Por Nicolás Gadano (*).- La Argentina depende significativamente del petróleo y del gas, que explican gran parte del consumo de energía primaria del país. Esta dependencia, concentrada principalmente en el gas natural, supone que la disponibilidad de estos combustibles es crucial para nuestro abastecimiento energético.

La demanda de energía aumentó sin pausa, a la par del crecimiento económico. Los indicadores del lado de la oferta, sin embargo, son desalentadores: la producción petrolera ha caído sistemáticamente desde el pico de 1998 y acumula una contracción del 29% desde los 850.000 barriles diarios en ese año, a poco más de 600.000 barriles promedio durante el 2010, muy cerca de las necesidades internas de consumo. En el caso del gas natural, el año pasado cerró con 129 millones de metros cúbicos diarios producidos, un 10% por debajo del registro del 2004.

Los principales yacimientos argentinos en actividad son maduros, por lo que su decreciente productividad provoca costos fijos y variables de extracción cada vez más altos para obtener flujos de producción cada vez más bajos. En materia de exploración, la ausencia de grandes descubrimientos limitó la incorporación de nuevas reservas. Las de petróleo probadas llegaron a 500 millones de barriles a fines de los noventa y cayeron a cerca de 400 millones en el 2009. Las reservas de gas, que alcanzaron a un máximo de 778.000 millones de metros cúbicos en el 2000, se desplomaron a casi la mitad en apenas una década.

La existencia de precios de la energía afectados por retenciones, controles y regulaciones que los han sostenido muy por debajo de los precios internacionales agravó los problemas de oferta energética, al punto de que sufrimos en forma recurrente episodios de restricción del servicio en hogares y empresas. Los bajos precios impulsan el consumo y erosionan cualquier esfuerzo de ahorro energético y de mejora en la eficiencia en el uso de combustibles, tanto en la industria como en los hogares.

Para sostener los precios reducidos, el Tesoro nacional destina montos crecientes de subsidios ($ 26.000 millones en el 2010 y una proyección superior a los $ 40.000 millones para este año) a financiar, entre otros objetivos, la importación de combustibles para cerrar la brecha entre consumo y producción. La balanza comercial del sector ha registrado una dramática reversión: de un superávit de u$s 6.000 millones a mediados de la década pasada, pasó a un déficit que se proyecta en más de u$s 3.000 millones este año.

Además, la industria energética se desenvuelve en el contexto de una legislación desactualizada y dispersa, en muchos casos con contratos de concesión afectados por la crisis del 2001, cuya renegociación y adecuación no han sido plenamente completadas. Este débil marco de institucionalidad dificulta el proceso de inversiones en un sector que requiere de varios miles de millones de dólares por año para ampliar la infraestructura y así poder acompañar las necesidades del desarrollo del país.

Los desequilibrios existentes en el sector energético han provocado la reacción de las autoridades. En materia de ampliación y diversificación de la oferta, se retomó el programa nuclear, con la finalización de Atucha II y los estudios para una cuarta central. En cuanto a la oferta hidroeléctrica, se finalizó la represa Caracoles, en San Juan, se completó la elevación de cota de Yacyretá y están en marcha varios proyectos de represas financiadas con fondos nacionales. También se avanza en proyectos de generación térmica con combustibles alternativos al petróleo y al gas, y se promocionó el uso de nuevas fuentes renovables, como energía eólica y biocombustibles.

En lo que hace a los incentivos para el descubrimiento y desarrollo de nuevas reservas de petróleo y gas, se sancionó una ley con beneficios impositivos para los proyectos de exploración y se implementaron esquemas de diferenciación de capital nuevo y viejo a través de los programas Energía Plus, Gas Plus, Refino Plus y Petróleo Plus, todos orientados a atraer nuevas inversiones con precios superiores a los vigentes. Han despertado especial interés los proyectos asociados al desarrollo de reservas de petróleo y gas no convencional (especialmente el shale gas), ya que existen indicios de un enorme potencial productivo de las cuencas argentinas en relación con estos recursos.

Los precios finales del gas y la electricidad comenzaron a incrementarse, aunque en el caso de los consumidores residenciales estas subas alcanzan por ahora a segmentos muy reducidos de la población, con alta disparidad regional. Con proyectos como el Programa de Uso Racional de la Energía (PURE) se procuró fomentar el ahorro de energía, premiando el menor consumo con la excepción en la aplicación de los aumentos.

Pese a estas iniciativas, la Argentina corre el riesgo de haber caído en la trampa de la energía artificialmente barata. En el corto plazo, ésta beneficia no sólo a las familias (contentas con facturas de luz y gas reducidas), sino también a las empresas, favorecidas con la posibilidad de producir con costos por debajo de los estándares mundiales. Sin embargo, con el paso del tiempo la ficción de la energía barata sólo puede sostenerse con una sistemática descapitalización de las empresas energéticas y/o un flujo creciente de importaciones y subsidios, que terminan por hacer estallar las cuentas públicas y la balanza comercial. El fantasma de una crisis de abastecimiento se vuelve realidad, aparecen los cortes y, finalmente, los precios deben subir a niveles muy por encima de los originalmente previstos.

Las inversiones en energía requieren de plazos muy largos para completarse. Por ello, cuanto antes podamos establecer un conjunto de reglas consistentes, en el marco de un acuerdo social y político que les imprima un horizonte temporal estable, más rápido podremos maximizar la inversión y revertir los deteriorados indicadores energéticos.

Es en este contexto que proponemos las siguientes iniciativas para el próximo período presidencial:

1) Promover la sanción de una ley de hidrocarburos que consolide los nuevos roles de las provincias y el Estado nacional, defina la distribución de la renta petrolera y establezca reglas claras e incentivos para la actividad sectorial.

2) Crear la Agencia Federal de Energía, un órgano integrado por el Estado nacional y las provincias, para la aplicación de la legislación, la coordinación de políticas y la resolución de los conflictos interjurisdiccionales.

3) Mejorar el funcionamiento de los entes reguladores y jerarquizar sus recursos técnicos y profesionales.

4) Completar la revisión de los contratos de servicios concesionados al sector privado en la industria de la energía.

5) Poner en marcha un cronograma gradual de ordenamiento de los precios y tarifas de la energía.

6) Implementar un programa permanente de energía protegida para los sectores vulnerables de la población que les asegure el acceso a un umbral de consumo con precios subsidiados, en un marco que evite la ineficiencia, el derroche y el clientelismo.

7) Encomendar a la Secretaría de Energía la inmediata elaboración de un plan energético a 12 años, orientado a recuperar el autoabastecimiento y diversificar la matriz del sector, y a erigirse como marco para todos los actores públicos y privados del mismo.

8) Profundizar los esfuerzos para reducir el consumo de energía y crear conciencia en el cuidado del medioambiente a través de acciones coordinadas con otras dependencias del Estado (Educación, Infraestructura, Transporte, Industria).

El conjunto de propuestas presentadas puede parecer ambicioso y difícil de alcanzar. Sin embargo, la crítica situación del sector ha generado un amplio consenso en torno a gran parte de las reformas planteadas. La articulación política de la aprobación de estos proyectos en el Congreso resultará compleja. El diálogo deberá incluir al Estado nacional, las provincias (productoras y no productoras), las empresas locales y extranjeras, y los sindicatos, actores no siempre con intereses convergentes. Pero no estamos frente a un juego de suma cero, en el que lo que gana uno lo pierde otro. En este caso, de lograrse un acuerdo, existe un gran potencial de expansión sectorial, con importantes beneficios para todos los involucrados.

(*) Investigador asociado de Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) http://www.agenda-presidencial.org

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