CRIMINALIZACIÓN. Un dirigente indígena de Imbabura fue encarcelado el pasado martes, lo que provocó una nueva manifestación.

Los 204 casos de criminalización de la protesta social que se han producido en Ecuador, de acuerdo con información de la Defensoría del Pueblo y organizaciones sociales, fueron expuestos ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Humberto Cholango.

“Existen compañeros enjuiciados por sabotaje y terrorismo por resistirse a las concesiones petroleras y mineras que se están desarrollando o por exigir que se apruebe la Ley de Aguas”, enfatizó y recordó la detención de Marco Guatemal, dirigente de una organización social de Imbabura.

Tras escuchar la exposición de Cholango, José de Jesús Orozco, primer vicepresidente de la CIDH, pidió que se amplíe el tema para así, desde la Relatoría, hacer el seguimiento.

“Muchos de ellos son perseguidos, sometidos a procesos judiciales muy tortuosos, algunos han estado en la cárcel y otros se encuentran en la clandestinidad porque ya han sido sentenciados”, comentó Cholango, quien atribuyó el mencionado conflicto al Estado que “no cuenta con los mecanismos adecuados para dialogar o resolver la presencia de las empresas mineras, petroleras o transnacionales”.

Casos

El abogado de la Conaie, Mario Melo, explicó que uno de los casos “emblemáticos” de la criminalización de la protesta social en el país, es el de José Acacho, vicepresidente de la organización, quien el pasado febrero fue encarcelado “sin que exista un debido proceso”.

“Este líder shuar, por haber encabezado la resistencia de su pueblo a la minería ha sido perseguido, encarcelado, aunque gracias a un recurso de Hábeas Corpus recuperó su libertad”, precisó.

Además del caso de Acacho citó el de Guatemal, quien el pasado martes fue apresado por su participación en la manifestación que se realizó en Otavalo (Imbabura), en junio de 2010, en rechazo a la cumbre de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA) que se desarrollaba en el sector.

Asimismo, está el proceso en contra de siete indígenas de Nabón, en Azuay, quienes el 23 de marzo de 2008 protagonizaron un levantamiento popular en contra de la minería desarrollada por la compañía Explosor, por lo cual fueron sentenciados a ocho años de prisión por sabotaje y terrorismo.

Niegan prohibición de la protesta

La asambleísta Gina Godoy (PAIS), integrante de la Comisión de Justicia, manifestó que “jamás” se han restringido las protestas. “Lo que se cuestiona son actos de vandalismo, que afectan a bienes públicos, eso es lo que causa la detención de los actores”, indicó.

Asimismo, señaló que la postura de Cholango ante la CIDH es “coherente”, puesto que es parte de la oposición, aunque resaltó que el “Gobierno no persigue a quienes se oponen a las actividades mineras o a la explotación petrolera”.

Por su parte, Acacho expresó que un año después de haberse iniciado su proceso aún no se ha conformado un tribunal para juzgarlo, “Hemos trasladado estos casos a instancias  internacionales porque aquí los órganos del Estado han sido acaparados por el poder Ejecutivo y no hay autonomía”, comentó.

‘Se debe actuar con la razón’

En tanto, la directora ejecutiva de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), Elsi Monge, mencionó que acusar a personas que participan en protestas de sabotaje y terrorismo es “inaceptable”.

“No se puede acusar de esos delitos a alguien que esta defendiendo sus derechos (…). El Gobierno debería ser tolerante y escuchar a quienes no estén de acuerdo. No se debe actuar por la fuerza sino con la razón”, dijo.

El dato

Pepe Acacho dijo que el 10 de noviembre podría hacerse la audiencia de juzgamiento en contra de Marco Guatemal.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACION CONAIE