El Juzgado Civil y Comercial de 3º Nominación de la provincia de Santiago del Estero, a cargo de Federico Argibay Berdaguer, ordenó el desalojo de una familia indígena perteneciente al Ayllu Tulún Tulún (departamento Atamisqui) del Pueblo Diaguita Cacano.

Adolfo Orellana y su familia han recibido la orden judicial de desalojar el territorio que centenariamente habita junto a su comunidad en un plazo de cinco días hábiles, hasta el viernes 14 de octubre. La medida surge a raíz de una “acción de reivindicación” iniciada por Nélida Graciela Chazarreta con el patrocinio del abogado Mario Roberto Feijoo.

La orden de desalojo no respeta la vigencia de la Ley 26.160 que en su art. 2 ordena se suspenda por el plazo de la emergencia declarada (hasta el año 2013) “… la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el art. 1”. Por otra parte, la comunidad indígena Ayllu Tulún Tulún, a la que la familia Orellana pertenece, se halla dentro del listado de comunidades alcanzadas por el Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral a realizarse en la provincia. Con este propósito, el gobierno de la provincia, a través del Ministro de Salud y Desarrollo Social, Dr. Martinez, firmó un Convenio con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas para ejecutar el citado Relevamiento de comunidades indígenas.

Esta misma comunidad sufrió en el mes de junio el remate de parte de su territorio ordenado por otro juez, Pedro José Basbús (Civil y Comercial de 5º Nominación) a solicitud del Fisco de la Provincia por incumplimiento impositivo de Julio Abdala, comisionado municipal de Medellín quien figuraba como titular en el Registro de la Propiedad.

El Ayllu Tulún Tulún junto a las demás comunidades del Pueblo Diaguita Cacano se hallan defendiendo El Alto, único cordón de bosque nativo, para evitar su destrucción en manos de inversores vinculados a los agronegocios. Como consecuencia de la lucha de las comunidades la provincia categorizó al Alto como Rojo (categoría I), sin embargo, ni los empresarios inversores, ni la Dirección Provincial de Bosques, ni la justicia provincial parecen estar dispuestas a respetar las leyes.

Consejo de Comunicación de la Atuchajpa Sujllayas de la

Unión Solidaria de Comunidades (USC) del Pueblo Diaguita Cacano