Cada vez se complican más las obras en el norte provincial

Aborígenes de 14 comunidades recibieron la suma de $7.000 cada una en concepto de donación, como así también herramientas de trabajo, materiales y elementos varios para sus comunidades, que les fueron entregados por la empresa Víctor Contreras, que tiene a su cargo la ampliación del gasoducto del norte. Las donaciones se habían realizado con el objeto de que las comunidades originarias, ubicadas prácticamente sobre la misma traza en la que se realiza la ampliación, permitieran la realización de los trabajos.

Pero en General Mosconi, un grupo de aborígenes, liderados por Victorino Lorenzo y una ex monja católica que pertenecía a la iglesia de Mosconi, pero que actualmente reside en la misma comunidad, impiden la continuidad de las obras desde hace un mes.

Si bien el juez penal Nelson Aramayo ordenó a los 30 aborígenes, quienes mantienen la protesta y no permiten el movimiento de ninguna maquinaria del lugar, que cesen con la medida, Victorino y su gente siguieron con su postura y apelaron la decisión judicial.

La empresa, por su parte, suspendió a 37 operarios del gasoducto y varios contratos de locación de obras y servicios con compañías de la zona hasta tanto no se pueda continuar con la traza del tramo 74 B del gasoducto Campo Durán-Mosconi-Pichanal.

Se tensa la situación

La situación generó también malestar en las otras comunidades de General Ballivián, ya que dirigentes aborígenes de esa comunidad ya habían acordado con la empresa Contreras S.A. la incorporación de varios desocupados a los trabajos de tendido de gasoducto y algunas donaciones, que no pueden concretarse por la suspensión de los trabajos.

Al respecto, el cacique general del pueblo wichí, Indalecio Calermo, señaló a El Tribuno que “a aquellos que se beneficiaban con las comunidades aborígenes se les escapó la tortuga”. En una entrevista, el dirigente provincial y nacional consideró que “nunca más algunos criollos que lucraban gracias a los pueblos originarios, se beneficiarán con cuantiosas sumas de dinero”, en clara referencia a las tres personas criollas que están junto a los aborígenes en el gasoducto. Además, cuestionó duramente a la religiosa que hizo destituir al cacique de la Comunidad Wichi-Mataco de Mosconi.

¿Cuál es la situación actual del conflicto de la Comunidad Wichi de Mosconi, que mantiene paralizadas las obras del gasoducto del norte desde hace un mes?

Tenemos entendido que hay intervención de la Justicia, pero que un grupo de hermanos de esa comunidad no quieren retirarse del lugar. Lamentablemente, el hermano Victorino Lorenzo les lleva bebidas alcohólicas a sus propios paisanos, pero el responsable no es Victorino, sino Margarita Filippini y un empresario de apellido Fornari, que los incitan a la violencia y a desobedecer a la Justicia. Pero también a la ley del aborigen, por lo que los costos para Victorino y su gente serán muy altos.

¿Eso qué significa?

Significa que, incitados por estas personas que durante años cobraron no sabemos qué cantidad de dinero por permitir las servidumbres de paso y que nunca más se beneficiarán gracias a los aborígenes, me desconocen a mí como cacique general y que el cacique de esa comunidad no es Victorino sino Pedro Tolaba. La elección de caciques no es arbitraria, sino que está establecida en la ley del aborigen y son cargos vitalicios. Lamentablemente, se dejan usar por esta gente blanca. Reconocemos que en algunas oportunidades esta mujer Filippini hizo gestiones en bien de estas comunidades, pero ahora le está provocando mucho daño.

¿La empresa les pagó a las comunidades para que se les permita hacer los trabajos, quien cobró ese dinero?

En este caso particular la empresa Contreras S.A. pagó a 14 comunidades aborígenes por donde pasa el nuevo gasoducto y todos los caciques cobraron; por primera vez en décadas las comunidades aborígenes manejaron ese dinero para beneficio propio. Yo cobré a nombre de un grupo de cortadores de ladrillos que no tenían personería jurídica y les di el dinero, como corresponde. La empresa le entregó a cada comunidad $7.000. Por supuesto que ni Margarita Filippini ni el otro empresario Fornari cobraron un centavo, porque no les corresponde. Y esa es la única razón por la que incitan a los hermanos a hacer esa protesta. Yo digo que se les escapó la tortuga y no pudieron ver un peso. El pago del dinero se hizo mediante acta ante escribano y participaron los 14 caciques.

¿Qué les corresponde hacer a ustedes como autoridades aborígenes?

Junto con los verdaderos caciques wichis esta semana que comienza vamos a hacer una denuncia penal contra esta gente (Filippini y Fornari) y, además, le pedimos a la Justicia que investigue cuánto cobraron hasta ahora y desde cuándo lo vienen haciendo, invocando el nombre de los aborígenes. Hay abogados de Tartagal y de Salta que están en esta gran “prendida” y por eso no les importa que los hermanos de Ballivián y de Embarcación no puedan conseguir un puesto de trabajo por esta medida de protesta de Mosconi. Pero algo debe quedar claro: que nunca más alguien incitando a los aborígenes o invocando su nombre sacará beneficios económicos.

El Tribuno

Más información => Salta: Constructora invadió una comunidad wichi para construir un gasoducto