Centinelas de ecosistema del Chaco boliviano fiscalizan actividades hidrocarburíferas.

Por Ricardo Herrera Farell.- Admiten que no ha sido fácil, pero pese a los contratiempos los guaraníes del Chaco boliviano, que abarca los departamentos de Santa Cruz, en el oriente, Tarija, en el sur y Chuquisaca, en el sureste,  han logrado consolidar la primera red de monitores socioambientales indígenas del país, que les ha permitido fiscalizar las actividades hidrocarburiferas que desarrollan algunas empresas en su territorio, exigirles que cumplan las normas ambientales y, sobre todo, que no se atropellen sus derechos sobre esas tierras heredadas de sus ancestros.

Los monitores socioambientales empezaron a trabajar en el 2007.  Actualmente son 55. Fueron y siguen siendo designados por las comunidades indígenas campesinas que forman parte de las 26 capitanías —instancias en las que tradicionalmente se organizan las más de 300 comunidades guaraníes en el Chaco boliviano—  y que están representadas en la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG). Los monitores tienen como misión evaluar y hacer seguimiento permanente del estado de la flora, la fauna, los recursos hídricos, el suelo y el aire de los lugares donde se está desarrollando una actividad petrolera. Se han transformado en verdaderos centinelas de la protección del ecosistema chaqueño.

Desde hace más de una década, la APG buscó los mecanismos que le permitieran vigilar los proyectos de estudios sísmicos, tendido de gasoductos, exploración y perforación de hidrocarburos; actividades frecuentes en dicha región. Con ese fin, la APG creó en abril del 2004 la Unidad Técnica Socioambiental que se encargaba de monitorear las actividades de las petroleras.

“Sin embargo, todas las denuncias y reclamos que hicimos a las entidades del gobierno caían en saco roto, porque no existía una normativa que nos apoye”, cuenta a Noticias Aliadas Nelson Bartolo Camargo, responsable de Recursos Naturales y de Medio Ambiente de la APG.

Con la aprobación en el 2005 de la Ley de Hidrocarburos parecía que eso iba a cambiar, porque en el artículo 131estableció la creación de dos comités de monitoreo socioambiental, uno local y otro nacional, con representantes de instituciones, autoridades y de los mismos indígenas que estarían a cargo del seguimiento y análisis de los informes sobre impacto ambiental de la actividad petrolera. A ello se le sumó dos años después el Decreto Supremo 29103 con el que se reglamentó el Monitoreo Socioambiental de Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (MSIOCC) en actividades hidrocarburíferas.

“Se formó el comité nacional, pero al final no funcionó. Nadie le dio importancia al decreto, pero a nosotros nos sirvió de base para establecer convenios específicos entre la APG y las empresas para monitorear el trabajo que ellos hacen. Fue así que empezamos”, explica Bartolo, uno de los primeros monitores indígenas guaraní, cuya primera misión fue acompañar la construcción del gasoducto entre Río Grande y Yacuiba.

Control a fondo

Los monitores son capacitados durante 20 días por la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la APG.

Cada uno de ellos cuenta con una ficha para hacer inspecciones de campo donde no sólo se contemplan aspectos como el manejo que se esté haciendo del agua, de residuos, reciclaje de la basura y el estado general de las plantas petroleras, sino también para registrar datos acerca de la situación sociocultural y socioeconómica de los pobladores de esa región.

“Gracias a los monitores se han podido detectar problemas serios que muchas veces no fueron observados o no quisieron ser vistos por los que ejecutaban las obras”, comenta Bartolo. “En ocasiones también los monitores indígenas fueron discriminados por personal de las empresas que no veían con buenos ojos que se los controle”.

Testimonio de ello da Pedro Castillo, monitor socioambiental en el campamento petrolero Aquío de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que se encuentra en la región chaqueña del departamento de Santa Cruz.

“Al principio no les gustaba a los subcontratistas el trabajo de fiscalización que hacíamos, pero nosotros continuamos haciéndolo sabiendo que los trabajos se deben hacer en el estricto cumplimiento de las leyes”, afirma a Noticias Aliadas Castillo, quien hace dos años fue elegido para ocupar el cargo de monitor por la capitanía Iupaguazú del municipio de Lagunilla.

“El ser monitor me ha ayudado a comprender mejor la problemática del uso correcto que se debe hacer del medioambiente. Siempre hay problemas en el tema de derrames de hidrocarburos y otros productos en afluentes, tala innecesaria de árboles y apertura de sendas donde no se las debe hacer, porque las compañías tratan de minimizar los costos incluso sacrificando la naturaleza”, sostiene Castillo.

Capacitación

Un ejemplo del trabajo de los monitores socioambientales es el de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Charagua Norte, en Santa Cruz, donde en el 2008 se creó una red con 15 monitores indígenas provenientes de las comunidades de la zona que elaboraron informes identificando el impacto ambiental y sitios de mayor riesgo que significaría el proyecto de exploración sísmica de los campos petroleros Tacobo y Tajibo, por YPFB, que ya está en marcha.

“Ellos ya tienen experiencias respecto al cuidado y protección que requiere nuestro entorno natural y evita que con el cambio de autoridades en las comunidades se tomen otras decisiones de las ya acordadas, y es por eso que se los ha incorporado en la estructura organizativa de la APG Charagua Norte. Ahora queremos que por lo menos uno de ellos se capacite como técnico a nivel medio y superior en monitoreo socioambiental”, dice Ronald Gómez, líder de la TCO.

Aunque todavía no se ha podido concretar la formación de técnicos de nivel medio para los monitores del pueblo guaraní, sí se ha logrado un acuerdo entre la APG y la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz, el Ministerio de Hidrocarburos y el gobierno de Canadá para que 26 monitores representantes de cada una de las capitanías realicen un curso de seis meses y reciban el título de peritos en Monitoreo Socioambiental, Consulta y Participación Social.

El plan de estudios ha sido consensuado con la APG y desde el 4 de setiembre empezaron las clases en las instalaciones de la universidad en la localidad de Camiri.

“Ese es un primer paso que queremos dar, pero no descansaremos hasta lograr que haya monitores del pueblo guaraní a nivel técnico medio y superior para que sigan peleando por los derechos de nuestro pueblo”, asegura enfático Bartolo.

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