserva” sobre toda información a la que accedan, la que no podrán “divulgar (…) a personas no autorizadas para acceder a su conocimiento, incluidos los medios de comunicación, clientes, proveedores y otros individuos o entidades”.

También se determina que la persona que incumpla el acuerdo será “responsable de los daños y perjuicios que dicho incumplimiento genere o sea capaz de generar a las empresas hidrocarburíferas y a la provincia, sin perjuicio de las acciones que estas puedan deducir en sede civil como penal a efectos de lograr el cese de la conducta contraria al mismo”.

Y en uno de los puntos más llamativos del documento, se menciona que el acuerdo tendrá vigencia por “5 años contados a partir de la fecha en que se logre la aprobación legislativa del acuerdo final de renegociación”.

En tanto la “declaración dos” del convenio parece escrita a medida de las empresas, ya que señala que “los negociadores están de acuerdo en firmar el presente, a los fines de mantener salvaguardados los intereses de los posibles beneficiarios de las negociaciones de prórroga de concesiones de explotación de hidrocarburos y de la provincia”.

Según le dijo Raimbault a EDFM, la resolución resulta abiertamente violatoria del principio de “publicidad de los actos de gobierno” contemplado en la Constitución Provincial y Nacional, de la ley provincial de “libre acceso a la información pública” y de la procedimiento administrativo.

También dijo que constituye un acto “irritante y lesivo del control público” que pone en evidencia el grado de “impunidad” con que se pretende avanzar en la renegociación de las concesiones para “no tener que rendir cuentas”. Y objetó también que por esta resolución se cree un nuevo procedimiento administrativo basado en la “oralidad” y no en el registro escrito, lo que impedirá a posteriori poder analizar el contenido de las negociaciones.

El Diario del Fin del Mundo