Por Fernando “Pino” Solanas.- ¿Por qué misterio los combustibles aumentaron más de un 100% en los últimos años, superando el precio del petróleo crudo, que llegó a su máximo histórico? Si se toma como base los precios en los surtidores de la ciudad de Buenos Aires -los más bajos del país- y comparamos los de mayo de este año con los de junio de 2007, los aumentos son del 138% para el gasoil; 155%, para la nafta súper, y 128%, para la premium. Hasta ese momento, los combustibles habían sufrido mínimas variaciones luego de “acomodarse” tras la devaluación de 2002: el valor del gasoil era un 4,37% superior al de diciembre de 2004; la nafta súper, un 4,75%, y la premium, apenas un 0,69%. Para defender a los consumidores, la regulación estatal mantenía los precios a pesar de que el petróleo nacional había subido un 41 por ciento.

La razón de los aumentos hay que rastrearla en junio de 2007, cuando comienza a negociarse la entrada de la empresa Petersen Energy, del grupo Eskenazi, como accionista minoritario de YPF SA. Gracias a su estrecha vinculación con Néstor Kirchner, los banqueros de Santa Cruz lograron comprar -con una mínima inversión en mano- el 15% de las acciones y asumir la gerencia de la empresa. La pregonada “argentinización” de YPF fue un grandísimo negocio privado que benefició a los amigos del Gobierno y a las petroleras que tienen refinerías: Repsol, Esso, Shell y Petrobras. A fines de mayo de 2006, el fantasma de la nacionalización del petróleo rondaba la región. A pocas semanas de que Evo Morales la proclamara en Bolivia, los Kirchner viajaron a Madrid para mantener su primera reunión con el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, y acordaron la transferencia. Repsol no podía vender sin la aprobación del gobierno argentino, según los derechos que le otorga ser poseedor de la acción de oro.

Los Eskenazi compraban el 15% de YPF con un crédito bancario de US$ 1000 millones y otro crédito de US$ 1000 millones a Repsol, más un adelanto de los dividendos 2006 -US$ 200 millones- que la petrolera les cedía. En contrapartida, el comprador le permitía a Repsol girar al exterior el 90% de las ganancias de YPF pagadas como dividendos. En abril de 2010, ya habían girado US$ 4816 millones desde que vendieron. En lugar de reinvertir en el país para reponer el crudo extraído, la renta de YPF le sirvió a Repsol para invertir en Brasil, Libia, Golfo de México. Las reservas de la empresa argentina cayeron un 15%; las de gas natural, un 32%, mientras que las utilidades crecieron un 42%. YPF se transformó en la vaca lechera de Repsol y por eso se decía que la ex YPF podía haber comprado Repsol.

La connivencia del Gobierno con los Eskenazi se ha mantenido en estos años. Cuando Shell aumentó los precios en agosto de 2010, la Secretaría de Comercio Interior le ordenó retraerlos a los vigentes al 31 de julio; cuando en diciembre YPF los subió un 5%, el Gobierno derogó la resolución que había tomado en agosto y todas las petroleras pudieron subir los precios. La farsa de la “argentinización” no es otra cosa que un millonario negocio a favor de los amigos del Gobierno y de las petroleras con refinerías: somos los que usamos combustibles quienes le estamos pagando a Eskenazi la compra de YPF.

La entrega del mercado de combustibles líquidos a las petroleras privadas comenzó con la desregulación de los hidrocarburos y la venta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. La política de Estado que la YPF de Enrique Mosconi había impuesto desde 1929 era la unificación de precios bajos e iguales en todas las provincias argentinas. La privatización terminó con una política que beneficiaba al consumidor y concluyó en un estrepitoso fracaso: lejos de multiplicar las reservas existentes, les permitió a las petroleras exportarlas sin obligación de reponerlas. La Argentina se autoabastecía con reservas de gas por 36 años y de crudo por 16. Hoy debe importarlo pagando diez veces más de lo que le cuesta producirlo y 17 veces más del precio que fija la reciente compra de GNL a Qatar. La millonaria operación firmada por Julio De Vido, realizada sin licitación, se extenderá por 20 años y su importe es de US$ 40.000 millones. El Ministerio de Planificación y Enarsa le niegan ver el contrato a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

Al desmantelarse los mecanismos de regulación estatal se permitió a las corporaciones manejar el precio de los combustibles y el mercado. La integración vertical de las petroleras -extracción, transporte, refinación y venta en sus propias estaciones- está prohibida en EE.UU., Brasil, Europa, para evitar la posición dominante y la defraudación fiscal. Sus prácticas monopólicas han llevado a la quiebra a más de 2500 estaciones de servicio, con la desaparición de 20.000 puestos de trabajo.

El proyecto de ley de comercialización de combustibles que impulsamos con la Federación de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio (Foesgra) espera su tratamiento en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Plantea la defensa de este importante sector de pymes, prohíbe a las destilerías vender en sus estaciones y fija un precio único de venta para todas.

Debemos frenar a quienes fuera y dentro del Gobierno nos hacen pagar los negocios privados de algunos vivos. Todos los países que en los años 90 privatizaron su petróleo lo recuperaron: el único que insiste en las políticas privatistas es la Argentina. Sin rescatar los hidrocarburos y sin crear una petrolera nacional con participación de las provincias -Yacimientos Petrolíferos Federales-, nuestro país seguirá perdiendo tiempo.

La Nación