Representantes de comunidades de toda la geografía salteña llegaron ayer a esta capital para acercar sus denuncias al Relator Especial de la ONU sobre pueblos originarios, James Anaya, de visita en el país por invitación del Gobierno Argentino.

Los problemas en relación a la posesión y la titulación de la tierra, los desalojos, la continuidad de los desmontes, los conflictos con grandes empresas hidrocarburíferas, mineras y agropecuarias, se visibilizaron en el relato de los representantes indígenas, quienes resaltaron que no existe una política estatal de respeto por los derechos de los pueblos originarios.

La reunión se desarrolló en el anfiteatro G 400 de la Universidad Nacional de Salta. Se hizo un homenaje a la Pachamama, y luego Anaya habló: sobre la ONU, sobre la relatoría especial sobre los pueblos originarios, que depende del Consejo de Derechos Humanos.

Explicó que tras visitar distintos puntos del país (ya estuvo en el Sur y mañana estará en Jujuy) y recibir las denuncias elevará un informe al Gobierno Nacional. Ese informe contendrá recomendaciones sobre las acciones que esta Relatoría considera que el Estado Argentino debería llevar a cabo en relación a los pueblos indígenas.

Enseguida comenzaron a desgranarse las presentaciones de los representantes indígenas.

Unos 25 oradores, unos más locuaces, otros apenas balbuceando, fueron pasando frente al Relator y sus dos asesores, cada uno con sus historias y sus sufrimientos, siempre vinculados al territorio y a los conflictos que soportan por la presión de grandes empresas. “No tenemos nada de monte. De tierra, no queda para nosotros”, resumió Angel Garay, del pueblo wichí, habitante del paraje Corralito, en el departamento San Martín.

César Saracho, de Misión La Chirola, en Dragones, habló por los indígenas y por “nuestros hermanos campesinos”. Resaltó que ambos sufren los desalojos y las presiones y amenazas para abandonar sus tierras, y la explotación del territorio.

Algo parecido dijo Hilario Vera, cacique guaraní de Caraparí: “La violencia de (la falta de respeto por) los derechos humanos no solamente la padecen los pueblos originarios, sino también los criollos”.

Francisco Soria, también guaraní, reclamó acciones “urgentes” para evitar que sigan los desalojos de indígenas y criollos en la zona de Salvador Mazza y Embarcación.

Cristian López, de Misión La Loma, Aguaray, planteó el conflicto que en su comunidad tienen con las empresas petroleras, que realizan trabajos en su territorio sin pedir autorización. Dijo que las empresas hacen esto en complicidad con el Estado Provincial. También presentaron sus casos Bautista Frías y Roberto Sánchez, de las comunidades Zopota y El Traslado, que junto a El Escrito han quedado encerradas entre grandes fincas, sin posibilidades de cazar y recoger frutos, y casi sin caminos para poder transitar.

Hugo Jaimez, de la Organización Zonal Ruta 81 Rivadavia Banda Norte planteó que no se respeta el derecho de consulta previa que tienen las comunidades originarias cuando se van a realizar obras que las afectan. Este reclamo fue realizado también por Bernabé Aparicio, del pueblo wichí de Rivadavia Banda Norte.

También Lucio Zerpa, del pueblo Tastil de Rosario de Lerma, planteó la falta de consulta previa, en este caso en relación a un proyecto de entubamiento del río Toro, cuya naciente y recorrido está comprendido dentro del territorio ancestral que reivindica este pueblo.

Zerpa, igual que Esteban Vilca, denunció formalmente al Estado salteño por no reconocer “la preexistencia y existencia del pueblo Tastil”.

Nuevo Diario del Salta