PROPONEN OTRA MIRADA JUDICIAL SOBRE LOS INDIGENAS

Un Encuentro de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas convocó a defensores oficiales, abogados y representantes de las comunidades para debatir sobre los conflictos territoriales.

Los defensores públicos llamaron a dejar de lado “la de-sidia” para con los pueblos originarios. “Salir del despacho e ir al territorio” fue una de las consignas de la apertura del Segundo Encuentro Latinoamericano de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Referentes aborígenes, abogados y especialistas de las ciencias sociales analizaron conflictos territoriales que afrontan las comunidades originarias, principalmente las vinculadas al acaparamiento de los recursos naturales por grandes empresas. Desde la Asociación de Abogadas y Abogados de Derechos Indígenas (AADI) llamaron a “ganarle espacio” al discurso jurídico hegemónico, que omite la normativa que respalda los reclamos aborígenes.

Organizado por la Defensoría General, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, el Observatorio Ciudadano de Chile y la AADI, el encuentro se centró en temáticas sobre el rol del Poder Judicial ante las demandas indígenas: criminalización de las luchas, judicialización de los conflictos, acceso a la tierra y acceso a la Justicia fueron algunos de los ejes tratados. El evento continuará hoy, y tendrá un cierre a cargo del escritor y periodista Osvaldo Bayer.

En la apertura, María Fernanda López Puleio, defensora oficial adjunta de la Defensoría General, instó a sus colegas “a no dar más margen al olvido y la desidia” de los indígenas. “Las comunidades no van a llegar a sus despachos, nosotros debemos ir al territorio”, reclamó. Guillermo Fanego, secretario del Cpacf, explicó por qué su entidad adhiere a este debate: “Desde Buenos Aires se pensaron las campañas contra los pueblos indígenas, y a eso hay que darle un giro, que necesariamente nos debe involucrar”.

“Buscamos ganarle espacio al actual discurso jurídico, por eso es muy simbólico estar acá (en el Colegio Público de Abogados)”, se presentó Silvina Ramírez, presidenta de la AADI. Asimismo, dejó asentado que la problemática “no es sólo jurídica sino que es eminentemente política”. En ese sentido, Ramírez repasó el panorama latinoamericano, de “tensión entre los Estados y los pueblos originarios”, en torno de los modelos de desarrollo económico, y llamó a reforzar el frente político, “si es que queremos en serio tener Estados plurinacionales”.

El panel sobre Acceso a la Tierra tuvo a la antropóloga Morita Carrasco como primera oradora, quien amplió la idea sembrada por Ramírez: “Los abogados interpretan el conflicto indígena como un problema de derecho, por ejemplo el de propiedad, y eso es cierto. Pero la decisión política es por lejos la mayor culpable” ante problemáticas irresueltas. Carrasco remarcó que los conflictos que llegan a una instancia judicial tienen como paso previo el accionar de “los gobiernos que deciden poner en manos del modelo sojero o minero los territorios indígenas”.

En esa línea, el periodista Darío Aranda apuntó que el actual modelo extractivo –soja, monocultivo de árboles, minería y otras formas de explotaciones hidrocarburíferas– “es violatorio de toda la legislación indígena”. Tanto a nivel nacional como internacional son varios los marcos que amparan la autodeterminación de los pueblos originarios sobre la forma de vida a desarrollar en sus territorios.

Los problemas de las comunidades en Argentina “tienen muchas similitudes” con lo de Chile, según Nancy Yáñez Funzalinda –codirectora del Observatorio Ciudadano–. La abogada enfocó sobre la industria forestal que, beneficiada por sucesivos gobiernos desde la dictadura hasta nuestros días, “asfixió el territorio mapuche”. Las organizaciones optaron por la acción directa para recuperar sus tierras, pero “encontraron represión y criminalización”, sostenidas por la Ley Antiterrorista (18.314). En todo ese entramado, remarcó, hubo “una complicidad histórica del sector judicial”.

En torno de la criminalización de las luchas indígenas, expuso el werken (vocero) de la Confederación Mapuche de Neuquén, Jorge Nahuel: “El Estado actual reprime el ejercicio de los derechos conquistados en las décadas pasadas”. Y advirtió que ante los recientes triunfos de gobernadores como Jorge Sapag o Gildo Insfrán, se avecina “un tiempo de mucha lucha”. El qarache qom Félix Díaz (La Primavera – Formosa) completó la idea y cerró el panel: “Hoy la violencia estatal hacia nosotros es algo común”.

Página/12