A pesar que desde el gobierno de Fabiana Ríos se ha insistido una y otra vez que la “Cláusula de confidencialidad” en los contratos petroleros, es exclusivamente para cubrir la información patrimonial y financiera empresaria, pero que los acuerdos entre empresas y el gobierno seguirán siendo públicos, el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de TDF no está tan seguro y sospecha que “de algo no se quiere hablar” mientras hay equipos de perforación inactivos al lado del mar.

El 17 de agosto último el Boletín Oficial del gobierno de Tierra del Fuego publicó uan Resolución de la Secretaría de Hidrocarburos donde se obliga a las partes que negocien contratos petroleros a suscribir un contrato de confidencialidad con el fin de impedir el conocimiento público de las condiciones en las que se desarrollan las negociaciones con las empresas petroleras. Esta información la publicamos el día 2 de septiembre y las repercusiones de esta acción de gobierno, comenzó a caer en cascada sobre la administración de la ex ARI, con diversos cuestionamientos, desde sectores de la oposición, periodísticos y empresarios. Ríos, tratando de evitar el efecto “bola de nieve” sacó a sus funcionarios a decir que no se trataba de ocultar los detalles de las negociaciones con las operadoras, sino resguardar datos privados de la situación patrimonial y financiera de las empresas. Inmediatamente dijo que los contratos estarán “disponibles” para quien lo solicite, hecho que oportunamente mereció serias críticas del diputado Manuel Raimbault quien acusó al gobierno de coartar el libre acceso a la información pública.

Esta explicación de la Gobernadora no convenció a muchos o al menos, convenció a pocos y uno de los que no cree en el secreto de las contrataciones es el Secretario de prensa del sindicato de petroleros privados, René Vergara, quien consultado sobre esta particular forma de presentar los negocios públicos del estado provincial con empresas privadas señaló “a las empresas siempre les conviene que todo se oculte, como cuando advertimos que la empresa no se iba a hacer cargo del área CA-12 y así ocurrió. Por este motivo nosotros estamos en contra de esta medida que restringe el conocimiento público de los negocios que hace el Estado con las petroleras”, remarcó.

El punto de discusión con el gobierno, por parte del sindicato, es que mientras la Secretaría de Hidrocarburos se preocupa por silenciar los acuerdos, hay equipos de perforación que se encuentran herrumbrados cerca de la costa. En este mismo sentido desde el sindicato se quejan porque la última reunión entre el gobierno, las empresas y el sindicato data de febrero del 2011 y no observan que desde Hidrocarburos se le exija a las petroleras una mayor inversión, como las comprometidas oportunamente.

La premisa de la dirigencia sindical es que si el gobierno y las empresas convienen de común acuerdo recurrir al secreto como forma de preservar lo que se dice, hace y acuerda, es porque algo se está ocultando.

OPI